Las máscaras del golpe de Estado en Honduras

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, inicia este lunes la audiencia del juicio para resolver sobre la restitución en el cargo judicial de cuatro jueces hondureños que fueron despedidos por haberse opuesto al golpe de Estado que se produjo en Honduras el día 28 de junio de 2009. La organización MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) y las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) hemos apoyado ante esa Corte, presentado un amicus curiae, el reingreso en la carrera judicial de los cuatro jueces que fueron despojados ilegítimamente de sus puestos judiciales por defender la democracia, el Estado de derecho y la independencia judicial. El texto que sigue trata de enmarcar los hechos que propiciaron su expulsión de la carrera judicial.

La noche del 28 de junio de 2009 en Tegucigalpa un grupo de militares encapuchados asaltó el domicilio del entonces presidente de la República de Honduras, Manuel Zelaya, procediendo a su secuestro y posterior expatriación a Costa Rica. Era el comienzo de un golpe de Estado caracterizado por la persecución de personas y líderes de sectores sociales que se opusieron al golpe. A partir de ese momento se desencadenó una fuerte represión contra la población, continuación de la que ya se produjo en los años ochenta bajo la cobertura ideológica de la doctrina Reagan de la seguridad nacional y que dejó conmocionada por su violencia a la región centroamericana. Las violaciones graves de los derechos humanos (homicidios extrajudiciales, torturas, persecución política) han vuelto a ser el escenario habitual de la República de Honduras. Todas estas prácticas han sido ampliamente documentadas tanto en el informe de la oficial Comisión de la Verdad y Reconciliación como en el de la Comisión de Verdad creada bajo el auspicio de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, en los que se analiza el desarrollo del golpe de Estado, sus circunstancias y el listado de víctimas que se han producido con sus correspondientes testimonios. Hay que añadir que la resistencia en Honduras frente al golpe de Estado fue activa y pacífica, lo que le proporcionó un fuerte apoyo de la comunidad internacional, hasta el extremo de que la Organización de Estados Americanos (OEA) expulsó al Estado de Honduras de su estructura durante un tiempo.

En Honduras, aunque la estrategia militar y civil fue similar a las asonadas del siglo XX en América Latina, se dan una serie de peculiaridades que es preciso conocer para valorar la importancia que tuvo, a la hora de asentar el golpe de Estado, la expulsión de los jueces incómodos, de convicciones democráticas, que se opusieron a un poder “de facto”.

Una de las características de este golpe, perpetrado ya en el siglo XXI, es que había un escenario internacional diferente y por tanto los autores necesitaban unas máscaras jurídicas que les dieran apariencia de legitimidad. Era necesario legitimar la acción militar a través de los otros poderes del Estado y aquí jugó un papel fundamental el poder judicial de Honduras, que ya venía de una historia reciente de corresponsabilidad en la creación de la estructura de impunidad que había impedido el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la década de los ochenta, entre ellos más de cien desapariciones forzadas, documentadas por quien fuera posteriormente defensor del pueblo, Leo Valladares Lanza, en su libro Los hechos hablan por sí mismos.

En este contexto de legitimación del golpe, la jerarquía judicial en general y la Corte Suprema en particular promovieron acciones de adhesión de los jueces a los golpistas, incluso negaron la existencia del golpe con el argumento de que se había producido una simple “sucesión constitucional”. La Corte Suprema de Honduras culminaba su despropósito el día 5 de mayo de 2010 separando del cargo y despidiendo a la magistrada Tirza Flores Lanza, y a los jueces Guillermo López Lone, Luis Chévez de la Rocha, y Enrique Barrios Maldonado, cuatro jueces independientes, incómodos al poder, que fueron sancionados por expresar legítimamente sus opiniones y defender la legalidad y el sistema democrático frente al poder ilegítimo. Todos ellos eran miembros de la Asociación Jueces por la Democracia de Honduras, organización caracterizada por la defensa de los valores democráticos. En concreto, el juez López Lone era en ese momento el presidente de la junta directiva de esa asociación, algo que pone de manifiesto el intento de depuración que contenían los despidos.

Todos los cargos que se les imputaban tenían que ver con el ejercicio de derechos humanos básicos como la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación y el derecho de acción ante los tribunales. Represaliando a estos jueces demócratas la Corte Suprema de Honduras culminó el extraño trabajo de dar cobertura y apariencia de legalidad a un acto ilegítimo de ocupación del poder al tiempo que transmitía temor al resto de los miembros del poder judicial.

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Ahora es el espacio de los derechos humanos. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la audiencia de febrero, restituye a los jueces represaliados en sus cargos judiciales se estaría produciendo, además de un acto de justicia para unos jueces que no se plegaron al abuso de un poder ilegítimo, una victoria del principio de independencia judicial, garantía básica de los ciudadanos en un Estado de derecho.

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Luis Carlos Nieto García es magistrado y exmiembro de la Comisión de la Verdad de Honduras.