Como personal sanitario quería dar mi visión desde mi experiencia de varias de las áreas sanitarias que están fallando, creando grandes problemas a la población, meramente por estar el sector mercantilizado para los intereses y las ganancias de unos pocos. Situación que nada tiene que ver con la prevención, la promoción y la mejora de la salud de la población, atentando en contra de las profesiones sanitarias y de los ciudadanos.
Geriatría y última etapa de la vida
Con más de quince años de experiencia en el sector de los cuidados a personas dependientes en residencias, he vivido de cerca el gran negocio. He denunciado a uno de los grandes grupos de los 12 que gestionan y se reparten el pastel en España. Grupos que poseen un índice muy elevado de fallecimientos durante la pandemia, en comparación con otras residencias similares que no han tenido casi fallecidos durante la gran hecatombe de los meses de marzo y abril del 2020 por la COVID-19. En Madrid ha habido más de 7.000 fallecimientos y más de 30.000 a nivel nacional.
La dependencia es una de las necesidades poblacionales donde más vulnerables somos, tanto las personas como los familiares. Nuestras instituciones no favorecen otras alternativas. Como profesional he decidido salir de este sector porque no puedo ejercer correctamente mi profesión, teniendo muchos problemas a nivel personal por reclamar lo que deberían ser derechos fundamentales. Debería ser premiado y no castigado. Es una realidad muy injusta de la que debería haber responsables y en la que nos hemos sentido coaccionados y abandonados.
Son muchas las publicaciones que he hecho sobre este tema, además de escribir el libro Lodo y Fango en las Residencias. Sigo colaborando para tratar de cambiar un sector en el que hay inversores tratando de ganar grandes cantidades de dinero a costa de una necesidad poblacional, subvencionadas con dinero de todos los ciudadanos que acaban en manos de empresas privadas y no en las personas y sus cuidados.
En mi sentencia, y a pesar de haberlo avisado con denuncias y reclamaciones, tanto por mi parte como por la de los familiares, no fuimos escuchados. Denuncié en Noviembre de 2019 (4 meses antes del estallido de la COVID) sin darme la razón en primera instancia. Tuve que aceptar que hubiera 52 fallecidos durante mi proceso de suplicación por no estar de acuerdo con la decisión del juez. Aun así me dieron la razón a medias obligándome durante ese tiempo a trabajar con esta empresa tan indigna. Esto demuestra la poca implicación por parte de nuestras instituciones (jueces y fiscales). Nos negaron un derecho que supuestamente deberíamos tener en un sistema democrático y constitucional.
En la sentencia, el juez reconoce que durante períodos largos y mantenidos, tenía una carga laboral cuatro veces superior a la que contempla la normativa. Un dato curioso es que las inspecciones nunca detectaron estos problemas, pero sí se demostró judicialmente. Mi pregunta es: ¿qué hacen estos inspectores?
Por detrás de esta falta de personal y de los problemas estructurales hay consecuencias directas en el empeoramiento de la salud y en la mortalidad. La falta de personal, de profesionalidad, de higiene, de limpieza, de ventilación (ventanas y salidas de emergencia cerradas), de medidas preventivas, de alimentación, hidratación y las temperaturas excesivas hacen que haya una incidencia directa que influyó en que las personas más vulnerables llegaran muy debilitadas a la pandemia, y es ahí donde debería haber responsabilidades.
Nuestras instituciones no están siendo “trigo limpio”, ya que deberían proteger los derechos de los ciudadanos y no los intereses de estos inversores, poniendo en riesgo nuestra Constitución y sistema democrático y judicial a favor de las grandes economías
Por otro lado, la política y su incompetencia, derivada de algún interés oculto que desconocemos pero podemos imaginar, han decidido cerrar las comisiones de investigación, volviendo a negar otro de los derechos fundamentales. Muchos ciudadanos y familiares necesitamos que se esclarezca qué es lo que ocurrió. Desde Marea de Residencias y Verdad y Justicia (plataformas de las que soy miembro) hemos allanado este trabajo. Se ha impulsado una comisión de investigación ciudadana con expertos de gran prestigio y carisma, un trabajo que deberían haber hecho ellos y que ha llevado mucho tiempo.
