En el Parlamento Europeo, el Partido Popular sigue las directrices del PP europeo y apoya las enmiendas de la ultraderecha que reclaman más financiación para las “barreras físicas” en las fronteras, refuerzos para Frontex y centros de deportación fuera de la Unión.
Ya criticamos a los Centros de Internamiento de Extranjeros en su momento porque eran, y son, instalaciones típicamente carcelarias para quienes no han cometido delito alguno. Ahora se trasladan a lugares en los que no se pueden vigilar ni controlar y se les llama campos de deportación, aunque bien podrían llamarse “campos de concentración”.
Se trata de enviar a los migrantes, potenciales asilados y refugiados, al nowhere del que nunca debieron salir, deshacerse de ellos para no verlos siquiera. Residuos humanos y daños colaterales de la ficción de no entrada que consagró hace unos meses el Pacto Migratorio. Entonces, la idea era apostar por el Pacto para evitar algo peor, pero no solo no se ha evitado, sino que ha servido para que la violación de derechos humanos se imponga como un sentido común.
Los acuerdos de la vergüenza con Turquía son ahora la norma. A Turquía se le llamó “tercer país seguro” a sabiendas de que no había ratificado el Protocolo nº4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni aplicaba los Convenios de Ginebra en su integridad. Turquía incumple el principio de no devolución y aplica expulsiones arbitrarias y masivas, pero le hemos regalado 11.500 millones a Erdogan para que no nos lo cuente. De hecho, Von der Leyen insiste en programar un nuevo paquete de 1.000 millones de euros para los refugiados sirios en Turquía y para “apoyar” a Ankara en la gestión de fronteras y la migración. Una vez más, el Pacto Europeo vino a abonar esta mercantilización de la vida permitiendo a los Estados que pagaran 20.000 euros por cada persona a la que no reubicaban. El camino estaba allanado.
En este contexto, la estrategia de blindar una lista propia de países seguros por la que ha apostado Meloni, no parece tan descabellada. Y tampoco es descabellado que se piense en los países balcánicos como patio trasero, como posible destino de los nuevos centros de deportación, aprovechando su pretensión de incorporarse a Europa y programando con descaro el negocio y el chantaje. El colmo del cinismo es que se diga que esos lugares son “de alguna” manera Europa, como se ha dicho de los centros en Albania, a los que se considera espacios italianos porque están gestionados con personal italiano y según la norma italiana.
La condición de extranjero, de inmigrante, de irregular y de “sin papeles” ha sido la condición gracias a la cual hemos logrado conservar nuestros privilegios como ciudadanos europeos
Estamos frente a la vuelta de tuerca que se necesitaba para perpetrar la ansiada reforma en la regulación de deportaciones y que se traducirá, finalmente, en una suspensión de facto del derecho de asilo y refugio. Las valoraciones individualizadas hay que hacerlas antes del internamiento y hay que respetar el principio de no devolución, pero esto no es lo que van a garantizar esos centros de deportación. No lo hará el modelo Albania de Giorgia Meloni, como no lo hacía el modelo de Reino Unido con el que se pretendía enviar a Ruanda a personas en situación irregular cuyos casos no habían sido estudiados por las autoridades británicas. Proyectos ilegales, que además, son caros y fracasados, en los que, sorprendentemente, se insiste una y otra vez.
La ocurrencia italiana ha costado, de momento, 800 millones de euros y parece que el Tribunal de Cuentas podría reaccionar. El Gobierno conservador británico pagó más de 700 millones de libras (840 millones de euros) por la suya y, además, tuvo que sobornar al Gobierno ruandés con 290 millones. Los centros en Albania están vacíos y los primeros 16 extranjeros que iban a ocuparlos ya están de vuelta en Italia. Los extranjeros que Reino Unido trasladó a Ruanda de manera voluntaria se contaron con los dedos de una mano y 3.000 libras por dedo. Starmer, el socialdemócrata, canceló el proyecto de Ruanda y se fue a Italia a felicitar a Meloni y a conocer los detalles de una propuesta idéntica a la cancelada.
En fin, parece que estas son las soluciones innovadoras de las que hablaban los socialdemócratas daneses, que también se han apuntado a la carrera enloquecida en favor del fascismo. Son cada vez más. Ahora se ha sumado Polonia, donde Donald Tusk, conservador “moderado”, ha suspendido el derecho al asilo temporalmente, escudándose en que la entrada de migrantes irregulares desde Bielorrusia constituye una amenaza de desestabilización; Alemania, que ha roto unilateralmente con Schengen, y donde Olaf Scholz habla de deportaciones a gran escala; Holanda, que pretende autoexcluirse de la política de asilo y refugio; o los ocho países (Austria, Italia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Croacia y Chipre) que quieren revisar la relaciones con Siria para facilitar el regreso de sus refugiados.
La bajeza moral y la hipocresía no tienen límites en buena parte de los Estados de la Unión Europea. Es sorprendente que se hayan olvidado tan pronto aquellas palabras de Primo Levi tras el horror del holocausto. “La libertad -decía Primo Levi-, la improbable, imposible libertad, tan lejana en Auschwitz, que solo en sueños osábamos esperar, había llegado; y no nos había llevado a la Tierra Prometida. Estaba a nuestro alrededor, pero en forma de una despiadada llanura desierta. Nos esperaban más pruebas, más fatigas, más hambres, más hielos, más miedo…Me sentía extenuado, no solo físicamente; como un atleta que ha estado corriendo durante horas enteras, agotando todas sus reservas […] y llega a la meta; y en el momento en que, exhausto, se deja caer en tierra, lo obligan a ponerse de pie brutalmente, y a echarse a correr otra vez, en la oscuridad, hacia otra meta que no sabe a qué distancia está”.
En fin, por más que a algunos se les llene la boca defendiendo el derecho a la vida, es evidente que no todas las vidas valen lo mismo. La condición de extranjero, de inmigrante, de irregular, de “sin papeles”, de asilado, de apátrida, ha sido la condición gracias a la cual hemos logrado conservar nuestros privilegios como ciudadanos europeos y ha servido como excusa para condenar a estas personas a un éxodo inacabable, a saltar muros cada vez más altos y a sortear un sinfín de barreras, de mares y pateras. Somos responsables de que ese horror no se acabe.
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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.
En el Parlamento Europeo, el Partido Popular sigue las directrices del PP europeo y apoya las enmiendas de la ultraderecha que reclaman más financiación para las “barreras físicas” en las fronteras, refuerzos para Frontex y centros de deportación fuera de la Unión.