Libertad de educación

Nunca se ha visto mayor amor a la libertad que en la derecha española. Los que ahora se llaman a sí mismos liberales, que de toda la vida han sido los enemigos de los liberales y tenían a bien utilizar dicho término como insulto, proclaman la libertad individual como el primer principio en el que debe basarse la convivencia, y ven al Estado como amenaza permanente empeñado en menguar la capacidad de forrarse del individuo. A ese Estado que, de vez en cuando, pretende regular la voracidad sin límites de los oligarcas emprendedores, se le llama “intervencionista”, y por elevación se le asocia a los países totalitarios. Resumiendo, los liberales pretenden institucionalizar el derecho a enriquecerse sin límites ni trabas legales, aunque sus negocios se lleven por delante a las personas que les dan de comer. Son un poco antisistema, en la parte que les toca las narices, de ahí que se enfaden tanto cuando, por ejemplo, les ponen multas, no tienen costumbre de obedecer, son indómitos. Por eso muchas personas a las que Buenaventura Durruti pondría en su sitio, insisten en llamarse anarquistas, apolíticos, creyendo que es lo mismo. Tiene gracia, pero es así, son así, en el fondo, unos cachondos que se lo pasan pipa, fenomenal. Dentro de esa libertad de acción, entienden que lo de escoger hospital o colegio debería ser como elegir un restaurante para cenar un fin de semana cualquiera. Todo, siempre, en uso de la incuestionable libertad individual.

La libertad, ese comodín semántico en cuyo nombre se han cometido tantos abusos y que aquí, en nuestro desgraciado país, los herederos de los que lucharon para que fuéramos una excepción en Europa y no pudiéramos ni abrir la boca la usan como llave maestra para abrir todas las cajas en las que pueda haber un céntimo para dejarlas como una patena. Cualquier derecho, servicio, prestación, centímetro cuadrado de tierra, despacho, escaño o cargo público es una oportunidad de negocio para estos liberales visionarios de la Nueva España.

Se roba tanto en nombre de la libertad que parece que lo que se proclama es la libertad de hurto. Ahora sale a la luz la historia de los colegios concertados, paradigma de la libertad de educación liberal y, también, del expolio de los terrenos públicos a través de concesiones a sectas y empresas de amiguetes que no pagan un duro a las arcas por hacer negocios en lo que fue nuestro suelo. Se da la paradoja de que los principales defensores de la propiedad privada son los mayores incautadores de lo público puesto que, en su condición de tal, pierde el derecho de propiedad y al carecer de dueño se lo quedan, lo inmatriculan que dirían los servidores de la cosa espiritual. Es difícil explicarles a estos liberales, civiles y religiosos, que lo público es de todos. Para ellos lo que es de todos no es de nadie y, por tanto, se lo afanan por la cara.

La educación, como la sanidad, no es un servicio; son derechos y, en tanto tales, los políticos deberían esforzarse en garantizar la calidad de ambas a través del mayor celo imaginable en su gestión. De una depende el futuro del país, y de la otra la vida de los ciudadanos. Y esto, que puede parecer exageración, es una burda evidencia ya contrastada y cuantificada en otros países donde se ha llevado a cabo esto que llaman la colaboración público-privada, que ha “causado”, y así lo cita el informe de los responsables de la sanidad británica, cientos de muertos en un solo hospital, donde se llevó a cabo el estudio objeto de dicho informe, que no se hubieran producido con el anterior sistema, cuando todavía los fondos de inversión no colaboraban en la gestión, construcción y administración de los hospitales “públicos”. Lo que ocurre es que en su voracidad recaudatoria se da prioridad a la productividad, es decir, al balance entre ingresos y gastos, que debe ser positivo, y se ahorra en el concepto más oneroso, el de personal. Así, se contrata personal barato, de peor o nula cualificación, que tiene como consecuencia un deterioro en la calidad de asistencia, que se traduce en un aumento de la mortandad, o sea, que muere gente. Así, como suena. El primer ministro británico ha pedido perdón públicamente, pero no ha explicado qué va a hacer para evitar que los cuantiosos dividendos que obtienen las empresas adjudicatarias causen nuevas muertes.

