Reconstruir nuestra casa común: ecología y proceso constituyente

Son varios los ámbitos de la vida colectiva en nuestro país que están necesitados de un sustancial cambio en las reglas que ordenan las relaciones sociales que les configuran. Pero es en el ámbito en el que se manifiestan los efectos del metabolismo social donde la urgencia de estas nuevas reglas se hace imperioso.

La sociedad española ha experimentado, desde el momento fundacional del régimen político vigente, un extraordinario y muy acelerado cambio en sus patrones de relación social y en los efectos que los mismos manifiestan sobre los sistemas naturales y los procesos ecológicos esenciales, que son la condición de posibilidad de la vida colectiva.

Hasta 1978, y aún a pesar de un desarrollo económico muy acelerado a partir de la segunda mitad de la década anterior, podríamos decir que la economía española tenía una relación con la naturaleza en la que no se ponían en peligro irreversible ni sus riquísimos sistemas y recursos naturales ni la continuidad de alguno de los procesos ecológicos esenciales.

Es verdad que el acelerado proceso de desarrollo de algunos polos industriales y el crecimiento de algunas grandes ciudades estaba planteando ya serios problemas de contaminación atmosférica que llevó, con la temprana ley de Protección del Ambiente Atmosférico de 1972, a declarar Zonas de Atmósfera Contaminada algunas de estas ciudades afectadas por la contaminación procedente de focos industriales, el tráfico motorizado y las calefacciones, en su mayor parte alimentadas por carbones con alto contenido en azufre, (Bilbao, Avilés, Badalona, Huelva, Madrid).

Es verdad también que los incendios forestales ya asolaban cada verano una parte de la superficie forestal, sobre todo aquella que había sido abandonada por efecto del éxodo rural de los primeros años de la década de los sesenta y se convertía en fácil presa del primer impulso especulativo de suelo para conseguir suelo urbanizable donde antes había bosque. Y es verdad, en fin, que la política turística de sol y playa impulsada por Fraga Iribarne había cubierto de cemento en un tiempo récord buena parte de nuestros magníficos sistemas litorales.

Pero todo lo anterior se daba en un marco general de una sociedad con un peso importante de la cultura rural, con un nivel de consumo de agua, energía y materiales per cápita por debajo de la media de los países de la OCDE y en la que aún no se había dado la explosión de las infraestructuras, el transporte y la vivienda.

De modo que cuando el “constituyente” del 78 se enfrentó al problema ambiental, seguramente tenía la sensación de estarse adelantando a su tiempo. Buena prueba de ello o constituyen dos rasgos sobre los que me detendré un momento.

El primero es la redacción del art 45º en el que se proclama el derecho de “todos a un medio ambiente adecuado al desarrollo de la personalidad”. Más allá de que la ubicación de este derecho en el texto constitucional le haya hecho un “no derecho” (como todos los que henos dedicado parte de nuestra vida a la defensa del medio ambiente hemos podido comprobar), su redacción muestra un estado de ánimo en el que el medio ambiente parece contemplarse como una preocupación atendible después de que lo hubieran sido otras más perentorias. En aquel momento, ya en la crisis de los setenta, eran prioritarios básicamente el crecimiento del PIB, la creación de empleos y la elevación de la renta per cápita de los españoles. Le faltó a la labor “constituyente” la visión necesaria para haber podido consagrar algunos preceptos que hubieran podido actuar de contrafuertes y diques frente a la avalancha desarrollista y consumista que se avecinaba. Y ello, a pesar de que el mismo o texto constitucional contenía previsiones que habrían podido ser muy útiles para estas preocupaciones como algunos de los preceptos del Tít. VII (arts. 128º, 130º, 131º y 132º).

El segundo tiene que ver con la actitud de la clase política de la época hacia el medio ambiente. Desdeñosa en buena parte (incluyendo chistes sobre la propia denominación), el discurso dominante, tanto a derecha como a izquierda, coincidía en aparcar tal preocupación hasta haber superado cierto umbral de renta per cápita. Tal concepción, que la política ambiental era cosa de países ricos y que su mención podía ser usada contra los fundamentales derechos sociales, impregnó asimismo a la mayoría del sindicalismo, que durante un tiempo miró al naciente movimiento ecologista como un “enemigo de clase”.

Así que cuando había que emprender una nueva andadura, la construcción de una economía y una sociedad distintas a las del franquismo, no hubo discusión sobre el modelo de crecimiento económico y los valores que lo inspiraban, solo en cuanto a la distribución de los frutos del modelo. Y así el keynesianismo de la primera época fue fácilmente sustituido por un discurso modernizador adoptado por el PSOE desde su programa electoral del 82, en el que la preocupación ambiental se reducía a postular espacios naturales protegidos, (más con objetivos turísticos que ambientales), y una referencia ritual, de escasa relevancia práctica, a la plaga de los incendios forestales.

La modernización fue leída por FG y sus ministros de economía como equivalente a la construcción de una economía capitalista abierta y dispuesta para ingresar en las Comunidades Europeas, la forma que en Europa adoptó la globalización, especialmente en la década de los noventa. Sobre esta interpretación estaban dadas las condiciones para que la revolución neoliberal y sus efectos –la supresión de todos los obstáculos a la colonización del conjunto de la vida social por la lógica de la acumulación– manifestara sus efectos que yo en atrevo a calificar de auténtico proceso destituyente de los contenidos sociales y democráticos de la Constitución del 78.

