Asalto al Estado social

Después del duelo de patriotas en la derecha española con el acicate del independentismo y de la más reciente moción de censura, parece haber llegado el tiempo de la pelea por las rebajas y los saldos fiscales, sean cuales sean sus consecuencias sociales para los españoles. ¡Y luego hablarán de dar la batalla al populismo!

Una pelea oportunista que intenta aprovechar la merma en la legitimidad del Estado autonómico provocada por la tenaza de la huida hacia adelante del independentismo y de la lacra de la corrupción.

En los últimos días, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado ante el Congreso de los Diputados la propuesta de eliminación del impuesto de Sucesiones, después de haber ligado su apoyo a la estabilidad de algunos gobiernos autonómicos en los que ha tenido capacidad de influencia, como Andalucía o Madrid, a una significativa rebaja para las herencias entre familiares de primer grado.

Hoy, el impuesto de Sucesiones mediante bonificaciones y exenciones se ha convertido en la práctica en un impuesto marginal e inexistente para los familiares directos. Su recaudación, por tanto, se reduce al entorno de los 2.700 millones de euros anuales.

Ahora se trataría, de gobernar las derechas en liza, de la abolición total de uno de los impuestos más antiguos y también de los más justos, ya que afecta al patrimonio acumulado, promueve la igualdad social de partida y supone una última barrera vital frente al fraude y la elusión fiscal.

Un impuesto que se encontraba ya en el antiguo Egipto y en la Roma imperial, pero que se identifica como el más genuinamente liberal, ligado a la sociedad del mérito y el esfuerzo frente al antiguo régimen de la sangre y el privilegio, pero que ahora paradójicamente repudian los que se proclaman patriotas y liberales. Será porque no lo son tanto.

Un impuesto que, junto al del Patrimonio, se mantiene en buena parte de los Estados de nuestro entorno, aunque también se haya visto reducido en las últimas décadas de políticas neoliberales.

La respuesta de su competidor en el extremismo liberal de la derecha ha venido desde el congreso del partido conservador europeo, donde Pablo Casado, con motivo del reciente escándalo del Tribunal Supremo sobre el impuesto a las hipotecas, ha presentado una batería de rebajas y supresiones fiscales, que curiosamente dejarían en precario los ingresos de las CCAA en plena elaboración de unos presupuestos preelectorales. Dos huevos duros más.

Llama la atención, en primer lugar, que lejos de pronunciarse en el debate abierto sobre el sujeto pasivo del impuesto, si bancos o clientes, el nuevo presidente del PP abogue simple y llanamente por su supresión. Si antes, cuando lo pagaban los clientes, el PP ni lo propuso, se deduce que ahora su pretensión es suprimírselo a las entidades bancarias. No contento con esto, intenta que además de suprimir los impuestos de sucesiones y de las hipotecas, se derogue el del patrimonio, al tiempo que se rebajen sociedades e IRPF. En definitiva, el recorte afectaría a la casi totalidad de los impuestos progresivos que pagamos en función de nuestra capacidad económica –a diferencia de los impuestos indirectos– y buena parte recaudados o compartidos por las CCAA.

Todo ello con un coste superior a los 5.500 millones de euros, que recaerían en su totalidad sobre la financiación, ya de por sí insuficiente de las administraciones autonómicas para sufragar el coste de sus servicios.

A preguntas de los periodistas sobre cómo compensaría esta sangría de ingresos a las CCAA para financiar sus competencias en sanidad, educación, políticas activas de empleo, justicia y servicios sociales, Pablo Casado ha respondido con el bálsamo de fierabrás del nuevo modelo de financiación autonómica. Un remedio como el bálsamo, tan irreal como imprevisible.

Se trata de una nueva propuesta de rebajas fiscales para las rentas y patrimonios más altos por parte de los mismos partidos que hace pocos días reprochaban el incumplimiento del techo de gasto y del margen de déficit al presupuesto acordado entre el PSOE y Podemos, y que han defendido la posición más restrictiva para los próximos presupuestos generales, autonómicos y municipales. Los mismos partidos que ya desde el gobierno o bien desde sus pactos presupuestarios aprobaron la amnistía fiscal o rebajaron impuestos y con eso, ellos sí, incumplieron sistemáticamente año tras año los mencionados compromisos de déficit y deuda pública con la UE.

Poco importa que todos los estudios muestren la desigualdad y la pobreza como los principales problemas de cohesión de la sociedad española, agravados ambos como consecuencia de la reciente crisis y consolidados, sino ampliados, a pesar de la recuperación.

Así, el 10% más rico posee en España el 50% del patrimonio total, y los superricos (con más de 30 millones de euros) lo han multiplicado por varios dígitos en los años de la recuperación económica.

Poco importa también que los impuestos en cuestión sean aquellos que como sucesiones, patrimonio y donaciones graven progresivamente en función de la capacidad económica acumulada que multiplica por diez o más la renta, y que sean por tanto la garantía de una mayor igualdad de partida frente al privilegio de cuna.

Pero si la coherencia no parece ser su fuerte, tampoco han dado una respuesta convincente sobre cómo compensar el desplome de ingresos que sus recortes provocarían en las CCAA en un momento en que éstas intentan a duras penas recuperase de los recortes.

Las herencias de hasta 250.000 euros apenas pagan por el impuesto de sucesiones en la mayoría de comunidades

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Ciudadanos vuelve al mantra del exceso de grasa del gasto de las CCAA, a sabiendas de que los ingresos fiscales siguen muy lejos de la media europea, del esfuerzo de municipios y CCAA y de que buena parte de sus gastos son crecientes e inelásticos, como lo es la demanda de los servicios públicos en una sociedad del medio estar. Por parte del PP, Casado ha recurrido a la ocurrencia del nuevo modelo de financiación, que ni está ni se le espera, después de años de prórrogas, informes y comisiones de estudio como recurso dilatorio por parte precisamente de sus sucesivos gobiernos. Unos informes que por otra parte no proponían rebajas ni supresiones impositivas, sino la armonización de impuestos, la corresponsabilidad e incluso el recurso a nuevos impuestos y tasas ambientales.

Sobre las razones de fondo de esta loca carrera, siempre cabe pensar mal con el riesgo de volver a acertar: Que la derecha española, además de su particular duelo de hojalata fiscal, pretenda, con la reducción de ingresos, justificar el deterioro de los servicios públicos y abonar la presión para una nueva oleada de privatizaciones. O lo que es peor, que las derechas aznarianas se suban a la ola extremista para arrojar el malestar social de los recortes y la desafección política por la corrupción, cosas de las que no son ajenos, directamente contra el Estado autonómico y como consecuencia contra el Estado social. __________________________

  Gaspar Llamazares es promotor de Actúa.