¿Quién teme a la transparencia?
Por la naturaleza de la prensa y la propia separación de poderes, el choque es frontal cuando son los gobiernos quienes regulan el derecho a la información y sus reglas. A los periodistas nos coloca en estado de alerta obligatorio cuando el Ejecutivo define por dónde debemos movernos. Es una cuestión de toma de posiciones. El periodismo tiene que controlar al poder y es de esperar que los políticos no faciliten todas las herramientas para su vigilancia y control. Como ejemplo, la prensa siempre destapa la corrupción antes que la justicia y es el mejor termómetro de la salud democrática de un país. Ahora bien, el derecho a la libertad de información también se garantiza con la regulación. Sin exigir transparencia, los intereses ocultos se mueven con impunidad. Para que la prensa sea libre, los accionariados necesitan independencia de los poderes públicos. Para que el juego no esté amañado y las campañas de desinformación no se diluyan entre la prensa libre y plural, hace falta regulación. Es muy difícil, pero sin ciertas reglas, la desinformación abona sociedades disfuncionales, fraccionadas, crispadas y ciudadanos con dificultades para diferenciar lo veraz del bulo.
Más allá de los pirómanos de la política nacional, hay un contexto del que no podemos ser ajenos. La industria de la desinformación opera como la anatomía de un bulo: parte del cuerpo de un medio de información basura tiene apariencia real para así poder transportar la propia basura. Las injerencias de webs y bots difusores de bulos en las elecciones norteamericanas de 2016 o el Brexit ha sido mejorado por el modelo Alvise o el propio Elon Musk utilizando el algoritmo para alterar la realidad e influir en el 5N.
Sobre este contexto se debatió y aprobó en abril el Plan de Medios por la Democracia en Europa y acaba de aterrizar en el Congreso con el mismo nombre. Al Gobierno le falta poner letra pequeña a las treinta medidas a desplegar en tres años, pero las que atañen a la prensa mejorarían lo que tenemos si se cumplen la letra y el espíritu de lo publicado.
Sin ciertas reglas, la desinformación abona sociedades disfuncionales, fraccionadas, crispadas y ciudadanos con dificultades para diferenciar lo veraz del bulo
Una cosa es estar alerta y otra –he aquí la paradoja– desinformar sobre lo que dice el plan. Vayamos a la literalidad. El plan de Pedro Sánchez no habla de control a los medios. Es Europa, con los votos de PP y PSOE, quien exige un registro y un listado. El plan del ejecutivo no habla de medios buenos y malos pero sí de publicar la financiación pública que reciben webs, canales y plataformas. Porque en general, quién paga y en qué porcentaje lo explica casi todo. No se puede estar en contra de publicar qué financiación pública va a los medios; qué porcentaje de fondos pueden recibir para que no sean totalmente dependientes de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o de un gobierno. No se puede estar en contra de la transparencia que permite saber si tras un accionariado está el constructor, el cacique de turno que controla un canal local o un fondo de inversión de capital opaco. No se puede estar en contra de regular las acreditaciones a quienes no respetan las mínimas reglas deontológicas. Tampoco se puede estar en contra de obligar a los partidos financiados con dinero público a no vetar la entrada en sus sedes a periodistas. Tampoco se puede estar en contra de publicar los microdatos de las encuestas electorales que influyen en campaña. O establecer criterios básicos para inyectar a un medio el dinero de todos. Que sea en base a suscripciones, lectores, el fin y beneficio público de un medio son los criterios a debatir… pero no el debate en sí.
Aunque el plan presentado por Félix Bolaños recoge 30 medidas a desarrollar en tres años, las relativas a medios tienen fecha. España tiene hasta agosto de 2025 para trasladar al ordenamiento jurídico español el Reglamento Europeo. Lo planteado por Pedro Sánchez sobre medios está incluido ahí. Y como es habitual, una vez el debate llega al Congreso, llega el barro. Donde el PP veía libertad y democracia, ahora ve censura y dictaduras. Donde debe explicar qué propone y cómo lo haría para votarlo en las Cortes tal y como hizo en Europa, prefiere rebajar el debate a comparar a Sánchez con Franco. Es obligatorio seguir las intenciones del Ejecutivo sobre cómo pretende trasladar las medidas europeas a los medios. Pero también hay que exigir al PP no desvirtuar un debate que retrase o tumbe unas medidas que pueden mejorar lo que tenemos.
