Es una de las preguntas cuya respuesta vale para calibrar la salud de una democracia: ¿la Justicia es igual para todas y todos? ¿Podemos confiar en ella? Si la opinión generalizada es negativa, es que algo no funciona, o se está contando mal, o no se entiende.
En nuestro país no es sólo que ese asunto esté de forma recurrente sobre la mesa, sino que cada vez ocupa más lugar en el espacio público y más horas de debate en los foros políticos, donde se corta el bacalao de la realidad y confluyen, de una u otra manera, todos los poderes del Estado, que deben estar conectados aunque estén separados, revueltos no, pero juntos sí.
La idea más extendida es que la famosa venda con que se representa a la Justicia está hecha con la tela de una bandera. Así no vamos por buen camino
Los partidos y sus representantes, sin embargo, respetan la independencia de la magistratura cuando una sentencia o una ley es favorable para sus intereses, la critican si les es adversa y tratan de controlarla siempre "por detrás", como decía un alto cargo del Partido Popular: que la nómina del Consejo General del Poder Judicial o la del Tribunal Constitucional esté dividida en conservadores y progresistas y tenga evidentes deudas con quines los nombran para ese puesto, es bastante explicativo. El Partido Popular, que hoy se rasga las vestiduras y clama por la independencia de los jueces, prometió por activa y por pasiva, en tiempos de Mariano Rajoy, que establecería que los magistrados se eligieran entre ellos, sin pasar ni por la calle de Génova ni por la de Ferraz, pero no lo cumplieron, pese a tener una mayoría absoluta que lo habría permitido. Cuando su actual jefe, Núñez Feijóo, dice que el presidente Sánchez tendría que “devolver sus votos”, al no haber cumplido sus promesas electorales, debería recordar esos episodios del pasado.
Lo que ha ocurrido y ocurre en el poder judicial es el resultado del bloqueo al que lo tiene sometido la derecha, algo inaudito, equivalente a un Congreso de los Diputados en el que un tercio de ellos se negase a abandonar sus escaños tras perder las elecciones. Es lo que hizo el Partido Popular que hoy llama "ilegítimo" al gobierno de coalición PSOE/UP: perder las elecciones de 2019 por casi dos millones de votos de diferencia.
Para agarrarse al clavo ardiendo de los jueces afectos, primero bloqueraon la renovación del CGPJ, que a su vez impide la renovación del Tribunal Constitucional, que para completar el círculo maniobra para que las Cortes no puedan votar un cambio del Código Penal que es discutible, sin duda, pero que no puede evitarse impidiendo a la Cámara soberana hacer su trabajo.
Las lecciones sobre la necesaria independencia de los magistrados las da el mismo PP que ahora sabemos que contrató para una universidad manejada por su Gobierno de Madrid y cuyo consejo preside un vicepresidente de Isabel Díaz Ayuso, a un juez que instruía graves casos de corrupción que les afectaban, como Púnica, Lezo y Kitchen. ¿Cómo calificaría eso el señor Núñez Feijóo? Seguro que no dice ni pío.
Y mientras todo eso ocurre, la confianza de las y los ciudadanos en la independencia de la magistratura se resiente, merma cada día y provoca un grado de inseguridad dañino, como no puede ser de otro modo. La idea más extendida es que la famosa venda con que se representa a la Justicia está hecha con la tela de una bandera. Así no vamos por buen camino.
Es una de las preguntas cuya respuesta vale para calibrar la salud de una democracia: ¿la Justicia es igual para todas y todos? ¿Podemos confiar en ella? Si la opinión generalizada es negativa, es que algo no funciona, o se está contando mal, o no se entiende.