No desaprovechar las oportunidades: el tetris de RTVE y el sistema de medios
El pasado nueve de mayo un colectivo numeroso de personas vinculadas a los medios de información, la universidad y la cultura, firmamos una declaración para pedir que se pusiera en marcha un nuevo concurso público que determinara una nueva presidencia de RTVE y su consejo de administración. La Ley 5/2017, de 29 de septiembre, cuyo objetivo era “recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”, fue aprobada por amplio consenso. Tras un largo proceso de baremación de las candidaturas presentadas, se hizo pública la prelación de las mismas. Este proceso quedó interrumpido al pactar cuatro partidos políticos (PP; PSOE, Podemos y PNV), un procedimiento que no respetaba el procedimiento establecido, el reparto entre gente de su confianza de los miembros del consejo de administración aplicando cuotas de reparto y sin la prelación concluyente.
A partir de aquí, opiniones para todos los gustos. Hay quien piensa que el fracaso fue del modelo buscado para elegir a la dirección. Otros creemos que una vez más estamos ante un fracaso político, una falta de madurez que mantiene a las políticas públicas de comunicación en el limbo del mayor déficit democrático de nuestra sociedad.
La neutralidad de las tecnologías se quiebra cuando se carece de gobierno sobre ellas y las tecnologías de la información han de adecuarse a regulaciones que permitan su máximo aprovechamiento en favor del bien común. Sí, el bien común, ese que determina la toma de decisiones en favor de una amplia mayoría social.
El gobierno de los medios públicos en un sistema democrático obedece a la transparencia en la elección de las personas que lo dirigen y en una gestión de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El recién aprobado Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión, pone también el foco en la necesidad de transparentar la propiedad y la gestión de los medios privados. Algo lógico porque el sistema de medios alimenta los imaginarios sociales, construye opinión e incide en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, saber quién dice qué y por qué es imprescindible.
En estas circunstancias el concurso público para elegir la dirección de la RTVE, como de los medios públicos autonómicos, puede ser el mecanismo para evitar desviaciones y usos partidistas que ponen es riesgo a la democracia. Hace años un destacado dirigente socialista autonómico decía en privado que exigir a lo público lo que no se exige a los privados suponía una pérdida en el equilibrio del poder mediático, una cesión unilateral que dejaba en manos de los medios privados la orientación ideológica de la agenda mediática. Puede que en parte le asistiera razón, pero ningún gobierno en un sistema democrático, siempre pendiente de refundación, puede condicionar la ética periodística que dicta la independencia en el funcionamiento del medio público. Como también que los contenidos que se emiten aporten valores.
El Reglamento europeo es una oportunidad para avanzar en un sistema mediático verdaderamente plural y en el que la audiencia reconozca los legítimos intereses ideológicos existentes en los medios privados fundamentados en la deontología. La trazabilidad en los contenidos que se difunden debe estar asegurada en todo producto que llega al mercado y, precisamente, porque hablamos de productos intangibles que afectan a la construcción de la realidad. Las garantías tienen que ser máximas.
El Reglamento europeo es una oportunidad para avanzar en un sistema mediático verdaderamente plural y en el que la audiencia reconozca los legítimos intereses ideológicos existentes en los medios privados fundamentados en la deontología
Las políticas públicas de comunicación orientadas al bien común siguen siendo una asignatura pendiente en este país. Lo que no ayuda es la insistencia en las premisas liberalizadoras que desde los 80 han venido permitiendo en Europa un espacio de medios concentrado en beneficio del sector privado. Las alarmas, ante la interesada instrumentalización política de la información, la desinformación a la que se abonan los discursos cavernarios apoyados en redes sociales virtuales y los pseudomedios, vienen a avalar la importancia del Reglamento europeo en vista de que las Directivas han sido hasta la fecha poco eficaces.
España que ha sido pionera en medidas y leyes de amplio beneficio para nuestra sociedad y luego imitadas en otros países, podría dar un paso definitivo para asegurar el buen gobierno de los medios públicos y un espacio mediático alejado de contenidos nocivos. RTVE como referente de calidad confiable para la ciudadanía y espejo en el que mirarse.
Reconozcamos que el concurso público para elegir la dirección de la RTVE es mejorable, como también su trasposición a los medios autonómicos, porque sus competencias han de ser ejercidas en el marco de la igualdad de derecho que asiste a la ciudadanía de un Estado plural, podrán existir variantes y singularidades, pero la independencia sólo se garantiza desde criterios de transparencia que en la mayoría de medios autonómicos ha desaparecido.
Reconozcamos que la aplicación del Reglamento europeo puede contribuir muy positivamente al derecho de información y comunicación, a la mejora del sistema de medios, aunque esta nueva normativa no tendrá valor sin la existencia de autoridades reguladoras independientes, otra gran asignatura pendiente. La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 aprobó la creación del CEMA, el Consejo Estatal de Medos Audiovisuales, órgano independiente que sería responsable de vigilar el cumplimiento de las leyes y normativas audiovisuales desde la total autonomía como exigía la directiva europea. En 2012, el decreto de modificación de la Ley de 2010 por el Gobierno de Marino Rajoy, eliminaba el CEMA y transfería sus competencias muy menguadas a la nueva Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) donde se incluía al resto de los reguladores estatales. Una maniobra que no se ha traducido en dar la autonomía que necesita el regulador para independizarse del gobierno.
La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022 no ha corregido esta situación. No hay avances. Nuevamente la responsabilidad es colectiva, una clase política que interpreta la regulación de los medios en función de sus conveniencias y reacciona en función de intereses espurios corporativos. Quien gobierna debe asumir la responsabilidad de tratar de corregir estas anormalidades.
Reconozcamos, finalmente, que el camino no es fácil, pero transitarlo es una condición imprescindible en una sociedad que merece una información veraz y líneas editoriales claras.
Nuestra sociedad se enfrenta al desafío ineludible de transitar hacia un cambio de paradigma económico ante el colapso al que la sociedad desarrollista ha puesto al planeta. Sin un sistema de comunicación al servicio de la sociedad ningún avance será posible. Los medios pueden coadyuvar a identificar y debatir los disensos para llegar a acuerdos desde criterios que usen la emoción desde la inteligencia.
Como dijo el Secretario General de la ONU, ningún meteorito viene en estos momentos a destruir la Tierra, nosotros somos el meteorito. Los medios de información tienen la responsabilidad de contribuir en la divulgación de los cambios de imaginarios sociales que nos conduzcan a la Transición Ecosocial. De la misma manera que la Ley europea de Restauración de la Naturaleza pretende recuperar los ecosistemas para garantizar la necesaria biodiversidad, básica para nuestra supervivencia, el sistema de medios requiere también ser restaurado para asegurar un ecosistema mediático sano, alejado de toxicidades.
Necesitamos con urgencia reforzar los medios públicos y desconcentrar los medios en manos de corporaciones para asegurar pluralidad, transparencia, pensamiento crítico y creación de valores. Sin olvidar la importancia de que los medios sean rentables socialmente al tiempo que económicamente, aspectos medibles por indicadores como compromete la LGCA y que deben incidir en la financiación institucional. Los medios de información se deben a la ciudadanía.
Todos estos criterios han sido avalados como hemos dicho por la UE. El concurso de RTVE es necesario como ejemplo, como paso significativo de que estamos dispuestos a una apuesta seria en favor del bien común, no perdamos nuevas oportunidades.
Manuel Chaparro Escudero es catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga
