“Lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias”, decía Borja Sémper en una declaración a la prensa este lunes tras presentar una querella contra el PSOE por financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho. Una querella que, sorprendentemente, no está basada en informes oficiales ni información acreditada sino en la noticia que publicó hace unos días un medio digital (regado, por cierto, de publicidad institucional del Ayuntamiento de Madrid) y que, además, proviene de una fuente anónima.
La información es la siguiente: un socio de Víctor de Aldama, el supuesto comisionista del caso Koldo que, desde la semana pasada, está en prisión por uno de los mayores fraudes en el IVA de carburantes, supuestamente entregó bolsas con 90.000 euros en Ferraz a cambio de beneficios políticos. De ese socio no se conoce la identidad. Pero es que ese socio tampoco es capaz de identificar a la persona relacionada con la sede socialista que recibió el dinero.
En el PP se han lanzado en tromba a asegurar que Sánchez era el "jefe" de la trama y que "nadie movía un dedo sin que él diera el Ok", por lo que cuesta entender que, si tan seguros están, no hayan pedido todavía su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado. También resulta chocante que presenten una querella basada en informaciones —la supuesta entrega de efectivo— que no aparecen en ninguno de los informes de la Guardia Civil sobre el caso: ni en la trama de los hidrocarburos ni en la de Koldo.
Sí aparece en esos informes el “papel relevante” que José Luis Ábalos, exministro y mano derecha de Pedro Sánchez, tuvo en la presunta trama de compra-venta de mascarillas durante la pandemia. Su imputación, de hecho, podría estar al caer. Lo cierto es que el Gobierno tendrá que dar respuesta a muchos interrogantes, como, por ejemplo, por qué cesó como ministro de manera inesperada a Ábalos en 2021 y poco después como secretario de organización. También por qué Sánchez lo recuperó en las listas del Congreso en las elecciones de 2023.
Les sonará eso de usar noticias poco contrastadas para interponer una denuncia. Es lo que hizo Manos Limpias contra Begoña Gómez. De hecho, una de las noticias en las que se basaba la querella del pseudosindicato ultra —por cierto, del mismo medio en la que ahora se basa el PP— era directamente mentira porque atribuía a la esposa del presidente una subvención que realmente había obtenido otra persona con el mismo nombre.
El PP ha activado el modo ‘guerra total’ contra el PSOE después de intentarlo con ETA, la amnistía, la inmigración o la convalidación de penas de los terroristas. Saben que los números no les dan para una moción de censura, así que atacan por la vía judicial
Son estrategias que sirven para desgastar al rival político y sientan precedentes muy peligrosos. Cualquiera puede publicar un bulo, una información poco contrastada o un supuesto chivatazo. Esas denuncias anónimas pasan a convertirse en “realidades” en un doble sentido. Por un lado, la persona acusada se transforma en sospechosa ante la opinión pública. Aquí entra en juego la maquinaria de la derecha mediática que dedica editoriales, columnas y horas de tertulia al tema. Y por otro, el caso cae en manos de un juez —véase el ejemplo de Juan Carlos Peinado— que comienza a investigar procesos que pueden eternizarse y que, en la mayoría de los casos, quedan en nada. Acusa, que algo queda. ¿Se acuerdan de Neurona? Hace tan sólo unos días se archivó la causa tras cuatro años de acoso mediático y judicial a Podemos. El resultado de todo esto es la judicialización de la política, eso que conocemos como lawfare, y que erosiona y resta credibilidad a todas las instituciones. Con situaciones así: ¿quién va a confiar en los criterios de la magistratura?
De momento, el PP ha activado el modo ‘guerra total’ contra el PSOE después de intentarlo con ETA, la amnistía, la inmigración o la convalidación de penas de los terroristas (una enmienda que los propios populares votaron aprobar y que ahora achacan a un "error"). Saben que los números no les dan para una moción de censura, así que atacan por la vía judicial. Si esas sospechas que decía Sémper se convierten en evidencias, lo sabremos. Pero si la querella no es aceptada finalmente el coste político puede ser alto para los populares. Mientras tanto, que el ruido no nos aleje de los verdaderos problemas de la ciudadanía. Uno de ellos es el de la vivienda, para el que ni Gobierno ni oposición han sido capaces de proponer medidas que atajen una crisis que mantiene con el agua al cuello a buena parte del país.
“Lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias”, decía Borja Sémper en una declaración a la prensa este lunes tras presentar una querella contra el PSOE por financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho. Una querella que, sorprendentemente, no está basada en informes oficiales ni información acreditada sino en la noticia que publicó hace unos días un medio digital (regado, por cierto, de publicidad institucional del Ayuntamiento de Madrid) y que, además, proviene de una fuente anónima.