Nuestras instituciones no están siendo “trigo limpio”, ya que deberían proteger los derechos de los ciudadanos y no los intereses de estos inversores, poniendo en riesgo nuestra Constitución y sistema democrático y judicial a favor de las grandes economías, abandonando y yendo en contra de los derechos de la mayor parte de la población en un sistema que debería ir a favor de estos mismos.
Se ha culpabilizado de todo a la COVID-19, cuando parte de esos fallecidos fueron por otras causas según datos aportados por infoLibre. Seguiremos luchando por estas causas.
Medicina primaria, especialidades y hospitalizaciones
Es otro de los problemas que afectan directamente a la promoción y a la prevención de la salud de la ciudadanía. Son muchos los sanitarios que se quejan de las condiciones laborales que tienen, sin poder desempeñar bien su trabajo. Pero también es cierto que son pocos los que se enfrentan a sus directivas, la mayoría parece mirar hacia otro lado, siendo víctimas y cómplices a la vez. Saben muy bien cuáles son las buenas prácticas cara a los ciudadanos, rigiéndose y aceptando unos protocolos por parte de las directivas que nada tienen que ver, una vez más, con la mejora de la salud de los ciudadanos, y que fomentan el ahorro económico a corto plazo, poniendo en riesgo la salud de las personas y creando un problema a largo plazo.
A día de hoy, continúo ejerciendo como sanitario, teniendo contacto con muchas personas que tienen problemas de salud. Muchas de ellas me reafirman mis pensamientos: "hacemos filosofía de algo que es ciencia, llegando a poner tratamientos con medicaciones muy fuertes sin un diagnóstico previo, como es el caso del uso del fentanilo". Tratamientos que no buscan la mejor solución para la persona sino la más rentable a corto plazo y la más perjudicial para las personas.
Otra de las áreas donde se debería hacer más hincapié es en la psicología. A día de hoy es escasa de cara a los ciudadanos. Casi no hay tratamientos terapéuticos con psicólogos en el sistema público de salud, derivando todo a psiquiatría y medicando a la población para tratar la sintomatología (alarma de que algo no funciona bien en nuestro interior). No se solventa el problema de forma terapéutica, con una media de 2 sesiones anuales. Somos el país con mayor ingesta de benzodiacepinas. Hay un documental que habla de ello, Empastillados. La psicología es para muchas familias un producto de lujo que no pueden costearse y su única solución es consumir estas drogas para no sufrir más, creándoles mucha dependencia. Los trastornos mentales están en aumento, al igual que los suicidios, y lo más preocupante es que se están dando en la población más joven, porque no pueden más. Creo que es un tema en el que la población debería reflexionar y exigir cambios. Como sociedad parece que, si no nos toca directamente, no nos afecta.
Otra de las áreas en la que también debemos invertir y proteger es en la fisioterapia, la rehabilitación y el ejercicio físico. Se trata de patrones que una vez más y a largo plazo interfieren en la prevención y promoción de la salud. La realidad es otra y resulta que vuelve a ser para muchos un producto de lujo, donde en muchas ocasiones volvemos a tratar la sintomatología con medicamentos en vez de tratar el problema de forma terapéutica.
Como sociedad deberíamos reflexionar sobre estos problemas y exigir mayor inversión en la prevención y promoción de la salud de la población. Debemos cuidar al personal sanitario, y junto con la educación, ser los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Invertimos mucha economía en turismo y ocio y nos despreocupamos de invertir en lo más importante y fundamental.
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Alejandro Joaquín Salado Monreal es técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico en atención sociosanitaria y autor del ensayo Lodo y Fango en las Residencias.
Como personal sanitario quería dar mi visión desde mi experiencia de varias de las áreas sanitarias que están fallando, creando grandes problemas a la población, meramente por estar el sector mercantilizado para los intereses y las ganancias de unos pocos. Situación que nada tiene que ver con la prevención, la promoción y la mejora de la salud de la población, atentando en contra de las profesiones sanitarias y de los ciudadanos.