El estado provisional, la escandalera y una larga legislatura

En la sesión de control al gobierno de este miércoles escuchamos a Pedro Sánchez insistir en sus intervenciones en que queda una larga legislatura por delante. La afirmación no deja de ser llamativa. Resulta extraño tener que poner sobre la mesa que las elecciones se celebraron hace apenas unas semanas y que las Cortes acaban de constituirse. Sin embargo, parece necesario recordar en qué fase estamos. Si nos fijamos en el tono del debate político actual parece que nos encontremos en un período preelectoral o en los momentos inmediatamente anteriores a una crisis de gobierno.

La clave para entender este extraño ambiente que se vive en la política española quizá esté en el largo período de inestabilidad arrastrado desde 2016. Es evidente que hemos vivido bajo un caos institucional durante casi 40 meses. Posiblemente, nos hayamos malacostumbrado a la existencia de un gobierno provisional. Esta situación implicaba un doble efecto. Por parte del ejecutivo, su incapacidad para tomar medidas de calado al no contar con el indispensable apoyo parlamentario. En segundo lugar, la inestabilidad permanente abría un amplio espacio de agitación a la oposición que veía posible derribar al gobierno si conseguía presionar lo suficiente.

Lo sorprendente ahora es que la oposición encabezada por el PP y secundada por Vox y Ciudadanos parece entender que seguimos en plena provisionalidad. Ya se pudo comprobar en la investidura que no parecía dispuesta a aceptar su derrota electoral. Han pasado varias semanas y seguimos en las mismas. El nivel de tensión y de confrontación permanente que se impone contra el gobierno deja poco espacio para entender qué futuro nos espera. Resulta evidente que la derecha ha asumido que no es que haya un gobierno provisional, como en la práctica ha ocurrido en estos 40 meses, es que parece dispuesta a comportarse como si viviéramos en un estado provisional.

Estamos en el inicio de la legislatura. Cabe entender que haya frontales discrepancias entre gobierno y oposición en las políticas ante las que caben diferentes planteamientos ideológicos. También cabría entender que existiera la posibilidad de establecer amplios acuerdos en políticas de interés general, que pueden ir desde el modelo territorial hasta la actualización de unos presupuestos obsoletos, pasando por cuestiones transversales como la educación, las pensiones, la lucha frente al cambio climático o la adaptación al impacto de las tecnologías digitales. Lo que no resulta admisible es bloquear los nombramientos de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Consejo de Administración de RTVE. El PP, en este caso, mantiene una posición inaceptable. Con el bloqueo intenta impedir que el sistema constitucional funcione con normalidad, con el fin de no perder las mayorías de control que obtuvo legítimamente después de anteriores procesos electorales. Negarse a la renovación de estos cargos institucionales equivale a que un partido en el gobierno, tras cuatro años de legislatura, se negara a convocar elecciones ante el temor de perderlas. No tendría justificación democrática alguna.

La oposición tiene todo el derecho del mundo a ejercer con la dureza que desee su labor de crítica y a manifestar su disconformidad con las actuaciones del gobierno de coalición. Queda abierta la duda de las consecuencias que puede tener el mantenimiento permanente de un tono tan crispado. La eficacia del sobresalto o de la subida de decibelios depende precisamente de su uso puntual. Si queremos resaltar la gravedad de un hecho es necesario que se pueda expresar de manera diferente a lo cotidiano. Ahora bien, si lo rutinario es el grito y la escandalera se corre el peligro de que la gente deje de escuchar con atención. El ataque permanente y contundente a un gobierno puede contribuir a desgastarlo ante la opinión pública. A la vista de la situación, vamos a aprender cuánto se puede desgastar también una oposición que no parece dispuesta a modular la intensidad de su crítica.

La clave de la estabilidad del actual gobierno depende de manera casi exclusiva del entendimiento que alcancen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. De momento, parece que la relación funciona sin que haya aparecido ningún atisbo de desacuerdo. Si la coalición se mantiene unida tendremos cuatro años de gobierno. Seguramente, no hay mejor pegamento en política que la unión ante el ataque exterior. La desmedida actitud de la derecha en su ejercicio de oposición es posiblemente el elemento que garantiza con mayor seguridad la larga vida que puede tener la actual legislatura.