Qué nos jugamos ignorando Pegasus
El espionaje masivo a más de 60 altos cargos independentistas, activistas y representantes de la sociedad civil catalana —al menos el alcance que conocemos hasta ahora— ha sido documentado mediante análisis forense por el grupo de expertos del laboratorio canadiense Citizen Lab, supervisado por Amnistía Internacional y publicado e investigado a su vez por The New Yorker, uno de los medios más sólidos en la verificación de la información que publican. Por la dimensión y extrema gravedad del espionaje, el Parlamento Europeo formalizó una comisión de investigación hace un mes con 38 europarlamentarios y la activó esta semana. Incluso las grandes plataformas tecnológicas, Apple, WhatsApp y Microsoft, celosas de airear cualquier vulnerabilidad, han demandado ante los tribunales de Estados Unidos a la empresa isralíe NSO, comercializadora del software espía Pegasus.
Hay pruebas de sobra para hablar de espionaje en suelo europeo con fines políticos. La vulneración de derechos tiene tal dimensión que sorprende la tibia reacción del Ejecutivo. Hasta ahora, Pedro Sánchez y los ministros de las carteras competentes han subestimado el impacto de Pegasus a sabiendas de que solo el Gobierno puede ser cliente de la empresa israelí. Las implicaciones son nacionales, europeas y afectan a la calidad de la democracia, tan golpeada desde varios frentes. No es baladí que el periodista Ronan Farrow haya titulado “Cómo las democracias espían a sus ciudadanos”, precisamente por el caso español y el británico. Como destacan Farrow y los expertos en ciberseguridad, España es el país que mayor número de supuestos disidentes ha espiado. Cargos públicos, elegidos en las urnas o en las asociaciones civiles a las que pertenecen. Al resto de la lista le siguen distintas dictaduras y autocracias. Nayib Bukele en El Salvador contra 22 periodistas del diario El Faro; en México al periodista asesinado Cecilio Pineda; o el activista brutalmente asesinado Jamal Kasshogui en la embajada de Arabia Saudí en Estambul. En Europa la lista de países que han utilizado Pegasus se completa con Polonia y Hungría frente a la oposición política, periodistas, jueces y fiscales.
El diario El País ha publicado que el CNI compró Pegasus por seis millones de euros. Las pruebas forenses han registrado entradas en los dispositivos de independentistas catalanes y vascos desde 2017 hasta 2020, ya entrada la pandemia. En 2020, los ex altos cargos espiados que vulneraron la ley ya habían sido condenados con sentencia firme por el Supremo. Pagaron con penas de hasta 17 años de cárcel el referéndum del 1-0, las leyes de desconexión y las actividades ilícitas enmarcadas dentro del Procés. Aun así, no sabemos si desde el deep State o el dirty State, sus dispositivos han tenido un agujero de seguridad por donde han entrado y salido para robar información con un programa comprado por el Estado.
Según la investigación internacional, los independentistas que se enfrentaron al Estado de Derecho han sido atacados desde dentro del Estado y presuntamente al margen de la ley. De la guerra sucia a la guerra híbrida. Desde el Ejecutivo argumentan que no pueden detallar si el CNI utiliza el programa espía. Y piden que creamos que “España no espía” con unas declaraciones a golpe de canutazo frente a pruebas que el Parlamento Europeo considera que merecen una investigación.
Saber por qué les espían, para qué, bajo qué legalidad, con qué propósito guardan el contenido y con qué dinero se paga son unas diligencias que el Gobierno debería haber abierto desde 2018, cuando se conocieron los primeros hackeos con Pegasus
La dimensión pasa por Junts, ERC, la CUP, todos los expresidentes catalanes de los últimos diez años, abogados, activistas. Dina Ribá, una de las eurodiputadas catalanas víctimas del hackeo, ha sido clara: “Cuando espían a personalidades con inmunidad cometen un delito contra 450 millones europeos porque afecta a su normalidad democrática”. Saber por qué les espían, para qué, bajo qué legalidad, con qué propósito guardan el contenido y con qué dinero se paga son unas diligencias que el Gobierno debería haber abierto desde 2018, cuando se conocieron los primeros hackeos con Pegasus.
Desde Bruselas se ve el paisaje completo con más claridad. Europarlamentarios españoles, entre ellos Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y miembro de la comisión Pegasus, han descrito como un mazazo y conmoción la revelación de que España ha utilizado el programa israelí con activistas e independentistas catalanes y vacos. De hecho, como asegura López Aguilar, con toda seguridad el caso español va a estar en la agenda de la comisión de investigación presidida por el conservador holandés Jeroen Lenaers y Sophie in 't Veld, liberal holandesa, portavoz del grupo liberal, una eurodiputada que describen como combativa, rigurosa e inflexible de la que no cabe esperar concesiones.
Es fácil colegir, apuntan fuentes del Europarlamento, que se compró y utilizó durante la legislatura de Mariano Rajoy, como ha quedado registrado en el análisis forense supervisado por Amnistía Internacional. La ministra Robles ha negado cualquier utilización y conocimiento de Pegasus. Pero la norma es taxativa. La ley orgánica 2/2002, que regula el control judicial del CNI, señala que la dirección de los servicios secretos puede utilizarlo de manera fundada en el curso de una investigación penal relevante que afecte a la seguridad del Estado, conforme a la Constitución, con autorización judicial motivada y bajo la supervisión del juez competente del Tribunal Supremo. Cualquier supuesto fuera de esta secuencia es ilegal y delictivo, como apunta y recuerda López Aguilar.
Las vulneraciones de derechos de expresidentes de la Generalitat, diputados y eurodiputados en activo son múltiples y muy graves. Si el Gobierno no depura responsabilidades, si no abre una investigación para esclarecer cómo se ha utilizado el programa espía y contra quién, perdemos legitimidad para exigir el cumplimiento de la ley a Polonia o Hungría. Las elecciones en Francia, el crecimiento de la ultraderecha, la guerra de Ucrania son frentes donde está claro qué nos jugamos. No asumir que los estados no pueden espiar a sus adversarios políticos, que los servicios secretos o policiales deben responder a la ley o al menos someterse a la transparencia y a la depuración de posibles responsabilidades, nos deja escalones atrás de unos mínimos estándares.
En los ochenta se depuró el caso GAL en una España con una democracia recién salida de la Transición. En los noventa, el entonces director del CESID, Emilio Alonso Manglano, cayó por las escuchas ilegales a Herri Batasuna. Ya en pleno 2022, la Operación Kitchen, una trama parapolicial en el seno de la Dirección de la Policía que intentó boicotear la instrucción judicial de la Gürtel, se sentará en el banquillo. Ahora desde Europa, se investigará a los gobiernos de Polonia y Hungría por meterse en los teléfonos de jueces, fiscales, periodistas, opositores. En este contexto, será difícil que el Ejecutivo no tenga que mover ficha.
Pero además, sin esa investigación, el Gobierno deja abierto que cualquiera difunda una versión interesada. Ha costado mucho encauzar la crisis secesionista en Cataluña como para dejar una brecha por la que puedan romperse las frágiles confianzas construidas durante esta legislatura. No puede celebrarse el juicio del Procés como un triunfo de la ley frente al secesionismo e ignorar que los espionajes vulneran las mismas bases de esa legalidad. El Estado de Derecho es de ida y vuelta. Y debe defenderse por y para todas las partes.
