La “contrarreforma” de la “reforma” de la Ley de Registro Civil 20/2011, de 21 de julio, está llamada a convertirse en el paradigma de la opacidad, fraude a los intereses de los ciudadanos y perversión de nuestra clase política en la privatización de servicios públicos.
Nadie esperaba que una ley aprobada unánimemente por los grupos parlamentarios fuera objeto de profundas reformas unilaterales antes de su entrada en vigor, nadie excepto la asociación de usuarios de registros que anticipaba en junio de 2011 que Rajoy había votado con los dedos índice y medio cruzados, para –una vez alcanzado el poder– apropiarse del Registro Civil para sí, para sus hermanos y compañeros.
El pronóstico fue certero. Antes de nombrar al ministro de Justicia, el presidente del Gobierno ya tenía designado al equipo de registradores para iniciar el asalto al Registro Civil, entre ellos, un administrador del grupo de empresas señalada por el dedo divino para diseñar y vender la plataforma tecnológica del mismo. Durante ese año se presentó el proyecto de reforma del Registro Civil y las reacciones contrarias a la privatización de todos los sectores sociales, económicos y culturales obligó a su retirada, algo bien distinto al abandono del objetivo. Al contrario, el proyecto ha seguido pese a la denuncia pública de que algunos de los colegas de Rajoy, que se encontraban prestando servicios en la Dirección General de los Registros y del Notariado, habían preparado la adjudicación para que finalmente la empresa beneficiaria (Indra) tuviera que adquirir el software o formar una UTE con la empresa Futuver, ligada precisamente a esos mismos registradores del Ministerio de Justicia.
Sustituido Gallardón y cesados todos los cargos y asesores de la Dirección General, el día 11 de diciembre de 2014, Rafael Català, a la vista de la oposición del Colegio de Registradores a la adjudicación ya consumada, anuncia que finalmente la plataforma tecnológica se privatiza en manos del Colegio Profesional del que es colegiado su jefe, en contra de lo aprobado en el Parlamento, sin concurso y sin epidural. Cuando el legislador impone un modelo y el ministro, a pesar de ello, sigue otro, debemos suponer que una de dos, o el ministro va por libre y desprecia las voluntad del legislador o alguien por encima de él le marca el camino crematístico a seguir.
Llama la atención que el ministro mantenga que no se va a privatizar el Registro Civil y, a su vez, garantice que los funcionarios actualmente adscritos serán reasignados en otros órganos. ¿Y por qué no en el nuevo?
El personal contratado por los registradores para desarrollar su empresa de servicios registrales (mercantiles o civiles) es personal laboral, normalmente endogámico y, por supuesto, no funcionarial, por lo que la gestión de los datos más sensibles de todos los ciudadanos se deja en manos de personas que no están sujetas a la jerarquía, responsabilidad y sujeción al estatuto funcionarial.
Si no hay privatización de la gestión, los jueces encargados de los Registros Civiles tienen el derecho de opción para continuar su carrera en el nuevo órgano administrativo, opción que permitiría además conservar y aprovechar la dilatada experiencia de quienes se han encargado hasta la fecha de tales labores. Otro tanto puede decirse de los demás funcionarios y técnicos del Registro Civil que conservan el derecho a permanecer en el nuevo órgano de la administración que se encargue de tal llevanza, siendo altamente eficiente no desaprovechar la ciencia y experiencia de tales funcionarios.
En suma, el ministro tendrá que explicarnos por qué se prescinde de todos los funcionarios que conocen y gestionan los Registros Civiles si la idea no es privatizar el servicio. Y por qué se les priva ilegalmente y de forma injustificada de su derecho a continuar en el ejercicio de su función pública en el nuevo órgano de la administración que se encargue de su llevanza.
Además de la privatización de la plataforma tecnológica y de la gestión, se privatiza también de forma encubierta la explotación. Catalá, avanzando en esa estrategia de opacidad, ha preparado este suculento premio anual, que viene oculto en otra norma (la disposición transitoria 18ª al proyecto de reforma del Reglamento de Registro Mercantil) para incrementar las tarifas de los Registros Mercantiles en numerosas operaciones, entre un 800% y un 6.000%, medida poco congruente en un país donde el salario mínimo, las pensiones y los sueldos de los funcionarios están congelados.
El Reglamento no sólo incrementa tarifas, también triplica las funciones retributivas de los actuales Registros Mercantiles.
Ese incremento tanto de tarifas como de actos minutables dejará diez millones de euros extras de facturación anual a cada registrador mercantil presente o futuro, renta más que suficiente para afrontar unos costes del Registro Civil que se estiman inferiores a 500.000 euros por oficina. Estarán conmigo en que se trata de una sugerente puerta giratoria para el presidente del Gobierno: una renta de monopolio de 9,5 millones de euros al año.
El sistema de financiación encubierta se basa en tres pilares. El primero, incrementar el número de actos y comunicaciones minutables que deba realizar cada registrador mercantil en su quehacer diario; el segundo, incrementar el arancel de las operaciones más frecuentes para que el efecto multiplicador de pequeños conceptos disimulen la desproporción de las nuevas tarifas frente a las antiguas; y el tercero, aumentar el número de clientes obligados a realizar operaciones con el registro mercantil que serán quienes financien el delirante proyecto en ejecución.
En este contexto cobran especial relevancia las nuevas obligaciones de legalización de libros anuales, que se impone no sólo a las sociedades que deben publicarse en el Registro Mercantil, sino a toda entidad (asociaciones, fundaciones)… incluso sin personalidad jurídica (como las comunidades de bienes) a través de una Instrucción de la Dirección General de los Registros de 12 de febrero de 2015 que sirve –por ahora– de euroguinda al sistema.
La brillante idea consiste en alterar la obligación legal de legalizar libros en blanco y sustituirla por la de legalizar todos los años las actas de esos libros después de redactadas, ocurrencia introducida sibilinamente por el lobby registral en el artículo 18 de la Ley de Emprendedores. Esto obliga a pasar –a todos los que desarrollen una actividad económica– por la caja registradora una vez al año y abonar unos 300 euros de media cada visita obligada.
Justicia pagará otros dos millones a los registradores para que desatasquen las solicitudes de nacionalidad
Aunque el sistema pergeñado goza del atributo de la simplicidad, carece de otros tan necesarios como la eficiencia y la correcta imputación de costes tributarios, dado que la totalidad de las percepciones arancelarias que el registrador ingresa en su bolsillo tienen naturaleza tributaria y se aseguran como rentas de su monopolio profesional. El desplazamiento del pago a sujetos que no generan el coste carece del más elemental respaldo legal, estimula la reducción de inversiones en tareas deficitarias, como serán todas las del Registro Civil, y contradice las palabras del ministro cuando alega que la reforma no tendrá consecuencias económicas para los ciudadanos. Las tendrá por mucho que se pretendan esconder en una Disposición Transitoria de otra norma redactada de forma ininteligible para los ciudadanos.
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Javier Martínez del Moral es notario.
La “contrarreforma” de la “reforma” de la Ley de Registro Civil 20/2011, de 21 de julio, está llamada a convertirse en el paradigma de la opacidad, fraude a los intereses de los ciudadanos y perversión de nuestra clase política en la privatización de servicios públicos.