La economía social tiene cada vez mayor presencia en el debate y agenda política, no solo en nuestro país sino también en el ámbito europeo. La Comisión Europea reconoce su contribución al desarrollo económico, social y humano y la considera un motor de la transformación de las sociedades, los sistemas de bienestar social y las economías contemporáneas, e insta a los gobiernos nacionales a poner en marcha políticas de apoyo. Sin embargo, cierto es también que encuentra limitaciones para visibilizar su aportación a la sociedad y no solo por la falta de estadísticas que reflejen su realidad sectorial, multisectorial y territorial, sino porque también encuentra dificultades para abrirse camino en los medios de comunicación.
La economía social se despliega en España en un numeroso grupo de figuras jurídicas y actividades que tienen el común denominador de englobar el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.
Si atendemos a las cifras, las sociedades cooperativas (FECOMA: Federación Cooperativas y Economía Social Madrid), sociedades laborales (INICIO - ASALMA), mutualidades, empresas de inserción, cofradías de pescadores, centros especiales de empleo de iniciativa social, asociaciones y fundaciones, que conforman la economía social en nuestro país, han alcanzado un nivel económico muy relevante. Juntas alcanzan el 12% del empleo total y aportan prácticamente un 10% al PIB estatal. Son cerca de 44.000 las empresas y organizaciones y el volumen de empleo directo e indirecto alcanza a 2.200.000 personas, con datos de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).
Pero además se ha de poner de manifiesto el papel que juega la economía social para mantener el empleo, dando respuesta a empresas en dificultades o para impulsar el relevo generacional sin pérdida de empleo en la empresa. Conviene recordar en este sentido que las cooperativas y las sociedades laborales salvaron miles de empleos durante los años ochenta y noventa del pasado siglo.
La economía social es el mejor ejemplo de cómo la racionalidad económica y el progreso social son compatibles, de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social, es decir: otra forma de hacer empresa es posible
Un reciente estudio de CEPES en el que analiza su impacto socioeconómico de sus valores y principios en España, pone el énfasis en los efectos positivos que la economía social, como los relacionados con la ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo; efectos relacionados con la alta calidad en el empleo; la mejora de la igualdad de oportunidades; la oferta de servicios sociales y de educación; la creación de actividad económica y empleo en ciudades intermedias y zonas rurales o con la competitividad de la economía rural.
Un elemento consustancial a la economía social es la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, y que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación con sus aportaciones al capital social.
La economía social es el mejor ejemplo de cómo la racionalidad económica y el progreso social son compatibles, de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social, es decir: otra forma de hacer empresa es posible. Está en la totalidad de los sectores económicos: agroalimentario, vivienda, banca, energía, industria, salud, transporte o los servicios empresariales y servicios personales y en el ámbito de las pequeñas, medianas y grandes empresas.
La economía social está considerada en la Agenda 2030 como una de las políticas palanca para la consecución de las ODS y el compromiso de las organizaciones con estos objetivos es máximo. Tiene especial incidencia en el trabajo decente y crecimiento económico; en la producción y el consumo responsable; en la educación de calidad; y en la reducción de las desigualdades. La economía social representa un modelo de empresa que a la vez que incorpora valores, no rehúye la rentabilidad económica, convirtiéndose de hecho en la respuesta de presente y futuro para una sociedad en continuo cambio.
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Carlos de la Higuera es presidente de la Federación de Cooperativas y Economía Social de Madrid (FECOMA) y Julián Menéndez es gerente de la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA) y vicepresidente de la Federación Empresarial de Sociedades y Empresas Participadas de España (LABORPAR).
La economía social tiene cada vez mayor presencia en el debate y agenda política, no solo en nuestro país sino también en el ámbito europeo. La Comisión Europea reconoce su contribución al desarrollo económico, social y humano y la considera un motor de la transformación de las sociedades, los sistemas de bienestar social y las economías contemporáneas, e insta a los gobiernos nacionales a poner en marcha políticas de apoyo. Sin embargo, cierto es también que encuentra limitaciones para visibilizar su aportación a la sociedad y no solo por la falta de estadísticas que reflejen su realidad sectorial, multisectorial y territorial, sino porque también encuentra dificultades para abrirse camino en los medios de comunicación.