Viejos y nuevos disparates sobre los ERE
Primero. ¿Dónde está la sentencia?
Hablamos por hablar, por filtraciones y por suposiciones, porque el Tribunal Supremo no ha publicado la sentencia que condena a Griñán y otros acusados a entrar en prisión o a largas inhabilitaciones. La Constitución Española dice en su artículo 120 que “las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. Pero el presidente de la Sala Segunda ha decidido anticipar el fallo, antes de que se redacten los votos discrepantes de las dos magistradas progresistas. No es una tontería. Los tres jueces conservadores que han generado mayoría frente a ellas dos saben que anticipando el fallo con la excusa literal de “la relevancia pública del caso” controlan mejor la información. De haber esperado a contar con la sentencia completa, como ordena implícitamente la Constitución, con los argumentos de los tres conservadores pero también de las dos progresistas, la noticia habría sido mucho más cuestionable y el debate social mucho más rico. De modo que, para qué esperar dos o tres meses: se anuncia el fallo ahora antes de vacaciones y ya vendrán las discrepantes en septiembre a decir lo que quieran. “La relevancia pública del caso”, siempre subjetiva, y en cualquier caso idéntica en julio y en septiembre, parece ser la excusa de los conservadores para convertir la decisión en una estrategia de comunicación que no muestre la debilidad de la sentencia, formulada por un Tribunal partido en dos.
Segundo. ¡Seis años de prisión!
Un buen hombre como Griñán, que jamás se ha llevado un duro y que tiene 76 años, tendrá que entrar en prisión. Aún lo podría evitar si le ampara el Tribunal Constitucional tras el recurso que se prevé interponer en otoño. Pero en su composición actual, con mayoría conservadora, el amparo probablemente no se produciría. Habrá que esperar a ver si funciona la decisión del Gobierno para que ese Tribunal pueda ser renovado aun estando en funciones el Consejo General del Poder Judicial. Si así fuera, quizá el Constitucional pueda evitar que el ex presidente andaluz pise la cárcel, aunque la costumbre manda que para evitarla la pena sea como mucho de cinco años, uno menos de los que le han impuesto.
Tercero. “Debería haber sabido”
Todo parte de una suposición: Griñán, siendo consejero de Hacienda, debería haber sabido que las ayudas que se concedían a empresas en dificultades no estaban pasando los controles obligados. Los tres magistrados pasan por alto que el Parlamento andaluz legisló sobre la cuestión, con el voto favorable del PP, y que ejerció el control que le correspondía. Como señaló el martes en El País el abogado de Gaspar Zarrías, el penalista Gonzalo Martínez Fresneda, esa suposición implica dejar al poder legislativo al servicio del poder judicial. Un parlamento puede y debe legislar y hacer una ley que permita conceder ayudas por la vía de urgencia saltando controles habituales, es equivalente a comprar mascarillas mucho más caras de lo habitual y sin previo concurso público en casos de emergencia. Los tres magistrados conservadores ignoran la división de poderes y suponen que el poder judicial está por encima del legislativo y del ejecutivo.
Cuarto. “El mayor caso de corrupción de la historia de España”
La sentencia ha vuelto a extender la gran falacia de la década. Como el volumen total de las ayudas articuladas por la Junta de Andalucía, muchas de ellas aún hoy vigentes, fue de 680 millones de euros, eso permite al PP y sus terminales mediáticos afirmar que no ha habido un mayor caso de corrupción en nuestra historia. Es una mentira sin matices. Los mayores casos de corrupción política de la historia de España los ha protagonizado precisamente el PP. La sentencia da por probado que hubo un total de 103 “intrusos”: personas que recibieron ayudas sin merecerlas. Y condenó ya a un puñado de funcionarios que utilizaron fondos públicos en beneficio personal (sí, incluso en prostíbulos). A partir de ahí se ha extendido por todo el país el gran y fácil bulo según el cual los socialistas son puteros y cocainómanos que han despilfarrado casi 700 millones de euros. Recordemos al Moreno Bonilla candidato de hace cuatro años yéndose a un puticlub para abrir allí campaña electoral.
Los mayores casos de corrupción política de la historia de España los ha protagonizado precisamente el PP. La sentencia da por probado que hubo un total de 103 “intrusos”: personas que recibieron ayudas sin merecerlas
Son un motor peligroso, marrullero y mentiroso: el que forman, cada uno en su papel, unos políticos sin escrúpulos, unos magistrados conservadores (que precisamente por ser jueces tienden a ser ultraconservadores) y unos medios de comunicación al servicio de las derechas más recalcitrantes. Capaces sin que les tiemble el pulso de encerrar a un hombre honrado y bueno, que se llama Pepe Griñán. Qué miedo.
