“Si hubieran aparecido por aquí los de Vox, a ver qué hacemos”. Quien habla es un sindicalista de una empresa de autobuses del norte de España. Este pasado lunes, 80000 trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera estaban llamados a la huelga, una que fue un éxito indiscutible, tanto por su seguimiento como por la asistencia a los piquetes. Reclamaban, entre otros aspectos, un adelanto de la edad de jubilación: "No se puede tener a una persona de 67 años conduciendo un autobús".
La huelga estaba convocada contra su patronal, a la que exigen consensuar un documento de peligrosidad laboral, para de esta forma exigir al Gobierno un coeficiente de reducción para la jubilación. A pesar de la importancia del conflicto, por su carácter de servicio público, este sindicalista se preguntaba: "¿Alguien tiene que decir algo en la izquierda? Hay un cortocircuito en su relación con la calle". De ahí su miedo a que Vox intentara rentabilizar la jornada.
A diferencia de Francia, los ultras nacionales no han tenido fortuna en su intento de acercarse al movimiento obrero. La puesta en marcha hace unos años de un sindicato amarillo bajo su tutela ha resultado un fracaso. Si para crear un partido político es esencial el apoyo de un sector mediático que te compre la agenda, para organizar a los trabajadores hace falta estructura, eficacia y tradición.
Puede que también pese el hecho de que la mayoría de los líderes de Vox tienen un sobrado conocimiento de monterías, clubs de campo e hipódromos, pero no han pisado una oficina de desempleo en su vida. Lo cual no implica que aunque los trabajadores sepan cuál es la manera más efectiva de defender sus derechos, los sindicatos de clase, algunos de ellos no tengan luego reparos en votar a la ultraderecha.
Para este tiro en el pie se pueden buscar explicaciones que apelan a la impericia individual. También se puede achacar a las intensas campañas que sitúan a asuntos residuales como la ocupación en el lugar de auténticos problemas de Estado. Pero sin duda hay algo más, que tiene que ver con un cambio profundo y sostenido en cómo se entiende la sociedad: de un proyecto de seguridad compartida, a un sálvese quien pueda aspiracional. Cuarenta años de neoliberalismo no pasan en balde.
Pero, ¿cuál es la responsabilidad de la izquierda?¿Sufre una desconexión de la calle como afirmaba el sindicalista?
Sería injusto no referirse a la primera legislatura del Gobierno progresista, una que estuvo marcada por un fuerte impulso legislativo en lo laboral. Tampoco conviene olvidar que la pandemia tuvo el efecto de situar en el centro todo aquello que aportaba estabilidad a los ciudadanos: el trabajo fue uno de aquellos hitos. Cuando la vida queda pelada hasta el hueso es sencillo percibir lo importante por encima de lo accesorio.
Aunque el progresismo contemporáneo se niegue a verlo, el conflicto capital-trabajo sigue siendo esencial para entender las dinámicas de poder de nuestra sociedad. Unos aportan su esfuerzo, otros recogen los beneficios
Aquel Gobierno acertó en sus medidas y hoy la buena marcha de la economía española es el producto de aquellas decisiones. Existen más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, lo que demuestra la robustez de nuestro empleo. Existe un sector energético con capacidad autónoma y los precios más bajos de la UE. España ha escalado hasta la sexta posición mundial de inversión extranjera directa y la tercera en Europa. Felipe González habla de un Gobierno sin proyecto de país; las cifras lo desmienten.
Sin embargo, esta legislatura está siendo muy diferente. Los escándalos de Ábalos y Errejón, especialmente este último, han conmocionado lo que había sido un espacio ajeno a estas crisis. A esto hay que añadir la persecución judicial contra Begoña Gómez y el intento de incapacitar la ley de amnistía, maniobras que son difíciles de separar del llamamiento impúdico de José María Aznar a que quien pudiera hacer, que hiciera. Los disturbios de Ferraz no consiguieron impedir el inicio de la legislatura, pero marcaron su naturaleza.
Además, hay una aritmética parlamentaria de difícil encaje, donde la recomposición del espacio independentista catalán, también la cerrazón de Puigdemont, hacen muy difícil sacar cualquier ley adelante. Las tormentas recientes, al menos, están permitiendo que la negociación de los presupuestos se lleve a cabo sin la presión de titulares, focos y tertulias.
A todo esto hay que sumarle la crisis del acceso a la vivienda, provocada por un desmesurado precio del alquiler, efecto último de la especulación con suelo urbano del sistema financiero internacional. Una crisis que, pese a que la mayoría de competencias en esta materia pertenecen a las administraciones local y autonómica, está recayendo casi por completo en el Gobierno.
Este escenario es tan cierto como preocupante, uno que mezcla errores propios con la hostilidad de la derecha, pero existe algo más. Si 80000 trabajadores se movilizan en una huelga, la naturaleza de un Gobierno de izquierdas debería ser, al menos, la declaración tajante de que sus reivindicaciones van a ser tenidas en cuenta de manera prioritaria. Sobre todo cuando el panorama informativo, aunque toma nota de la protesta, apenas le dedique espacio, uno que sí prestó a otras protestas espoleadas por la derecha.
Aunque el progresismo contemporáneo se niegue a verlo, el conflicto capital-trabajo sigue siendo esencial para entender las dinámicas de poder de nuestra sociedad. No es sólo esta huelga, es que aunque la economía carbure a buen ritmo, como decíamos hace unos párrafos, la redistribución no está siendo igual de profunda que los márgenes empresariales. Unos aportan su esfuerzo, otros recogen los beneficios.
Este Ejecutivo debe recuperar la iniciativa en medidas de carácter social y laboral. Si esas leyes se estrellan en el Congreso, cada uno habrá de retratarse luego ante la ciudadanía. El Gobierno no debe olvidar para qué está aquí. Deduzco que la mayoría de trabajadores que se movilizaron el lunes no tienen tiempo para redes sociales. Pero muchos de ellos votan o se abstienen.
“Si hubieran aparecido por aquí los de Vox, a ver qué hacemos”. Quien habla es un sindicalista de una empresa de autobuses del norte de España. Este pasado lunes, 80000 trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera estaban llamados a la huelga, una que fue un éxito indiscutible, tanto por su seguimiento como por la asistencia a los piquetes. Reclamaban, entre otros aspectos, un adelanto de la edad de jubilación: "No se puede tener a una persona de 67 años conduciendo un autobús".