El acuerdo de investidura de Sánchez remite, sobre todo, a la integración de las personas de identidad nacional distinta de la española en un proyecto político común, lo que sitúa la realidad plurinacional de España y la cuestión territorial en el centro del debate político. Le guste o no al PSOE, la viabilidad de la legislatura exige su compromiso inequívoco, lo que se materializa, al menos, en el reconocimiento de las minorías nacionales catalana, vasca y gallega, y en una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), que, sin interesar a la Constitución, mejore la proporcionalidad del sistema en futuras elecciones generales.
Sobre lo primero, ¿la sociedad catalana es plurinacional? Para la generalidad de los votantes del PP o de Vox, en Cataluña no hay más nación que la española, lo mismo que para los votantes de Junts o de CUP solo existe la nación catalana: ambas comprensiones son uninacionales y están fuera de la realidad. En Cataluña conviven personas de dos identidades nacionales dominantes, la española y la catalana, con otras a las que no les supone ningún problema identificarse como catalanes y españoles. Es innegable que la sociedad catalana es plurinacional y, por lo tanto, la española también lo es. Sucede con este concepto –la plurinacionalidad– lo mismo que con la idea de república para muchas personas de más edad. Plurinacionalidad se asocia a soberanismo o independentismo, cuando es justamente lo contrario, lo mismo que muchos de los más mayores asocian república a izquierda cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra: la comprensión plurinacional de España es lo contrario que el referendo para la autodeterminación, y es, desde luego, un concepto identitario español que propone la convivencia de todos en un proyecto común. Precisamente, el núcleo del acuerdo de investidura de Sánchez y de la legislatura.
Considerando todas las provincias, la LOREG está desplazando, en nuestros días, 64 escaños de la proporcionalidad: sólo por esta razón tuvieron posibilidades de alcanzar el gobierno el PP y Vox
Por lo tanto, no se trata de transitar por la legislatura haciendo de la necesidad virtud o sin liderazgo, porque ya no hay camino sino la cuerda floja o el alambre por donde, quieras o no, estás obligado a protagonizar el consenso de los demás. Se trata, por el contrario, de comprender el momento histórico y la oportunidad de producir un cambio de época verdadero en España, algo que va mucho más allá de eufemismos tales como agenda del reencuentro, diálogo o convivencia; se trata de producir un cambio cultural, plenamente transversal, en los partidos políticos y en la sociedad española. Se trata, en definitiva, de explicar las cosas: ¿cuál es la España que idealiza el nacionalista español cuando protesta por la ley de amnistía? Seguramente, aquella en la que no se ponía el sol. ¿Cómo era esa España? Era lo que se vino a llamar monarquía compuesta, esto es, un conjunto de reinos autónomos en sus diseños institucionales, Cortes, fueros, lenguas y costumbres; era, salvando las distancias, una España plurinacional. Sin embargo, ese nacionalista español recibe de la historia la España de nueva planta de Felipe V aquilatada por Francisco Franco, esto es, uninacional y autoritaria, lo que descubre una contradicción profunda entre la que idealiza y la que es capaz de racionalizar, esa España que ya no tiene más expresión política que a por ellos, gobierno ilegítimo, bilduetarras, golpistas y comunistas cuando no chavistas, que te vote Txapote, de ninguna manera, que cada cuál contribuya como pueda –para impedir la investidura–, o me gusta la fruta. Ahora bien, entre los que votan a quienes se expresan así, hay demócratas, luego es muy obtuso visualizarlos como un todo uniforme y hostil, lo que necesitan es información y explicaciones razonables de las cosas, didáctica democrática.
Sobre lo segundo, la mayoría de la legislatura puede producir una reforma de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General que dotaría de más proporcionalidad al sistema en futuras elecciones generales. La reforma consiste en reducir la representación mínima inicial de cada provincia de dos a un diputado –52 con Ceuta y Melilla en lugar de 102–, distribuyéndose los 298 restantes de modo proporcional a la población de cada provincia. Al no interesar a la Constitución, tal reforma no necesita más votos positivos que los de la mayoría simple del Congreso (176), como cualquier otra Ley Orgánica. Con esto, los resultados del 23J, en términos de escaños, habrían sido los siguientes: PP, 131 (-6); PSOE, 123 (+2); Sumar, 35 (+4); Vox, 32 (-1); JxCat, 8 (+1); ERC, 8 (+1); EH-Bildu, 6 (=); PNV, 4 (-1); BNG, 1 (=); CCa, 1 (=); UPN, 1 (=). El efecto de esta reforma sobre los resultados del 23J reduce a 165 escaños la suma de diputados del PP, Vox, UPN y CCa. Por el contrario, aumenta hasta 185 diputados la mayoría de la investidura.
Esta es la verdad: Castilla y León debería contribuir al Congreso de los Diputados con 17 representantes sobre 350, pero la LOREG le asigna 31 (+14), por ser una comunidad autónoma con muchas provincias y poca población en cada una. Considerando todas las provincias, la LOREG está desplazando, en nuestros días, 64 escaños de la proporcionalidad: sólo por esta razón tuvieron posibilidades de alcanzar el gobierno el PP y Vox.
Una reforma que mejora la proporcionalidad del sistema es del interés general, pero ésta en concreto asegura el cambio de época que el consenso de los demás está exigiendo al PSOE.
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Jaime Miquel es analista electoral.
El acuerdo de investidura de Sánchez remite, sobre todo, a la integración de las personas de identidad nacional distinta de la española en un proyecto político común, lo que sitúa la realidad plurinacional de España y la cuestión territorial en el centro del debate político. Le guste o no al PSOE, la viabilidad de la legislatura exige su compromiso inequívoco, lo que se materializa, al menos, en el reconocimiento de las minorías nacionales catalana, vasca y gallega, y en una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), que, sin interesar a la Constitución, mejore la proporcionalidad del sistema en futuras elecciones generales.