La emergencia de las residencias en la Galicia envejecida
El titular llamó hace no mucho tiempo la atención. En Ourense ya hay más pensionistas que cotizantes. El éxito como país que supone vivir cada vez más años (en Galicia, la media está en 86 años para las mujeres y 80 para los hombres) también dejaba al descubierto el reto de financiar de manera digna las últimas etapas de la vida.
En realidad, muchas provincias en toda España se encuentran en una situación delicada porque lo que la Seguridad Social ingresa por cotizaciones e invierte (evitemos decir gasta) en prestaciones no cuadra.
Toca elegir si resignarse a dejar a los mayores a un lado, y que se las apañen como puedan (al fin y al cabo, ¡no hay dinero!), o acompasar la alegría que supone para un país que sus ciudadanos tengan vidas más largas con la oportunidad de un cambio de modelo.
La reforma de las pensiones comandada por José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social, y acordada con la Comisión Europea (y esto es muy importante, porque en Bruselas se mira con lupa la sostenibilidad financiera del sistema), es un paso, así como el blindaje de su subida conforme al IPC. No nos engañamos: no hay que elegir entre la dignidad de nuestros mayores y las oportunidades de nuestros jóvenes. La dignificación de las condiciones de trabajo impulsada por Yolanda Díaz al frente de Trabajo, con subida del salario mínimo, mejoras para sectores como las empleadas del hogar o los riders, entre otros, es otro paso.
Pero faltan otros muchos, también en otros campos y más allá del esencial aprovechamiento de los fondos europeos: la reindustrialización, el incremento de la productividad, la mejora en la educación y la capacitación o, por qué no decirlo, la reforma fiscal pendiente para fortalecer la tracción pública, única capaz de reducir las desigualdades y dar oportunidades a las personas más vulnerables. Toca elegir: o nos resignamos al sálvese quien pueda y vaciamos lo público (imagínense quién sale beneficiado) o fortalecemos lo público para que nadie se quede al margen.
En cuanto a las residencias, España y Galicia han optado claramente por el sálvese quien pueda. Por hacer de la vejez un negocio que nutre las cuentas de empresas privadas, en ocasiones con base o raíces en paraísos fiscales, que a menudo nos ofrecen imágenes miserables de usuarios mal cuidados, habitaciones o comida en mal estado. Y eso, los que tienen la suerte de lograr plaza entre listas de espera y precios altos.
Salvo los reproches al PP por no construir nuevos centros públicos, las residencias siguen siendo un asunto de segunda en un país con una necesidad de primera
En Galicia, con pensiones bajas, la oferta sigue siendo mayoritariamente privada (sólo una de cada cuatro plazas es pública o concertada), con cuotas imposibles de pagar para la mayoría salvo que se sacrifiquen ahorros o contribuyan familiares. Y no todo el mundo tiene ahorros en una sociedad en la que las familias cada vez son menos numerosas. Hay apenas 3,3 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, que son más de 700.000 en Galicia, más de un cuarto de la población total (ver aquí este artículo de Marcos Pérez Pena en Praza Pública).
Por eso, que la Xunta se haya enfrentado al Gobierno y la nueva regulación del ministerio de Derechos Sociales liderado por Ione Belarra, rebelándose contra la rebaja del número máximo de residentes por centro sin aclarar tampoco si incrementará la ratio de trabajadores, es revelador, como explica este artículo de Lara Carrasco. Todo ello pese a recibir fondos públicos del Gobierno, como denuncia Pladigmare:
Si la pandemia nos enseñó algo es lo mal preparadas que estaban las residencias privadas. Dramática fue la mortalidad en las de DomusVi frente a las públicas, como explicó Manuel Rico en su investigación al respecto, de absoluta referencia. Y dramática fue la falta de preparación de lo público, en exigencia de trabajadores, profesionales sanitarios e inspectores, todavía sin revertir pese a la nueva estrategia.
En las dos páginas escasas que dedica el programa electoral de Alfonso Rueda no hay ni una cifra. Ni un compromiso de inversión, ni un bosquejo de modelo concreto. Sólo verbos como “reforzaremos”, “incrementaremos” “impulsaremos” o “extenderemos”. Compromisos concretos, ninguno. Parecido es el del PSdeG, con cuatro referencias contadas a las residencias y tres a los centros de día, sin concreción alguna. Algo más de detalle ofrecen Sumar y Podemos, pero sin duda el más profuso es el del BNG, con un análisis basado en datos y compromisos concretos sobre número de residentes por centro, tipos de módulo y un catálogo de medidas que abordan buena parte de los ángulos de los cuidados.
Salvo los reproches al PP por no construir nuevos centros públicos (algo que su propio programa reconoce al reivindicar un esfuerzo reciente y todavía en curso), las residencias siguen siendo, pese a todo lo que ha llovido, un asunto de segunda en un país con una necesidad de primera categoría.
