En una democracia sobran las líneas rojas y los cordones sanitarios

Algunos contemplamos con preocupación la aparición en el lenguaje político de expresiones dogmáticas e intolerantes, esgrimidas por algunos partidos políticos que prefieren la confrontación al diálogo, estableciendo líneas rojas o cordones sanitarios. En una democracia, que consagra y proclama como uno de sus valores superiores el pluralismo político, caben todas las ideas y opciones políticas siempre que se mantengan dentro de los límites que el derecho penal considera como transgresores de bienes jurídicos que estima dignos de protección. La libertad de expresión de pensamientos e ideas es la seña de identidad de un sistema democrático avanzado. Siempre es conflictivo conjugar la protección que el derecho penal concede al honor de las personas o de las instituciones y ahora extendido desmesuradamente a lo que se conoce en el mundo del derecho penal como delitos de odio, poniendo barreras sancionadoras a la manifestación de ideas o posiciones respecto de colectivos tan amplios y genéricos  como grupos ideológicos, racistas, antisemitas, religión o creencias o identidad sexual.

El legislador penal, en el terremoto modificador que introduce con la Ley Orgánica de 30 de marzo de 2015, se adentra por vericuetos que solo pueden dañar a la credibilidad y certeza que se exige a las sanciones penales. La negación, trivialización o enaltecimiento de los delitos de genocidio o de lesa humanidad solo merece desprecio y podrían considerarse como una blasfemia laica, ajena a la sanción que establece el derecho penal. La humillación, el menosprecio o descrédito deben encauzarse por la vía de la persecución a instancia de los ofendidos. Ampliarlo a todo género de ideologías, religiones y opciones de muy diversa índole plantea conflictos difíciles de resolver y así se ha puesto de manifiesto en todos los sistemas, entre la libertad de expresión, derecho o pilar fundamental de una democracia, y los límites que legitiman y permiten una sanción penal.

Todos los tribunales constitucionales del mundo y los de carácter internacional de protección de los derechos humanos se han enfrentado a la compleja tarea de marcar las líneas que separan la libertad de expresión del ilícito penal. En caso de duda el conflicto debe resolverse siempre en favor de las libertades fundamentales. Estos valores señalan los márgenes de las libertades ideológicas y de conciencia y constituyen una parte consustancial del ideario de los partidos políticos que marcan su actuación y presencia en la vida pública. Pero su finalidad y obligación de contribuir a la consecución de los objetivos irrenunciables de la convivencia democrática les obliga a integrar en sus idearios su concepción sobre el significado de la palabra nación, sobre la estructura territorial del Estado, sobre su adscripción a principios religiosos o laicos y, sobre todo, no tendría sentido evadirse de ofrecer soluciones a los intereses generales que se encarnan en los principio rectores de la política social y económica. Según el artículo 6 de nuestra Constitución, son instrumento fundamental para la participación política, lo que les convierte en instituciones que si bien carecen, por sí mismas, de poder público, tienen un papel imprescindible en la formación y manifestación de la voluntad popular. No puede descartarse que, como fruto del pluralismo político, una misma corriente ideológica pueda tener diversas expresiones políticas.

En algunas cuestiones políticas, debido a la complejidad y pluralidad de las sociedades modernas, es lógico que puedan establecer una confrontación con otras opciones políticas que sitúan en sus antípodas o simplemente discrepar en los matices. Estas disidencias, llevadas por los cauces del debate y contrastadas por las sucesivas elecciones, en las que tiene la palabra la soberanía popular, son lógicas e incluso enriquecedoras. Pero no es admisible que, en el ejercicio de su acción política, se puedan trazar líneas rojas y cordones sanitarios.

La tolerancia y la discrepancia son también valores insustituibles en una democracia que no puede permitirse, sin degradar su calidad, muros y fronteras excluyentes que tratan de expulsar del espacio plural a distintas opciones ideológicas. Me parece una exhibición intolerable de una pretenciosa pureza ideológica incompatible con el relativismo que debe presidir el debate y el diálogo entre los partidos políticos, si quieren contribuir a la concordia y la convivencia.

Las líneas rojas como frontera infranqueable constituyen la expresión de una sintomatología preocupante que denotan un dogmatismo irreductible que se compagina mal con las exigencias de los valores democráticos que pasan por el debate y la confrontación dialéctica. El que traza la línea roja lo hace con la intención de transmitir un mensaje a su clientela, exhibiendo una pureza ideológica, frente a otros partidos, a los que sitúa fuera de la cobertura constitucional. Esta toma de posición es inadmisible en un sistema democrático que sea celoso guardián de las esencias del pluralismo. Sin perder un ápice de las convicciones, se puede, incuestionablemente, marcar los límites sobre los puntos con los que un determinado partido no puede condescender y sobre los que no está dispuesto a dialogar, consensuar o compartir, con otras opciones ideológicas, pero esto nunca podrá suponer una línea roja sino una discrepancia entre concepciones y modelos ideológicos, económicos, sociales y políticos.

Mucho más grave, todavía, es plantear la necesidad de establecer cordones sanitarios. No sé si son conscientes del mensaje negativo que lanzan a la sociedad. Según los diccionarios, en una de sus acepciones, el término se utiliza para prevenir la expansión de una ideología que se considera indeseada o peligrosa. Cuando se utiliza en el debate partidista, se quiere trasmitir un mensaje agresivo y descalificador, situando al partido señalado como una especie de apestado que debe ser recluido en un lazareto ideológico.

Los cordones sanitarios denotan una cierta patología en aquellos que los utilizan. Aunque sea como metáfora política y constituyen una exhibición un tanto impúdica de su rigidez y dogmatismo frente a los que no comparten sus ideas. Si todo queda en una desmesura del lenguaje, no existen problemas graves para la estabilidad democrática, pero si se erigen en exclusiones y demonizaciones del adversario político, se tensa innecesariamente la confrontación política.

Los ciudadanos debemos exigir a nuestros representantes que se mantengan dentro de los límites del diálogo y del debate. No podemos permitir que se encastillen o enroquen en posiciones absolutamente dogmáticas y excluyentes que ponen en riesgo la convivencia democrática.

Si la sociedad admite y asimila con naturalidad y sin rechazo el establecimiento de líneas rojas o cordones sanitarios demuestra que ha perdido la conciencia del valor de los principios democráticos. Si apoyan a los partidos políticos que practican o predican esas expresiones, quizá sin darse cuenta se están saliendo del marco constitucional. La vitalidad democrática se refuerza cuando se eliminan o desaparecen los cordones sanitarios y emerge con fuerza la posibilidad del debate, el diálogo y la convivencia civilizada. ___________José Antonio Martin Pallin es magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Abogado de Lifeabogados.