¿Cuántas veces ha oído la palabra desgobierno en el último año? Seguramente, demasiadas. Pero, ¿la formación de un Gobierno cambiará las cosas? Si hablamos de medio ambiente, me temo que no. La situación de desgobierno ambiental, haya o no Ejecutivo, no es algo nuevo ni entre gobernantes ni entre gobernados. No se trata de una afirmación atrevida, de esas que se usan para llamar la atención en redes sociales. Por desgracia, es la frustrante realidad que viven cada día quienes trabajan en su defensa, muchos dejándose la piel. Las grandes cuestiones ambientales, esas que definirán nuestro futuro como país e incluso como sociedad, se dejan para más adelante, para otro día, para otro equipo. Eso, en el mejor de los casos. Vivimos una situación de bloqueo casi permanente en la que llegar acuerdos resulta complejo, a veces incluso entre quienes hacemos frente común. Y el resultado es desolador: en estas doce legislaturas, apenas se han alcanzado acuerdos, siempre tibios y siempre de mínimos. Términos como biodiversidad, conservación o cambio climático –una cuestión que afecta de lleno a España, el país más vulnerable de Europa al calentamiento global– pasan de puntillas por los discursos o intervenciones de sus señorías y ahí se quedan, durmiendo el sueño de los justos en el Diario de Sesiones.
Además de frustrante, esta situación refleja un síntoma de déficit democrático y pérdida de derechos. Conviene recordar que la Carta Magna reconoce el derecho de todos los españoles a gozar de un medio ambiente de calidad. Una calidad con la que no contamos por ahora. Aunque resulte molesto admitirlo, el hecho de que –como sociedad– no seamos capaces de llegar a acuerdos en una cuestión como el medio ambiente no nos hace buenos demócratas.
En muchas ocasiones, la desidia es lacerante: el pasado viernes, 4 de noviembre, entró en vigor el Acuerdo de París, el paso más significativo –aunque insuficiente– de la comunidad internacional en la lucha contra el cambio climático. Y España, que puede convertirse en el desierto de Europa si no detenemos la subida del termómetro, no estuvo en la foto. Nuestro Parlamento no ha tenido la posibilidad de ratificar un documento vital que, como país, ya habíamos aprobado durante la cumbre celebrada el año pasado en la capital francesa. El proceso hubiera sido tan sencillo como trasladar los papeles hasta el Congreso y votar democráticamente, algo que podría haber ocurrido con un Gobierno en funciones. Era interés general y era perfectamente legal. Sin embargo, la cuestión parece haberse ventilado con un par de tuits y algún brindis al sol.
Mientras, cerraremos 2016 con otro nuevo récord de temperaturas –el año más cálido desde que se tienen registros– y sabiendo que la concentración de CO ya ha superado la línea roja de los 400 ppm. Cada día, perdemos millones de euros con la paulatina desaparición de la naturaleza que nos provee de servicios tan básicos como el agua que bebemos.
Los acuerdos en cuestiones ambientales no son un capricho. Son asuntos transversales que marcan la marcha de nuestra economía, apuntalan el futuro de las próximas generaciones, implican a nuestra salud y, que quede claro, generan de empleo de calidad. Van de lo global a lo local y pueden tener impacto en algo tan básico como nuestra rutina cotidiana. Estos días, la boina de contaminación se ha instalado sobre Madrid y, una vez más, surgen innecesarias polémicas que concitan mucha más atención que el gravísimo problema que implica respirar aire letal.
Al cabo, la pregunta es ¿tiene altura de miras un representante político del siglo XXI que obvia el medio ambiente? ¿Se puede hablar de visión de Estado cuando se relega a un papel segundón el futuro de las siguientes generaciones? A veces, las respuestas son obvias.
Es urgente recuperar el tiempo perdido y aprovechar la clara necesidad de consensos de esta legislatura. Este país necesita algo más que un Gobierno. Necesita un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas por la sostenibilidad y con ambición climática. Ese será nuestro mejor motor social y económico. Es incuestionable, en España no podemos permitirnos el lujo de arrinconar las políticas ambientales. De continuar así, lo pagaremos muy caro. Y no solo los ciudadanos… también nuestros principales sectores económicos.
Eso sí, como sociedad no podemos limitarnos a la crítica por la falta de consensos políticos. Casi todos, con mayor o menor definición, somos ciudadanos con visión de futuro y formamos parte de grupos, sectores o empresas que también miran hacia el horizonte. Puede que este nuevo –en realidad, no tan nuevo– Gobierno cambien formas o mensajes pero corremos el riesgo de que el desgobierno ambiental siga su camino, mirando hacia otro lado mientras alcanzamos puntos de no retorno. Por tanto, si no contamos con un liderazgo político claro en la defensa del medio ambiente, tendrá que ser la sociedad civil –dentro o fuera del parlamento–, quien lidere el más que urgente pacto social por un buen gobierno ambiental. También está en nuestra mano.
Sin una adecuada política ambiental, no tendremos un buen Gobierno.
ç
---------------------------------------------Asunción Ruiz es directora de SEO BirdLife.
¿Cuántas veces ha oído la palabra desgobierno en el último año? Seguramente, demasiadas. Pero, ¿la formación de un Gobierno cambiará las cosas? Si hablamos de medio ambiente, me temo que no. La situación de desgobierno ambiental, haya o no Ejecutivo, no es algo nuevo ni entre gobernantes ni entre gobernados. No se trata de una afirmación atrevida, de esas que se usan para llamar la atención en redes sociales. Por desgracia, es la frustrante realidad que viven cada día quienes trabajan en su defensa, muchos dejándose la piel. Las grandes cuestiones ambientales, esas que definirán nuestro futuro como país e incluso como sociedad, se dejan para más adelante, para otro día, para otro equipo. Eso, en el mejor de los casos. Vivimos una situación de bloqueo casi permanente en la que llegar acuerdos resulta complejo, a veces incluso entre quienes hacemos frente común. Y el resultado es desolador: en estas doce legislaturas, apenas se han alcanzado acuerdos, siempre tibios y siempre de mínimos. Términos como biodiversidad, conservación o cambio climático –una cuestión que afecta de lleno a España, el país más vulnerable de Europa al calentamiento global– pasan de puntillas por los discursos o intervenciones de sus señorías y ahí se quedan, durmiendo el sueño de los justos en el Diario de Sesiones.