El racismo en Estados Unidos, una enfermedad crónica Juan José Tamayo
Una dictadura muy peculiar
Repite estos días la presidenta de la Comunidad de Madrid que Pedro Sánchez nos ha colado una dictadura. Es un peculiar régimen totalitario ese al que se refiere Isabel Díaz Ayuso porque permite, desde hace casi dos semanas, concentraciones contra el gobierno para protestar —en ocasiones, de manera muy violenta— por sus pactos con los independentistas.
Dicen los manifestantes que acuden hasta la sede del PSOE que temen que España se rompa y que Sánchez dinamite la Constitución. Resulta cuanto menos paradójico que hayan decidido enarbolar la bandera de la libertad mientras que las que ellos portan son las preconstitucionales o mientras cantan el himno franquista, alaban al dictador y sueltan barbaridades machistas, racistas y lgtbifóbicas. En un inesperado giro de guion hemos oído incluso cómo insultaban a la monarquía.
Quieren "putodefender" a su país de una ley de amnistía que, dicen, acabará con la igualdad entre españoles. Curioso que lleven diez días protestando contra una norma cuyo contenido no conocimos hasta este lunes. Sería interesante también saber a cuántas manifestaciones para defender la sanidad o la educación públicas han ido. A cuántas para denunciar la brecha salarial o los asesinatos machistas. Porque hacer patria es precisamente eso, defender el Estado del bienestar, no cantar el Cara al sol.
Y ojo porque no se trata de cuestionar su derecho a manifestarse, siempre que lo hagan de manera pacífica. Pero que la clase política hable sin ningún pudor de dictadura resulta indecente teniendo en cuenta lo que vivió nuestro país hace menos de medio siglo.
Es solo un ejemplo más de cómo el PP ha traspasado las líneas rojas en su discurso, abonados desde hace ya algún tiempo -¿recuerdan el manifiesto de la Plaza de Colón?- al trumpismo y al lenguaje apocalíptico del que tanto alardea la ultraderecha. Pucherazo, gobierno ilegítimo, democracia en peligro, se rompe España, devolveremos golpe a golpe... No hay día que algún líder popular no mencione estas expresiones. Usar las palabras de este modo no es baladí: acabarán vaciándolas de contenido político y si algún día —esperemos que no sea así— hay que echar mano de ellas habrán perdido su significado.
¿Por qué le tienen miedo a las urnas?, preguntaba Alberto Nuñez Feijóo el pasado domingo. Como si no hubiéramos votado hace menos de cuatro meses. Como si durante este tiempo el líder popular no hubiera retorcido el argumento falso de que su partido debería gobernar porque fue el más votado. Como si fuese una obligación de la ciudadanía acudir a las urnas hasta que ellos obtengan el resultado que necesitan.
Obviar que hay una parte de la sociedad que rechaza la amnistía sería ponerse una venda en los ojos. Lo demuestran las multitudinarias manifestaciones —sin incidentes, por cierto— convocadas por la derecha en toda España el pasado domingo. Pero también los argumentos de ciertos sectores de la izquierda a los que la norma no acaba de convencer. Ahora que ya es pública, se podrá discutir tanto la ley como los vaivenes discursivos del Gobierno para su aprobación o su falta de pedagogía en las últimas semanas.
Lo que no tiene sentido es seguir alimentando el bulo de que rompe el marco constitucional cuando su potente argumentación jurídica dice lo contrario. Si hay algo que defiende a lo largo de sus 23 páginas, y en su extensa exposición de motivos, es que su objetivo no es otro que cerrar las heridas abiertas en Cataluña hace ya más de una década. Es, con toda seguridad, la medida más controvertida de toda la legislatura pero no por ello es menos democrática.
Tras el tsunami político será momento de someter la ley de amnistía a las Cortes y comprobar si aplaca el conflicto independentista. Qué si no es gobernar. Sin olvidar que el futuro Ejecutivo ha prometido medidas para mejorar el día a día de la ciudadanía
El Gobierno ha constituido una mayoría parlamentaria en el Congreso tras alcanzar acuerdos con otros seis grupos. Esa mayoría echará a andar en unas horas tras la investidura de la que, previsiblemente, saldrá un nuevo ejecutivo. Un gobierno legítimo que será el reflejo de la España plurinacional que votó en las urnas el pasado 23 de julio.
Tras meses de tsunami político, estamos a punto de regresar a la normalidad. Será el momento para someter la ley de amnistía a las Cortes y, una vez aprobada, comprobar si consigue aplacar el conflicto independentista catalán. Qué si no es la política. Pero no olvidemos que a partir de ahora también se abre un nuevo escenario. El de un gobierno progresista que promete impulsar medidas sociales como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad. Avances que servirán para mejorar el día a día de la ciudadanía.
Si es a esto a lo que llaman dictadura, resulta una dictadura bastante peculiar.
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