¿Fresas o flamencos? El dilema de Doñana

Aunque quedó eclipsado por la convocatoria de elecciones, el problema del agua en el entorno de Doñana no ha desaparecido ni tiene una fácil solución, y en un contexto en el que hay cada vez menos agua es un asunto que se dará cada vez más. Se plantea un falso dilema con la ley que se está tramitando en el Parlamento andaluz, que pretende legalizar hasta 1.900 hectáreas de cultivos ilegales de fresas y frutos rojos. Por un lado, están los agricultores, que quieren seguir produciendo por la buena rentabilidad de estas plantaciones ilícitas, especialmente en zonas con una falta crónica de empleo. La patronal agrícola cifra en 100.000 empleos y hasta el 8% del PIB andaluz los beneficios producidos por los cultivos de frutos rojos en el entorno de Doñana.

Por otro lado, y frente a los agricultores que esgrimen empleos creados y los beneficios de sus sembrados, arrojando en general números positivos y de progreso, estamos quienes queremos conservar el entorno del parque, y que hemos fallado al no saber comunicar de manera adecuada a la opinión pública la gran biodiversidad de Doñana y lo que perderíamos si desapareciese, en un parque que alberga una de las mayores reservas de flamencos del mundo, entre otras cientos de especies. Resulta incómodo transformar valores ambientales y percibidos a valores económicos, pero como dijo Lord Kelvin: “Lo que no se define, no se puede medir; lo que no se mide, no se puede mejorar; lo que no se mejora, se degrada siempre”. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar, en los mismos términos, los beneficios económicos de conservar la biodiversidad.

A pesar de una famosa carta que el jefe indio Seattle envió en 1854 al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en la que decía: “¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra?”; y concluía: “Continúe ensuciando su cama y algún día terminará durmiendo sobre su propio desperdicio, será el fin de la vida y el comienzo de la supervivencia”, hagamos un esfuerzo y dejemos a un lado valores como la sensibilidad o la ética y bajemos al vil metal. No se trata de comprar o vender biodiversidad, pero sí de valorar lo que nos aporta simplemente por el hecho de conservarla.

Para ello usaremos un concepto llamado ‘capital natural’, que es el conjunto de bienes y servicios que provee la naturaleza. Según este concepto, son todos los valores de paisaje, conservación de especies, hábitats y patrimonio que un parque natural nos proporciona: los productos de los bosques y de los pastos, el secuestro de carbono por el cambio climático, la producción de agua buena y barata, la evitación de la erosión, la presencia de polinizadores silvestres y el turismo de naturaleza.

Así que, señores agricultores, no planteen falsos dilemas de empleos o conservación, y expliquen la foto completa en la que los beneficios de unos pocos supondrían perjuicios para la mayoría

Se necesitan estudios específicos para cuantificar cuánto aporta Doñana. Informes de otros parques naturales concluyen que, por cada euro invertido en conservación de la biodiversidad, se obtiene un retorno de cincuenta. Por otro lado, citando sólo datos nacionales, podremos demostrar que conservar la naturaleza merece la pena. Según un estudio de 2015, los beneficios de la Red Natura 2000 para el conjunto de la sociedad ascienden a 43.661 millones al año, que equivalen al 4% del PIB nacional.  Teniendo en cuenta que Doñana supone un 12 % de la superficie de parques naturales en España, podemos ver que los números de los agricultores son mucho más pequeños que los más de 1.000 millones anuales que aporta el parque en toda su zona de influencia.

Y aquí hablamos sólo de beneficios directos, pero sí incluimos los efectos de unas lagunas secas sobre el turismo.  El buen estado de conservación de la naturaleza es un motivo esencial que influye en la elección del destino de muchos turistas. ¿Ustedes visitarían Sanlúcar de Barrameda si el Guadalquivir oliera mal? ¿O visitarían la aldea del Rocío bajo una nube de polvo continua? ¿Alquilarían un apartamento en Matalascañas si estuviera lleno de mosquitos? Estos efectos, que ya se dan en años con pocas precipitaciones, se verían cronificados si seguimos legalizando regadíos.  Por dar un dato, a nivel nacional el impacto económico directo e indirecto del turismo de naturaleza es de 4.479,3 millones al año.

Por otro lado, si tenemos en cuenta los efectos sobre el resto de la agricultura, ¿ustedes se tomarían una manzanilla de una mala cosecha de uva porque no se ha polinizado bien? ¿O se comerían un pescadito frito criado en aguas hasta arriba de fertilizantes agrícolas porque se han infiltrado al subsuelo? Los datos dicen que más del 40% de la producción agrícola española depende de los polinizadores silvestres, fundamentalmente insectos. A nivel nacional, esto equivale a 8.500 millones de ingresos anuales.

Y una pregunta más: ¿Comprarían ustedes frutos rojos sabiendo que están contribuyendo a secar el mayor humedal del sur de Europa? No obstante, cabe recordar que, si no lo hacen ustedes como consumidores responsables, lo hará una cadena de supermercados para evitar manchar su imagen, en respuesta a campañas para que los consumidores europeos se aseguren que los frutos rojos hagan un uso legal del agua, con lo que los agricultores no tendrán salida para sus frutos rojos por más que aumenten la superficie. Y, si no creen en el poder del consumidor, recuerden la polémica con el aceite de palma en las cremas de cacao, que supuso una pérdida de cuota de mercado a Nutella de casi cinco puntos porcentuales, frente a la competencia que sí eliminó el aceite; y que pese a invertir en defender el aceite de palma, tuvo que modificar la receta acusando el coste reputacional.

Así que, señores agricultores, no planteen falsos dilemas de empleos o conservación, y expliquen la foto completa en la que los beneficios de unos pocos supondrían perjuicios para la mayoría. Si es posible, propongan soluciones basadas en una agricultura de precisión y ecológica que requiera menos agua, y nos permita disfrutar a todos de un medio ambiente adecuado mientras transforman sus explotaciones en negocios modernos, en lugar de legalizar pozos y ampliar cultivos que son insostenibles y perjudican al conjunto de la sociedad.

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Isaac Pozo Ortego es gestor de Proyectos de la Fundación Alternativas.