El pasado martes infoLibre publicó un nuevo artículo sobre el pelotazo urbanístico de la finca 2.266 de Torrelodones, aportando más datos sobre una historia que permite comprender cómo se están trasladando al Estado los desmanes de algunos empresarios de promoción inmobiliaria.
Un poco de historia. En 2006 un importante promotor de Torrelodones, Eduardo Morales Santiago, se compra a sí mismo a través de dos de sus empresas, por 20,2 millones de euros, un encinar protegido que en el mejor de los casos tiene un valor de 900.000 euros. Aporta como garantía un pagaré concedido por Caja Avila por un importe de 20,2 millones de euros. En 2008, el día del vencimiento del pagaré, se sustituye por un crédito hipotecario 20,7 millones, que son ingresados por Caja Ávila en la cuenta de la empresa inmobiliaria. El crédito debe pagarse en 3 años con un interés del 7,5%. ¿Cómo es posible que en 2008 Caja Ávila conceda un crédito de 20 millones sobre un terreno que vale 900.000? La respuesta es sencilla: asume que los terrenos protegidos serán convertidos en urbanizables por el Ayuntamiento en poco tiempo.
La clave de todo el negocio es que el promotor tiene "vínculos personales y profesionales” con el presidente del PP local y entonces diputado (Mario Mingo) y con el Alcalde de Torrelodones (Carlos Galbeño) y la garantía por escrito del Director General de Caja Ávila de participar en la operación inmobiliaria. Pese a todo ello, en septiembre de 2009 la Comunidad de Madrid declara inviable la pretendida reclasificación y la finca nunca ha dejado de ser suelo protegido.
En enero de 2010, sin que el promotor haya devuelto un solo euro, Caja Ávila amplía el plazo de pago del crédito en nueve meses y reduce el interés al 5%. En 2012, una vez que Caja Ávila ha sido absorbida por Bankia, se vuelve a prorrogar el crédito un año más.
Hoy, en diciembre de 2018, diez años después la concesión del crédito, no se ha devuelto un solo euro. Hoy, una década después, la deuda asciende a 35 millones. Hoy, diez años después, la finca sigue a nombre de la empresa inmobiliaria cuyos propietarios la tienen a su entera disposición. Hoy, diez años después, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), titular actual del crédito, “está estudiando” qué acciones civiles va a emprender para recuperar el dinero que se le adeuda.
Enajenar activos no es suficiente. Sobre la Sareb
En 2012 el Gobierno decide afrontar por fin el saneamiento bancario a través del denominado Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada y de la Sareb, una sociedad de gestión de los activos inmobiliarios de las cajas y bancos intervenidos. Se trata de una entidad singular pues pese a recibir los créditos y activos inmobiliarios de las Cajas de Ahorro públicas es una sociedad anónima en la que “en ningún caso la participación pública podrá ser igual o superior al cincuenta por ciento del capital”. Participan en ella la mayor parte de los bancos y entidades aseguradoras, que tienen un 55% de las acciones. Desde entonces la Sareb (también conocida como banco malo) se ha dedicado a la administración directa o indirecta, adquisición y enajenación de los activos que le transfieran las entidades de crédito.
Desde 2012, la Sareb ha recibido 200.000 millones de euros en activos, entre ellos el crédito impagado de la finca 2.266. Tener la oportunidad de conocer la actuación del llamado banco malo en Torrelodones es un indicador de cómo esta sociedad incumple una de sus principales obligaciones como gestora de fondos públicos: identificar y perseguir las operaciones fraudulentas y estafas del dinero de todos y quizás lo que sea aún más grave, recuperar el patrimonio público de las Cajas de Ahorro transferido obscenamente a determinados empresarios.
¿Alguien se imagina que diez años después de dejar de pagar las cuotas de la hipoteca de su piso el banco titular de la misma “esté estudiando” qué acciones emprender? ¿Alguien se imagina que diez años después de dejar de pagar su hipoteca y debiendo 35 millones de euros siga disfrutando del bien hipotecado?
La falta de equidad en el tratamiento de las deudas y la impunidad de gran parte de los responsables de la crisis económica es el mejor incentivo para que la repitan. ___________________
Santiago Fernández Muñoz es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Torrelodones.
El pasado martes infoLibre publicó un nuevo artículo sobre el pelotazo urbanístico de la finca 2.266 de Torrelodones, aportando más datos sobre una historia que permite comprender cómo se están trasladando al Estado los desmanes de algunos empresarios de promoción inmobiliaria.