Análisis
Una ley de transparencia de mínimos y sin consenso
La ley de transparencia empieza a ver la luz al final del túnel; eso sí, con los mismos problemas que cuando comenzó su andadura ya que hasta la fecha las modificaciones que ha sufrido han sido meros cambios cosméticos que no mejoran los fallos estructurales que presenta el texto elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Después de un año y medio y mucho debate sobre la futura ley de transparencia, la situación sigue siendo exactamente la misma, los partidos políticos defienden dos tipos de sistemas de transparencia para España:
- Un modelo de transparencia moderado, limitando el alcance de sus propuestas de ley a la transparencia administrativa y que excluye mucha información del alcance de la ley.
- Un modelo que tenga como base el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, regidor de la actividad pública en todas sus manifestaciones.
Este último modelo es el que defiende la sociedad civil, encabezada por la Coalición Pro Acceso que define en 10 principios lo que una ley de transparencia debe incluir; principios que el proyecto de ley que conocemos no cumple. Además de la sociedad civil, organizaciones como la OSCE o la consulta pública realizada sobre esta ley destacan las mismas deficiencias.
Entre los problemas que tiene este texto vamos a destacar cinco que la convierten en una ley totalmente insuficiente:
- No reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Los tribunales internacionales de derechos humanos han reconocido que este derecho es parte inherente a la libertad de expresión y que por lo tanto debe ser reconocido como un derecho fundamental.
- La ley de transparencia no incluye a todas las instituciones públicas: deja fuera a todo lo que no esté sujeto a derecho administrativo, es decir que la actividad y la toma de decisiones de organismos como entre otros el Congreso, el Poder judicial, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial quedan excluidos.
- La definición de información no es aceptable: Esta ley excluye mucha información, el artículo 15 excluye tipos de información, en concreto la información auxiliar (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o entidades administrativas), imprescindibles para entender por qué se toman las decisiones. Además la disposición adicional primera establece que esta ley tiene un carácter supletorio para aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.
- La ley de transparencia propone el silencio administrativo negativo; es decir, que si el organismo consultado no contesta, se entiende que se deniega la solicitud. Uno de los principios básicos del derecho de acceso a la información es que las denegaciones deben ser motivadas y el silencio negativo viola de base este principio. Además, en España una media de 50% de las solicitudes de información acaban en silencio administrativo. Por esta razón, optar por un silencio administrativo negativo será un gran obstáculo para implementar un buen sistema de transparencia en España.
- El organismo de supervisión que propone la ley de transparencia no es independiente: Este organismo va a depender del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, esto hace que este organismo sea juez y parte a la hora de decidir sobre un conflicto.
Lo interesante de las dos visiones que existen sobre el sistema de transparencia que se quiere implantar en España es que son los partidos con más apoyo (a nivel nacional y autonómico: PP, PSOE, CIU y PNV), y los que más poder ostentan y han ostentado, los que defienden un sistema de transparencia más limitado, con muchas excepciones y sin reconocer el carácter fundamental del derecho de acceso a la información.
El resto de partidos coinciden en pedir el reconocimiento de este derecho como un derecho fundamental, aplicable a todas las instituciones públicas, sin excluir ningún tipo de información y con un organismo de revisión independiente.
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Este jueves se debatirán en pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad a la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Todos los partidos a excepción del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han presentado una enmienda a la totalidad a esta ley que además de no contar con el apoyo de la sociedad civil, tampoco cuenta con un consenso político (puedes ver el resumen de las enmiendas a la totalidad aquí).
En una situación tan dura como la que atraviesa España hacen faltan cambios en nuestras estructuras democráticas para que volvamos a recuperar la confianza en nuestras instituciones y para que entre todos busquemos soluciones a problemas comunes. Una ley de transparencia fuerte y transversal, no como la que se nos presenta, permitiría justamente hacer a nuestras instituciones más eficientes y permitir la participación entre ciudadanos más informados. Estamos atentos a la opción que elijan nuestros representantes mañana en el Congreso.
Victoria Anderica es directora de campañas de Access Info Europe
