Un país, que después de una crisis tan profunda como la vivida por España, crece desde 2014 a un ritmo del 2,8% de su PIB y no reparte ese crecimiento, es un país que va labrando un profundo malestar social.
Ese malestar social lo hemos visto reflejado en las calles de forma masiva en los meses que llevamos de 2018: el histórico 8 de marzo primero, y la movilización en torno a las pensiones después. Son movilizaciones que responden a motivaciones distintas y complejas, pero que a poco que se analicen con detenimiento, expresan un descontento de amplias capas de la sociedad ante la desigualdad, la polarización social y el agravio de quienes consideran que no se reparte el crecimiento, tras haber sufrido las embestidas de la crisis.
Es verdad que el Gobierno de Rajoy ha demostrado una importante incapacidad para prever estos movimientos a priori, pero no es menos cierto que a posteriori ha movido sus piezas mostrando cierto margen de reacción: por ejemplo, con la primera propuesta de subida de pensiones mínimas pactada con Ciudadanos; o el encuentro del presidente del Gobierno con un colectivo denominado Las Kellys (camareras de pisos que si bien no representan al colectivo –esto lo hacen las delegadas sindicales votadas por sus compañeras– encuentran un importante eco mediático y ahora institucional); o el acuerdo para aprobar los PGE con el PNV donde revaloriza las pensiones y crioniza la reforma de 2013.
Es evidente que el Gobierno del PP no se va a resignar a que la ola de malestar social le pase por encima, y va a jugar sus bazas desde un ejercicio de gatopardismo: cambiar algo para que nada cambie. Tiene márgenes políticos y presupuestarios para ello, y puede encontrar en el legítimo movimiento de respuesta social una excusa para ir encarando los efectos de los problemas causados por lo que no está dispuesto a cambiar: las reformas estructurales adoptadas en la crisis, que son las causantes de este modelo de crecimiento sin reparto; es decir, de mayor desigualdad.
El papel del sindicalismo y de CCOO es en este momento prioritario para lograr que este malestar no se quede en rabia, sino en propuesta capaz de modificar las bases materiales que explican lo que está ocurriendo. Lo hemos dicho claro: o hay reparto o hay conflicto. Pero debemos analizar bien lo que ha sucedido, y cuáles son las teclas a tocar.
Hay más desigualdad porque se han deteriorado los sistemas de redistribución y poder durante la crisis. Las reformas laborales, de pensiones y fiscales explican por qué no suben los salarios o las pensiones, se incrementa la precariedad, o los PGE no son lo expansivos que requeriría un crecimiento inclusivo y justo.
En CCOO queremos que el Primero de Mayo suponga un punto de inflexión. Necesitamos situar una propuesta sindical unitaria que concite un amplio aval social. Pero no podemos quedarnos en las consecuencias de lo que ocurre; debemos ir a las causas, aun sabiendo que es difícil socializar la propuesta en una sociedad instalada en la simplificación emotiva de los problemas. Propuesta que, además, debe acompañarse de un proceso de movilización creciente. O hay reparto o hay conflicto.
¿Necesitamos un acuerdo sobre salarios? Evidentemente, sí. Partimos de una propuesta nítida: mejora del poder adquisitivo del conjunto y especial atención a los salarios más bajos. La caída del salario real del 20% de las personas con salarios más bajos es escandalosa en España. La propuesta sindical de un incremento del 3,1% es justa, es valiente (introducimos la variable de la productividad) y es necesaria para el país. Una mejora especial sobre los sueldos más bajos, o introducir salarios mínimos de convenio en los 1.000 euros, serían elementos muy importantes con un sesgo de edad y género fundamental. Afectaría de forma más favorable a mujeres, jóvenes y personas que perdieron su empleo en la crisis y encontraron otro mucho peor remunerado.
Medidas contra la precariedad. Las empresas en España se han acostumbrado a externalizar sus riesgos sobre la espaldas de lo que algunos denominan precariado. Dentro de la empresa, con tasas escandalosas de temporalidad (el 27% es la cifra más alta de Europa) o fuera de ella, mediante un modelo de subcontratación precarizante de actividades. Tenemos que lanzar una ofensiva que cambie estructuralmente esta realidad. Hay que cambiar las normas y los incentivos para que una empresa, cuando hay problemas, recurra exclusivamente al despido como último recurso. De la misma manera hay que impedir que la llamada descentralización productiva se utilice para tirar abajo los salarios como hoy en día ocurre. Es posible hacerlo y tendría un efecto muy beneficioso una vez más para mujeres (la segregación ocupacional las lleva a trabajar proporcionalmente más en estos ámbitos precarizados) y jóvenes (sufren la rotación laboral y la temporalidad de forma particularmente intensa).
Garantía y suficiencia de las pensiones públicas. El acuerdo del PP con el PNV supone meter en el congelador durante dos años la reforma de pensiones del año 2013. Pero los problemas de fondo siguen siendo los mismos. Con la actual regulación, la calidad de la protección de las pensiones caerá de manera drástica en las próximas décadas. Necesitamos mejorar los ingresos del sistema en el corto, medio y largo plazo. Y prever cómo se financia un sistema que ya sabemos que va a pagar más pensiones, seguramente de mayor cuantía y durante más tiempo. La decisión de si dedicamos un 15% del PIB a mantener nuestro sistema público es política; no hay ninguna maldición económica y demográfica que la predetermine.
Son medidas para recomponer un contrato social roto por las políticas de austeridad hechas en la crisis, pero que tienen un sesgo ideológico con vocación de permanencia porque parten de un determinado modelo de sociedad. Un modelo que ha modificado la distribución de renta y poder en un contexto de crisis de las legitimidades representativas clásicas, a las que el sindicalismo no es ajeno.
CCOO hace una lectura del actual momento social y político que vive el país, sabiendo que un descontento con elementos de subjetividad colectiva compleja no se explica ni se canaliza únicamente mediante el sindicato o el trabajo. Pero instamos también a que se haga una lectura en foros no sindicales de que un descontento canalizado solo de forma reactiva, sin organización democrática y estable, y sin capacidad de interlocución efectiva y útil, puede ser muy bien intencionado pero puede acabar siendo utilizado por el gatopardismo, que sabe que lo fundamental no es la respuesta en la inmediatez, sino las estructuras estables que reparten (o no) riqueza, influencia o poder. En la empresa y el centro de trabajo, en la sociedad y en la gestión del espacio público. Este Primero de Mayo, lo decimos claro: o reparto o conflicto. Y lo dejamos claro: sin acción sindical no habrá reparto ni conflicto útil. ______________Unai Sordo es secretario general de CCOO.
Un país, que después de una crisis tan profunda como la vivida por España, crece desde 2014 a un ritmo del 2,8% de su PIB y no reparte ese crecimiento, es un país que va labrando un profundo malestar social.