Ayuso reside en la mentira: mintió sobre las residencias y sus residencias

Es muy probable que nada de lo que he escrito en este artículo importe a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha interiorizado desde hace tiempo que, para hacer política, la verdad es sólo una herramienta más dentro de una caja cargada de armas arrojadizas.

Por eso su actitud de estos días no es sólo una expresión de desfachatez o grosería (“¡hay que ver, qué atrevida es, qué genio tiene!”, piensan algunos, entre la sorpresa y la admiración). Estamos, ni más ni menos, que ante una concepción de la política más conectada a la pillería (cuando no al pillaje) que a la ética y la honorabilidad.

Por todo eso no desgrana sosegadamente los detalles sobre las actividades de su pareja que, según ella, tienen explicaciones obvias, y se limita a arremeter con expresiones grandilocuentes que rebosan excitación. 

Estamos hablando de una larga inspección de la Agencia Tributaria, con requerimientos, comunicación con los afectados, documentos y, finalmente, una denuncia de la Fiscalía. Cualquiera se cuadraría y entendería que eso va en serio y que el fisco no suele disparar sin bala. Pero Ayuso sólo acierta a recordarnos lo pernicioso que es el “sanchismo”, esa corriente política contemporánea creada contra ella, el PP y los ciudadanos de Madrid; o incluso lo muy odiada que es ella por sus dotes de liderazgo, inteligencia y defensa de la libertad. 

No es necesario que la estrategia sea sólida o sofisticada, sólo que pueda enfrentarse a otra aunque esta última sí lo sea. Cada shock va agitando grietas de las que manan titulares espectaculares y por las que se cuela el virus de la antipolítica hasta el momento en el que la acción de la democracia y el debate público corrija la senda o, en caso contrario, se consume un choque de trenes. 

Puede que a ella no le importe. Incluso que gane elecciones con mayoría absoluta, algo que jamás borra los hechos ni puede entenderse como un cheque en blanco en ningún asunto concreto, ya que la ciudadanía vota por múltiples motivos. A los ciudadanos sí debe importarnos. Nos merecemos conocer la verdad. Si eso fuera mucho pedir, como mínimo, cuando surge la duda, no nos merecemos una mentira. 

Ayuso ha mentido. 

Desde luego, lleva años haciéndolo sobre sus residencias. Mintió a la Asamblea de Madrid sobre su declaración de bienes y actividades empresariales con su hermano, como desveló infoLibre, y se vio obligada a rectificarla en varias ocasiones. En esas declaraciones figuró el piso donado en 2011 por su padre (ahora su “difunto padre”, como ella lo recuerda en público), que a través de su empresa dejó un pufo de 400.000 euros a la entidad de crédito semipública madrileña por el que no ha respondido ninguno de los dos hermanos Ayuso. Los dos han recibido, en cambio, dos propiedades inmobiliarias que, si no hubiese mediado maniobra alguna, seguramente habrían sido embargadas por los acreedores. Ella dijo no saber nada y no haber estado involucrada, pero los e-mails revelados por este periódico prueban lo contrario. Los técnicos alertaron de la falta de solvencia del crédito, pero fue concedido a los Ayuso mientras ella despuntaba en el PP de Madrid. Nunca se devolvió el dinero público. 

En plena pandemia ocultó información sobre su residencia temporal, un confortable hotel de un empresario amigo, al que se mudó en condiciones muy ventajosas y sorteando las limitaciones del estado de alarma.

Sin lo público, Ayuso y su entorno no habrían florecido. Su gestión de lo público queda resumida en las residencias de mayores durante la pandemia

Ahora, miente cuando dice que los problemas con Hacienda de su pareja son previos a su relación, porque ya estaban juntos en julio de 2021, cuando Alberto González Amador presenta la primera de sus declaraciones bajo sospecha reveladas por elDiario.es. Dice que el Estado le debe dinero y no al revés, pero el abogado de su pareja, por escrito en un e-mail a la Fiscalía, reconoce que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, como destapó la Cadena Ser.

Gran parte del éxito de Ayuso parece estar relacionado con su gallardía, con su identificación con el madrileño medio, sencillo, libre y feliz de tomar cañas frente a un Estado expropiador y asfixiante. La realidad de Ayuso no puede ser más distinta. La pandemia fue muy lucrativa para el entorno de Díaz Ayuso, que se empleó a fondo en complejas maniobras ajenas impensables en la mayoría de las familias. Y lo fue gracias al dinero público o a empresas cercanas a lo público, que ella gestiona, que generalmente pagan la fiesta de aquellos que reivindican un Estado pequeño y un espíritu emprendedor basado en la meritocracia. 

Sin lo público, Ayuso —periodista sin apenas notoriedad hasta que se involucró en política— y su entorno no habrían florecido. Así de sencillo. 

Pero, si Ayuso no es nada sin lo público, ¿qué es de lo público, de la gestión de la vida diaria de los ciudadanos, gracias a Ayuso? Las residencias, en este caso las de mayores, vuelven a situar a la presidenta autonómica en el terreno de la mentira. 

Están a punto de cumplirse cuatro años del conocido como Protocolo de la Vergüenza, que desveló en exclusiva infoLibre. Ayuso dijo en un primer momento que era un borrador, pero fue firmado por un alto cargo de su Gobierno, se distribuyó y, lo que es peor, se aplicó con enorme precisión. 7.291 personas murieron entre marzo y abril de 2020 sin ser derivadas a hospitales, algunas en condiciones penosas en unas residencias que no estaban preparadas y cuyo modelo es, salvo excepciones, una máquina de ganar dinero a costa de la vejez. 

Dijo que en todas partes pasaba lo mismo y, recientemente, que se iban a morir igual. Literalmente, que “no se salvaban en ningún sitio” y que, además, “en todas partes” ocurría lo mismo. No es cierto, como revelan los datos (aquí cinco, clave). Puso en marcha un hospital de campaña, pero no trató ahí apenas a residentes. Construyó con ingentes recursos un hospital milagro que apenas se utilizó y que languidece. Tuvo el control de la sanidad privada, pero tampoco utilizó sus recursos. Dijo que está dispuesta a reunirse con los familiares de los fallecidos pero lleva cuatro años negándose. 

Dijo que el responsable era Pablo Iglesias, pero tampoco es verdad porque nadie retiró las competencias sobre residencias a las comunidades. Dijo que no tenía nada que ocultar para enterrar la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Por eso este viernes se dan a conocer las conclusiones de una Comisión de la Verdad impulsada directamente por ciudadanos y presidida por el prestigioso magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín.

Qué pena que tenga que ser la ciudadanía la que se organice para conocer la verdad y dirimir responsabilidades de su propio Gobierno cuando la ciudadanía debería estar en el centro del Gobierno que sale de las urnas. Por eso es necesario que haya medios de comunicación que desvelen los datos (a menudo procedentes de la propia administración) frente a los peores relatos.