No había que esperar a la errona del art 135º para ver materializados estos efectos destituyentes, desde el 1º de enero de 1986 comenzaron a producirse estos efectos especialmente en el campo del medio ambiente. De nada o de muy poco valía que la Comisión elaborara sus periódicos programas de acción y que se produjera un auténtico aluvión de normas de Derecho derivado en la amerita regulando todo lo regulable. Las Directivas ambientales se trasponían tarde y mal y la implementación de las políticas suponía un auténtico rosario de procedimientos de infracción contra el Reino de España por incumplimiento de sus obligaciones. Ya hubo que vencer enconadas resistencias de los sectores económicos más afectados en la fase de armonización normativa previa a nuestra adhesión. A partir de la misma, estos sectores optaron por plantear sus batallas en el terreno de los hechos consumados: no se discutía tal o cual directiva, se le hacía caso omiso convencidos que los gobernantes serían más sensibles a las razones del crecimiento sobre las de la conservación de la diversidad biológica.

Con el apoyo financiero del Feder, España se convertía en uno de los países con mayor dotación de vías de transporte de alta capacidad, con el consiguiente incremento en el consumo de energía,  de emisiones de CO, de tasa de artificialización y de pérdidas de hábitats y especies de nuestro entorno. Y todo ello al servicio de un modelo de crecimiento económico basado en la expansión del sector inmobiliario, demandante de un volumen de créditos para familias y empresas que en poco tiempo crearía una de las mayores burbujas inmobiliarias y financieras cuyos efectos pagaremos aún durante un largo período y que ha dejado un saldo ecológico devastador, muy precisamente registrado en los magníficos Informes del Observatorio de la Sostenibilidad.

Informes como este y los cada vez más alarmantes de la comunidad científica internacional alertan de que el tiempo para enmendar tan terribles errores se  está acortando. Lo que hace unos años quedaba reducido a debates en círculos restringidos sobre el agotamiento de los recursos estratégicos, la irreversible pérdida de patrimonio genético y los devastadores efectos sobre el clima del calentamiento global, constituyen hoy el horizonte en el que sectores cada vez más amplios de las sociedades contemporáneas inscriben sus perspectivas y pautas de conducta.

En dos dimensiones que deben operar de forma simultánea. Una es la dimensión de nuestras relaciones con los sistemas naturales y el metabolismo, (el consumo de agua, energía y materiales, los desechos de nuestras actividades), de nuestra vida social que debe orientarse, de forma además muy acelerada, por objetivos muy decididos de sostenibilidad. La otra, indisolublemente ligada con la anterior, es la dimensión socioeconómica: debemos ser capaces de encontrar fórmulas de vida colectiva superadoras del primado de la sociedad del trabajo y la acumulación de capital.

Y añadiría una tercera a la que concedo tanta sino más importancia que a las anteriores y tiene que ver con el sentido de la existencia individual y colectiva. Es necesario, urgente y apremieante aprender a vivir bien con menos, descubrir que vivir es ser más que tener; especialmente las sociedades más desarrolladas debemos aprender la senda del buen vivir que algunos pueblos del mundo intentan transitar desde hace tiempo.

Y no tenemos demasiado tiempo. Las escaseces antes aludidas podrían incentivar fenómenos sociales de carácter patógenos ya presentes en nuestras sociedades como la xenofobia y el racismo. La guerra por los recursos y las migraciones de masas por el calentamiento son el horizonte inmediato para millones de seres humanos en el planeta.

El movimiento por la justicia global popularizó en su día la consigna “otro mundo es posible”. Muy poco después debemos gritar que otro mundo es inevitableotro mundo es inevitable. La vida en nuestras sociedades nunca será como al hemos conocido.

De cada una de nosotras y nosotros dependen los rasgos esenciales de este nuevo mundo. Hemos citado algunos ya presentes que la creciente escasez de recursos y el agravamiento de la crisis ecológica podría acentuar: la imagen de una sociedad de semi siervos regida por una casta de expertos y tecnócratas distribuidores de los recursos esenciales para la vida es una y las políticas gobernantes apuntan claramente en esa dirección.

Hay dos generaciones educadas en el bienestar para las que el despertar en la realidad de la escasez y el colapso energético y ecológico puede ser terrible. Su respuesta a estos estímulos puede ser decisiva para el porvenir de nuestras sociedades.

Hay otro camino que estas generaciones y las que las precedemos podemos recorrer. Algunos lo hemos llamado proceso constituyente y debiera ser obvio, a estas alturas, que su cometido va mucho más allá de elaborar y aprobar una nueva constitución, por importante que ello sea.

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Constituyente es empezar de nuevo, imaginar y construir una nueva forma de vivir, un sentido para nuestra existencia individual y colectiva distinto del imperante las últimas décadas.

No es, no será desde luego, un camino fácil. Todas las capacidades, todas las tensiones positivas a la cooperación y el apoyo mutuo deberán ser puestas en juego. El reto lo merece y no pide menos reconstruir nuestra casa común ________________

José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.