El 'Vietnam judicial' debe parar

Hubo años en los que costaba un esfuerzo titánico que se abrieran algunas causas judiciales. Agitar el árbol que decía Jordi Pujol para que cayeran las manzanas podridas costó la salud y casi el puesto a más de un juez, un fiscal, un testigo o un policía. Una época donde se desbordó la corrupción y vio la luz en los juzgados con mayor o menor alcance. Se consiguió el paseillo de Rajoy, mientras en Francia se ha condenado a Sarkozy por mecanismos de financiación calcados. O la condena a Urdangarin, a pesar de la absolución de la infanta Cristina de Borbón frente a la mujer de su socio por hechos también calcados. Y aún con sus desajustes, celebramos el fin de esa década oscura con la idea de que en España nadie salvo el emérito es inmune a la ley.

Llegó la siguiente temporada y con la moción de censura del PSOE empezó la fiesta. Causas políticas que se abren con testimonios dudosos, falta de pruebas e incluso sin base penal. El rapapolvo judicial a la jueza María Cristina Díaz por imputar al presidente del CIS ha sido el ejemplo más sonoro de una dinámica que se está repitiendo demasiado a menudo y es preocupante.

Cabría pensar que al haber sido la jueza alto cargo del PP en dos legislaturas, en lo nacional y autonómico, con Rajoy y hasta ese punto de inflexión de la moción, María Cristina Díaz debería haber sido doblemente garantista y no doblemente imprudente. Por su reputación profesional y la de los suyos. Pero no ha sido así.

Los tres jueces han ordenado el archivo porque en Derecho están prohibidas las causas generales y prospectivas; porque tiene que haber un delito en la denuncia y no solo un reproche político o de conducta; porque las encuestas de Tezanos pueden ser una chapuza pero no encajan en la malversación de caudales públicos; porque cuando se imputa a una persona, esta tiene derecho a conocer las razones por las que se le investiga y pueda preparar su defensa; y porque con recortes de prensa no se abren casus belli. Todos estos agujeros negros que los jueces han visto en el caso Tezanos no son nuevos caso Tezanos , pero se han dado con tal contundencia que obliga a plantearse por qué ese pasarse de frenada de algunos jueces sigue el mismo patrón en casos que afectan a miembros y cargos del gobierno.

Pasó con la investigación de la marcha feminista del 8 de marzo, donde la jueza no amonestó a los agentes por elaborar el informe principal con recortes de prensa y pantallazos de Twitter para señalar a la ministra Irene Montero como supuesta artífice y culpable de los fallecimientos por covid tras ese 8M. El exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, ha tenido más suerte que Corinna. A cada acusación verbal le ha correspondido una pieza separada. De las ocho abiertas, se han deshecho seis. Ahí quedan las portadas durante dos años. Y se ha instruido con un brío que ya lo hubiéramos querido en el Tribunal Supremo para investigar al emérito, donde se han archivado las querellas de Izquierda Unida contra Juan Carlos I sin una sola diligencia por hechos posteriores a 2014.

Sin entrar a valorar la sentencia al diputado Alberto Rodríguez, condenado siete años después de una manifestación contra la ley Wert en La Laguna sin que en el juicio se haya demostrado su culpabilidad porque ante la palabra de un agente no hacen falta pruebas, han pedido al Supremo que aclare el fallo. No es menor, está en juego el escaño y la representación parlamentaria de un diputado. Lejos de concretar si la condena implica la pérdida del acta, el Supremo apremia al Congreso y carga off the record contra la interpretación de los letrados que mantienen que la inhabilitación por sufragio pasivo no deja a Rodríguez sin escaño. En un oficio de difícil precedente, el Supremo pide que se agilice la condena pero no ponen negro sobre blanco si pierde o no el acta porque efectivamente es interpretable.

En un caldo de cultivo que merecía más templanza judicial que leña al fuego, hay jueces que también off the record alertan de una realidad gravísima: hay magistrados dictando resoluciones empañadas de ideología. Podemos asumir que es una opinión personal, pero se corresponde con la percepción de demasiada gente y demasiados casos. Se refieren a una fuerte agitación interna de la judicatura conservadora alentada por la derecha política y su rechazo a aceptar la legitimidad del Gobierno de coalición. Un ambiente interno revuelto por la entrada de Podemos en la coalición. Un fenómeno a estudiar, dicen, con la irrupción de Vox y la extrema derecha en sectores de la judicatura.

La tentación de blindar a la patronal

Ver más

Garantías básicas que eran intocables y ahora se vulneran. Jueces con pseudónimo en cuentas de Twitter insultando a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Ione Belarra, Irene Montero o Yolanda Díaz. Jueces que por más de derechas que fueran jamás habrían llamado terrorista o asesino a un cargo público bajo pseudónimo o sin él. Comentarios en redes donde embisten de manera agresiva y contínua a cargos y ministros (sobre todo ministras). Ataques personalizados en un ambiente que en la profesión, cuentan, no existían. Un sector mayoritario conservador que hasta ahora había sido prudente y cuidadoso en las formas y ahora tiene a miembros de la judicatura que se envalentona en un caldo de cultivo del que no son capaces de abstraerse como obliga cualquier código de buena conducta.

El Poder Judicial en España cuenta con tal sistema de garantías que cualquier posible abuso judicial se frena en las instancias superiores. Pero alentar las expectativas de un sector ideológico con causas sin agarre penal y sin fundamento es otra forma de populismo y manipulación. Si lo hacen algunos jueces, por falta de celo o ideología, es más grave a que lo haga la política. Y si estos jueces saben, como sabemos todos, que forman parte de la estrategia de Vox, con un centenar de procedimientos en menos de dos años, lo mínimo es pedirles el máximo rigor en la instrucción.

No sé si algunos magistrados se verán desde fuera. Si valoraran que el corporativismo hay que ejercerlo a la inversa, protegiendo la independencia judicial, las garantías y la coherencia, el espíritu templado de la ley. Es momento de que el corporativismo judicial expulse y repruebe a aquellos de los suyos que instruyen en caliente o a la ligera. El Vietnam judicial, expresión con la que describe el panorama de la magistratura post-moción de censura el periodista y analista Enric Juliana, debería templarse mucho antes de las próximas elecciones. Porque en la justicia, como en la política y los medios, la credibilidad es lo que más cuesta recuperar una vez se pierde. Las heridas que pueden dejar cuatro años de acumulación y desgaste son inasumibles para ellos y para los ciudadanos.