Gracias a la aplicación del Principio de Jurisdicción Universal Adolfo Scilingo fue condenado y otros se enfrentaron la misma suerte: Jiang Zemin por los casos Falun Gong y Tíbet, el primer ministro del actual gobierno Israelí, Benjamin Netanyahu, por el caso Flotilla de la Libertad, miembros del ejército estadounidense a causa de la muerte del periodista José Couso.
Pero aquí se produce un cambio que sobreviene cuando la Jurisdicción Universal deja de ser un instrumento aplicado por los países centrales para juzgar a los periféricos. En definitiva, cuando los intereses de las grandes potencias se ven afectados, sobre este sistema de protección de los Derechos Humanos pende la amenaza y la Justicia Universal corre el riesgo de desaparecer.
Detrás de la foto de los políticos españoles en Beijing, los cables a la Embajada estadounidense en Madrid y las críticas israelíes, se cocina con el rodillo parlamentario la Ley Orgánica 1/2014. Con esta norma, la Jurisdicción Universal resulta finalmente fusilada. Como en otras cuestiones de Derechos Humanos, España involuciona varias décadas pasando de ser un referente a convertirse en una vergüenza; de procesar a las dictaduras extranjeras a contemplar cómo los tribunales extranjeros juzgan a la nuestra.
Tras dicha Ley Orgánica, ahora se requiere que o bien el autor o bien la víctima, sean españoles, como si aquellos crímenes en su día considerados tan odiosos por la humanidad, ya no lo fueran tanto. Y se cierra la norma con una Disposición Transitoria digna de los regímenes dictatoriales a los que ahora se protege, dando órdenes a los tribunales de cerrar todos los casos abiertos bajo el paraguas de la Jurisdicción Universal para, ya después, comprobar si cumplen los nuevos requisitos.
Desgraciadamente, esta tendencia no es exclusiva de España. Tras la amenaza a Bélgica con el cierre de la base de la OTAN en Bruselas, este país cercenó la aplicación del Principio. Y Francia hizo lo propio.
La esperanza se centra en que la inercia no se ve libre de resistencias. En España, las organizaciones de la sociedad civil hacen oír su voz contra la Ley Orgánica, y los jueces-magistrados de los Juzgados de lo Penal de la Audiencia Nacional buscan en la letra legal el aire que permita seguir respirando a estas causas abiertas por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Mientras desde Europa se abandona la lucha contra la impunidad, otros Estados deciden continuar con ella. Desde África, con el impulso en Senegal por juzgar al ex dictador del Chad Hissène Habré por su responsabilidad en las tres persecuciones étnicas que tuvieron lugar en la región; y en América Latina, con algo tan cercano como el proceso contra los crímenes del Franquismo, devolviendo la dignidad a miles de víctimas.
El Principio de Jurisdicción Universal se enfrenta a dos retos: jurídicamente, el de su mejora continua para una aplicación más efectiva y su consolidación en los instrumentos internacionales; políticamente, el de su supervivencia ante el envite de los intereses económicos y políticos. Mientras el sol sale en otros puntos del globo, aquí víctimas, sociedad civil y profesionales del Derecho luchamos por que su luz no se apague.
Gracias a la aplicación del Principio de Jurisdicción Universal Adolfo Scilingo fue condenado y otros se enfrentaron la misma suerte: Jiang Zemin por los casos Falun Gong y Tíbet, el primer ministro del actual gobierno Israelí, Benjamin Netanyahu, por el caso Flotilla de la Libertad, miembros del ejército estadounidense a causa de la muerte del periodista José Couso.