Imputar al fiscal general y olvidarse del porqué

Defender sin matiz ni ambages la imputación al fiscal general del Estado por la filtración del correo que desmentía el bulo de Miguel Ángel Rodríguez no es estar preocupado por la institución, es estar sumido en otra cosa. Es compatible debatir si Álvaro García Ortiz debería apartarse del cargo con criticar una instrucción desmedida, sin una carga penal que consiga explicarse y sesgada. Una acusación que escala sobre conjeturas mientras es incapaz de detallar los hechos. Si el juez Ángel Hurtado tiene argumentos para asegurar que el fiscal general y su cadena de mando envió el segundo correo a los medios y a La Moncloa en una operación distinta a la de elaborar un comunicado debería estar a la altura y explicar cómo se envió, a qué hora, desde dónde y por quién. De momento, lo que hay es un cuerpo de fiscales tensionado y fracturado por la instrucción, con una parte de altos funcionarios denunciando una “caza de brujas” mientras otros se entretienen con el espectáculo de “cazar a Sánchez”. 

Es fácil perder el hilo y entrar solo al cruce de declaraciones. Pero es una causa penal y tiene un origen. La información que desató la tormenta judicial contra García Ortíz era falsa e inducía a error. El propio Miguel Ángel Rodríguez lo reconoció en el sillón de Risto Mejide. Es dudoso que ignorara el primer correo, pero aseguró que de haberlo tenido habría titulado: “La defensa de González Amador arranca un pacto a la Fiscalía”. Su operación para inducir a un hecho falso que beneficiara al novio de Ayuso ha sido reconocida explícitamente por MAR en su tour televisivo. Ayuso ha reconocido también haber puesto la jefatura de Gabinete del gobierno madrileño al servicio de su defensa. Y su honor pasa por tapar el fraude, ese “ciertamente se han cometido dos delitos” que escribió el abogado para pedir un pacto con el que empezó todo. 

Su operación para inducir a un hecho falso que beneficiara al novio de Ayuso ha sido reconocida explícitamente por MAR en su tour televisivo. Ayuso ha reconocido también haber puesto la jefatura de Gabinete del gobierno madrileño al servicio de su defensa

Si el juez tiene argumentos sólidos contra García Ortiz, no están en el auto. Las diligencias “apuntalan” la presunta participación de la fiscal jefa provincial de Madrid sin citarlas; y suma uno más al triángulo acusado de revelar secretos, el fiscal Diego Villafañe, pero sin explicar qué hizo. El juez dice que pudieron difundir informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, pero no dice cuáles. Porque, a estas alturas, hasta el juez ha olvidado citar qué daños investiga. Nadie sabe qué datos personales revelaba el correo porque no se analizan. No se sabe tampoco en qué medida y con qué profundidad entiende que se vulneran los derechos fundamentales de Alberto González Amador porque no hay un solo detalle del daño provocado por unos datos que ya se desvelaron en la información falsa a corregir.

El auto de 14 páginas es un cluedo de personajes que pasan por una estancia donde el juez cree que cometieron un crimen cuando las pruebas hasta hoy apuntan a que en esa habitación se concertaron para desmentir una información falsa que les afectaba. Y si eso es realmente lo que hicieron, es lógico que se sientan víctimas. El vacío argumental pasa porque las mismas actuaciones que los tres fiscales defienden para elaborar un comunicado sirven para imputarles la autoría de la filtración. Para el Supremo, el comunicado es legal y no revela secreto. Pero asume que en esas actuaciones –no las hay nuevas– filtran el correo. Las hipótesis del juez pueden llevar a García Ortiz y toda la cadena de mando al banquillo, pero con los indicios que utiliza para imputarles, es difícil imaginar una condena e incluso un juicio que a la larga no avergüence al Supremo. 

Es difícil que la causa llegue así al banquillo. Tendrá que haber más datos, hechos, algo. En el minuto-resultado, no se está respetando la institucionalidad ni en las formas ni en el fondo. Un registro policial de diez horas en el despacho de una alta institución del Estado en activo es propio de una operación anticorrupción de máximo nivel o una organización criminal, no la vulneración de datos personales a través de un mail. La información personal de González Amador incorporada al comunicado no justifica la desproporción de actuaciones. Lo normal, por mantener las formas, era una petición voluntaria al fiscal. Igual que García Ortíz debería haber explicado públicamente por qué borra los mensajes del móvil. 

El auto no está bien explicado, ni tiene apariencia de imparcialidad. Porque es una falta de respeto no dar crédito al testimonio de dos periodistas que detallan la profesionalidad de su trabajo protegiendo la fuente y despacharlo en media frase. Si el juez no da crédito, tiene que explicar las razones de fondo. Si acusa a García Ortiz de filtrar una información a La Moncloa, también. Un auto no es una conjetura, una tertulia, una barra de bar. Un auto del alto tribunal debe cumplir con la excelencia a la que se debe. 

La presidenta de Madrid no debería llamar “cuadrilla de Fortuny” a los funcionarios de la fiscalía general. Lo grave es que el juez del Supremo dé crédito a esta versión sin mucho detalle. De momento, con el vacío argumental que deja el auto que cita como imputado al fiscal general, la causa sirve para las declaraciones oportunistas. Dice Felipe González que él, de haber estado en el lugar de García Ortíz, habría dimitido. Va todo tan rápido que nadie se ha parado a recordarle que estuvo en sitios mucho peores sin moverse un milímetro. 

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