Personas mayores y cuidados: lecciones para no olvidar tras la pandemia

Si de algo nos ha servido la pandemia es para constatar que el acceso a la salud integral de las personas mayores no está garantizado ni especialmente bien protegido. Un virus nos ha desvelado problemas ocultos y nos ha dejado aprendizajes que ahora es el momento de poner en práctica.

Como organización que defiende el derecho a la salud, el trabajo con personas mayores se ha convertido en una apuesta firme. Nuestro enfoque en favor de la cobertura sanitaria universal y nuestra insistencia en la importancia de los determinantes sociales de la salud –es decir, cómo las circunstancias económicas, de vivienda y hasta la soledad afectan a la salud de las personas– nos dan un prisma de especial relevancia en estos momentos.

Tras la gravísima mortalidad excesiva en las residencias, nos enfrentamos ahora a la necesidad de resolver la llamada “crisis de cuidados” en España. Con ese propósito, el Ministerio de Derechos Sociales presentó en julio pasado un acuerdo de bases y una hoja de ruta para modificar los criterios comunes de acreditación de las residencias de mayores, con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios del sistema de dependencia. Los criterios de acreditación vigentes eran poco detallados y quedaron obsoletos ante la situación de emergencia durante la expansión del covid-19. El documento consiguió el respaldo de la gran mayoría de las comunidades autónomas, pero la negociación sigue abierta.

A partir de aquí, la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 crea una mesa del diálogo con la sociedad civil para recibir aportaciones a ese texto; en la que participa Médicos del Mundo como única ONG presente. En ella vamos a aportar todo el resultado de nuestra reflexión y nuestra experiencia.

Como ya expuse en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo, nuestra principal recomendación es la orientación del modelo hacia una atención centrada en la persona, integrando los cuidados familiares y profesionales y dando prioridad a la atención domiciliaria. Eso no significa en modo alguno el fin de las residencias, pero esperamos que la tendencia sea caminar hacia centros más pequeños y humanizados.

En segundo lugar, si algo hemos detectado con claridad durante la “crisis de las residencias” es que cualquier modelo debe basarse en mejorar la cohesión entre los servicios sociales y los sanitarios. Recomendamos además realizar una planificación de recursos y políticas públicas acorde a la tipología de las personas atendidas, definir con claridad una cartera básica de servicios y prestaciones sociosanitarias, contar en el diseño de cualquier nuevo modelo con la participación de las personas mayores y dependientes, familiares, cuidadores y su entorno y asegurar una financiación suficiente y equitativa a través de los Presupuestos Generales del Estado que nos acerque al promedio de gasto por persona/año de la Unión Europea. Sólo así se podrá garantizar un acceso universal y de calidad a la salud integral, la dignificación de los cuidados y el bienestar de las personas mayores, en especial en los entornos residenciales.

Hay que entender también que los cambios de gran alcance como este que proponemos no se generan con una publicación en el BOE: requieren acompañamiento, supervisión para corregir los lógicos errores de cualquier puesta en práctica, pero también un sistema fiscalizador y sancionador que se aplique con objetividad, pero con firmeza cuando la norma se conculque, porque de la impunidad nunca surgieron mejoras.

No está de más recordar que 320.000 personas trabajan en España en residencias de mayores, un sector feminizado (83% de mujeres) y privatizado (80% de residencias privadas). El sector sufre ratios de atención inadecuados, precariedad laboral y bajos salarios. Cuidar a nuestros mayores sin cuidar a sus cuidadores no puede ser una opción.

Aparte de la infancia, las personas mayores que viven institucionalizadas son quienes han sufrido las peores limitaciones de contacto físico y de movilidad durante la pandemia. Aunque están vacunadas, hace apenas semanas que pueden volver a abrazar a sus seres queridos. Mientras esperaban, han visto los bares llenos desde las ventanas de sus cuartos. Además, el retraso en la reapertura de los centros de día ha sido discriminatorio y poco justificado. Nos lo contaba María desde la residencia en la que vive en Valladolid: “creíamos que iba a ser más corto, pero al hacerse tan largo nos ha sentado mal”. El aislamiento perjudicó de manera radical la salud de muchas personas: empeoramiento en las enfermedades cognitivas por la falta de actividades grupales, desorientación, pérdida de control de esfínteres… Por eso reclamamos una atención humanizada y unos servicios de salud mental a la altura de un país que ha sufrido con dureza esta crisis sanitaria y una mortalidad alarmante entre los mayores.

Un ángulo específico que conviene no olvidar es la situación de las y los mayores en la España vaciada. No es casualidad que las más de 40 residencias a las que Médicos del Mundo ha apoyado en la lucha contra la covid estén en municipios rurales de las dos Castillas. Las personas de edad son quienes habitan por abrumadora mayoría esta España no capitalina, pero padecen una clara tendencia a la medicalización por una escasez de recursos en la medicina rural. Y es que sin una atención primaria fuerte no es posible afrontar ningún aspecto relativo a la soledad y al aislamiento social, que ponen en riesgo la salud integral de nuestros mayores.

Es el momento de los cambios, pero estos han de hacerse con criterio, con participación –que incluye escuchar a las autonomías, pero también a las y los protagonistas–, con seriedad metodológica y con un presupuesto que permita pasar del papel a la vida.

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Nieves Turienzo es presidenta de Médicos del Mundo, médica de familia y especialista en gerontología