Aquí pasa lo mismo, pero para evitar explicaciones se ocultan los datos, o se falsean, como hacen con el número de camas o las listas de espera.

Ahora nos enteramos de que esto de la trama Púnica tenía sus garras echadas en la educación. ¡Qué sorpresa! Uno de sus cabezas visibles, Francisco Granados, pillaba mordidas de hasta un millón de euros por concesiones de terrenos a estas empresas siempre dispuestas a colaborar con la Administración. Qué gran ejemplo de libertad de gestión: hago lo que me da la gana con quien me da la gana, y si me pillan, ya veremos. Su gran valedora, descubridora de la Gürtel, no quiso hacer caso cuando las denuncias la avisaban de lo que estaba pasando. Ella es defensora de la libertad total, y dice que Podemos es partidario de los “presos políticos”. Yo, cansado de tanta gentuza y tanta impunidad, porque es difícil paliar el daño que causa a la sociedad, no sólo a las arcas, esta política de corrupción sistémica, soy partidario de lo contrario, de “políticos presos”, para poner fin a tanta chulería y prepotencia en la gestión. Hay decisiones y adjudicaciones que deberían pagarse con cárcel, como en los países civilizados.

Les sería muy difícil explicar, por ejemplo, a los responsables del Instituto de la Vivienda de Madrid las razones de beneficio público y mejora de la vida de los ciudadanos que les llevaron a vender pisos donde vivía gente necesitada a fondos buitre para que los desahuciaran y se forraran con ellos. A no ser que aparecieran razones poderosas que despejaran la duda de que la única motivación fue el negocio y la recepción de dividendos a través de la puerta giratoria, nadie como estos señores merecería acabar en prisión. Por desgracia, a los que están muriendo como consecuencia de las nuevas políticas sanitarias no les va a servir de consuelo, pero está claro que la impunidad que conlleva la dejación de funciones de algunos funcionarios de la Justicia que trabajan con excesivo celo exculpatorio en casos que generan un gran quebranto social no ayuda a mejorar la situación.

Cuando la mayoría de los ciudadanos refleja en las encuestas que dan prioridad en la elección del colegio para sus hijos a la proximidad, porque no disponen de tiempo para organizar su vida de otra manera, resulta de mal gusto hablar de libertad de elección. Si sólo tienes un colegio a mano, y el siguiente más próximo está a kilómetros de distancia, como ocurre en algunas zonas de la periferia, hablar de libertad de elección es una broma de mal gusto, como todas las que nos hacen estos defensores a ultranza de la libertad de negocio desde la gestión pública. Por eso, para evitar adoctrinamiento, que tanto preocupaba también a los que han obligado a impartir la asignatura de religión católica en las escuelas, y que han introducido de nuevo los rezos, debería hacerse, en primer lugar, como norma, una escuela pública allá donde se demande un centro educativo.

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Por supuesto que no debe faltar la libertad de llevar a los niños a donde a uno le dé la gana, ni privar a esos de padres de la libertad de pagar por la educación de sus hijos lo que estimen oportuno, siempre y cuando todos los ciudadanos tengan garantizada una plaza en un centro público de calidad y gratuito. Sin más. Claro que, si dan prioridad a la educación pública, no queda espacio para el negocio, la maniobra truculenta y el robo. Por eso apuestan por lo que llaman “libertad de elección”, donde sí hay margen de maniobra para los jóvenes emprendedores liberales y sus socios adjudicatarios. Como diría el ministro Wert, responsable de Educación y autor de una reforma impresentable, reaccionaria, sectaria y elitista, “se prima la excelencia”. Sí, de los listos, de los amorales, de los delincuentes y de sus valedores y encubridores. Aspiramos, en nuestra ingenuidad, a un Sistema que prime la honradez.

Qué falta nos hace una lluvia fuerte en esta pertinaz sequía de Justicia.

Mientras, los dedos seguirán señalando a Venezuela, que es donde tenemos el verdadero problema.