El bulo del PP, la imputación del fiscal
Es incontestable que sea la primera vez que un Fiscal General esté imputado en democracia y quiera mantener el cargo con el apoyo del Gobierno. También es la primera vez que el Tribunal Supremo imputa y fuerza la dimisión de la máxima autoridad de una institución por revelación de secretos al filtrarse un correo electrónico. Lo hace además, sin imputar a toda la cadena que tuvo el correo humeante en su poder y por tanto pudo filtrarlo, según reconstruye el auto. Los cinco magistrados por unanimidad eligen, de todo el que tuvo los mails en su buzón, a dos. Lo hace sin detallar un solo indicio de por qué el Fiscal General y no el resto es el elegido. Ni un solo razonamiento que justifique por qué fue el filtrador y no la más de una decena de fiscales de delitos económicos que lo tuvieron en su poder. Y sorprende, con lo vacuo de los argumentos, que la Sala invoque en el mismo escrito la jurisprudencia del Constitucional: “El juez debe administrar de forma responsable y razonable las reglas de imputación, no sometiendo al proceso penal, por leve que sea el título de imputación, a ninguna persona si no hay causa para ello”.
En el famoso mail, la pareja de Ayuso asumía ser un defraudador y pedía un pacto al ministerio público. Tres medios, El Mundo, Vozpópuli y Libertad Digital, difundieron lo contrario. La intoxicación orquestada por el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, provocó la reacción de la cúpula fiscal, obligada –incluso por estatutos– a aclarar las informaciones falsas que le afectan y con una avalancha de llamadas de los medios preguntando cuál era la versión buena.
A quien preocupe que el Fiscal General no dimita para preservar la institución, y a la vez le parezcan normales los argumentos del Supremo para forzar su cese, es probable que esté sentado en una parte de la trinchera
La nota de prensa para desmentir la información manipulada fue el origen de la querella. El argumento de la revelación de datos personales de la pareja de Ayuso en ese comunicado público ha sido el argumento machacón del Colegio de Abogados de Madrid, autoerigido en defensor de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y fue replicado en bucle en artículos y tertulias. Como se refleja en el auto del Supremo, era fácilmente comprobable que la nota de prensa contenía lo que ya habían publicado los medios horas e incluso días antes del pronunciamiento del fiscal general.
El Supremo pone la carga de la prueba sobre el primer medio que desmiente el bulo (la Cadena Ser) y no sobre el que lo difunde. A la imputación de García Ortiz le falta mucho contenido por parte de los cinco magistrados que le imputan por unanimidad. De los veinte que tuvieron el mail, tuvo que ser él y otra fiscal. Y deja sin imputar a quien difundió el correo de origen. Porque hubo otro. El que facilitó el equipo de Ayuso era el último de una cadena entre ambas partes, que comenzó el 2 de febrero entre el abogado de la pareja de Ayuso para buscar, precisamente, un acuerdo con la Fiscalía y que fue el primero que se publicó.
Es inédito que un Fiscal General esté imputado. Lo es más que sea por desmentir una información falsa y no haya indicios claros de que se pusiera a mandar correos a periodistas, como sí se hizo desde la Comunidad de Madrid. Pero está siendo también la primera de demasiadas cosas. A quien preocupe que el Fiscal General no dimita para preservar la institución, y a la vez le parezcan normales los argumentos del Supremo para forzar su cese, es probable que esté sentado en una parte de la trinchera. Si lo ocurrido en esta causa se asume como normal, no es la justicia ni las instituciones lo que se quiere preservar, son los bandos.
