A un año para las elecciones autonómicas de 2019, Cristina Cifuentes ha sido portada de todos los medios de comunicación por causa —nada nuevo para el PP— de la corrupción. Un escándalo, este de su máster, sumado a otros como el caso Púnica y el famoso contrato de la Cafetería (era miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos para la adjudicación) o las actas del Canal de Isabel II dentro de la operación Lezo que, según ella, se habían traspapelado. Mucha corrupción pero poco se habla de su gestión, más allá de sus grandes palabras, como las que se escucharon en el pleno por su máster en el que aseguraba que ella —y su gobierno— tienen tolerancia cero contra la corrupción. ¿Pero qué ha hecho Cifuentes en estos tres años de gobierno? Habría que hablar, más bien, de desgobierno: ni su plan para la regeneración democrática se ha llevado a cabo por no ser flexible con PSOE y Podemos, ni sus 48 diputados con los que comenzó el PP en la Asamblea de Madrid van a poder terminar la legislatura: más de 20 han tenido que dimitir por sus presuntas tramas de corrupción ya judicializadas. Un gobierno demasiado preocupado de tapar su pasado que no puede centrarse en un proyecto ilusionante de futuro en torno a la prosperidad económica, justicia social y sostenibilidad ambiental. Un dato puede resumir muy bien estos años: la deuda de la Comunidad de Madrid ha aumentado un 21% en esta legislatura (pese a que sigue siendo baja en comparación con su PIB), mientras que el Ayuntamiento de Madrid la ha reducido en un 36,3% desde la llegada de Carmena al gobierno municipal.
¿Y qué ha hecho Cristina Cifuentes en cuanto a la sostenibilidad ambiental? Más allá de las palabras, entremos al detalle en algunos hechos divididos por sectores.
1. Cifuentes y las energías renovables
La Comunidad de Madrid, a través de Fenercom, crea cada año un informe del balance energético en el que detalla qué tipo de energía consume y produce la región, entre otros datos. El referido a 2017 aun no ha sido publicado por lo que los datos más actualizados posibles serán de 2016.
En esta tabla del balance de 2016, se puede ver como el impulso a las renovables es, o bien escaso, o bien regresivo. Si tomamos el año 2014 (el previo a las elecciones autonómicas que ganó Cifuentes), la energía hidráulica ha bajado cuatro puntos y la fotovoltaica casi medio. La biomasa sube apenas medio y la solar térmica casi dos. Estos datos contrastan con las posibilidades que la Comunidad de Madrid podría tener si un gobierno apostara, de verdad, por la energía limpia. Recientemente salía un informe del Observatorio de la Sostenibilidad que calculaba que los paneles que se podrían instalar en tejados y huertos solares en la región supondrían la mitad del consumo eléctrico total. La realidad es que en el año 2015 la potencia instalada de energía fotovoltaica era de 66,1MW, y en el año 2016, siguió siendo de 66,1MW. Es decir: un total de 0 MW instalados en un año. Pero no queda todo ahí: otras energías como el carbón continúan protagonizando escándalos pese a su prohibición. Es preocupante que cuando se llevó a cabo el Plan Azul+ (2013-2020) se afirmaba que existían alrededor de 400 calderas de carbón en la Comunidad de Madrid. En el informe energético del año 2016, apuntan que son 404 las calderas que funcionan con este combustible, altamente contaminante. Estos datos, no obstante, publicados por la Comunidad de Madrid, no ofrecen una rigurosidad ejemplar ya que el propio Ayuntamiento de Madrid lo ha desmentido y asegura que las calderas de carbón existentes solo en el municipio son 574.
2. Cifuentes y el mundo natural y rural
Según el Diagnóstico Ambiental de 2017 de la Comunidad de Madrid, de los 22 embalses y humedales de la región, solo uno tiene una buena calidad ecológica y dos moderada, el resto tienen una calidad mala o deficiente.
Son tres los indicadores que la Comunidad de Madrid ofrece en su portal de transparencia en relación al agua. En el primero, tratamiento de las aguas residuales, se observa un estancamiento en el caudal de agua depurada desde el año 2011 (535 hm3), bajando incluso algo la cifra en 2016 (485 hm3). Conviene recordar que tras usar el agua, esta vuelve a su caudal natural pero contaminada por su uso, y es precisamente esta depuración la que la limpia y reduce el impacto en el medio natural. El segundo indicador es el consumo de agua por habitante que, en los últimos cuatro años ha aumentado: de unos 61 m3/hab en 2013 ha pasado a unos 63 m3/hab en 2016. Y para terminar, el tercer indicador es la disponibilidad de agua para consumo, es decir, cuánta agua se mantiene en los embalses de la Comunidad de Madrid. En este caso la estadística se mantiene: entre 600 y 700 hm3 en los últimos años.
¿Y los espacios naturales de la Comunidad de Madrid? Según su propio Diagnóstico Ambiental de 2017, la región cuenta con un 66% del territorio protegido (protección otorgada por diferentes administraciones y con diferentes significados). Por ejemplo, el 40% del territorio pertenece a la RedNatura2000, una red de áreas de conservación de la Unión Europea. Sin embargo, los datos oficiales demuestran una contradicción en la tendencia (mala) de estabilidad: según el portal de transparencia, los espacios naturales protegidos suben desde 2010 a 2014 casi un 50% como se ve en la figura de la izquierda. Sin embargo, en el informe del Diagnóstico Ambiental 2017, la superficie de los espacios naturales protegidos caería otra vez a los niveles de 2004 (unas 120.000 hectáreas). De cualquier manera, lo que se demuestra es que los espacios protegidos no han aumentado o, en todo caso, se han visto reducidos.
Ligado al mundo natural, debe estar el mundo rural, pues es el mundo que cuida y protege, en mayor medida, los espacios verdes de la región. Aunque no se debe olvidar: para que la población se fije en estos espacios —evitando el hacinamiento urbano— debe encontrar facilidades en sus proyectos vitales. Un buen ejemplo de ello tiene que ver con la producción ecológica que, pese a haber recibido un aumento significativo desde la década de los 2000, en los últimos años se ha visto bastante estancada con un total de 9.774 hectáreas, un crecimiento muy pequeño si se compara con el año 2013, cuando la Comunidad de Madrid dio un salto cualitativo en este campo. En el año 2015 había 217.000 hectáreas dedicadas a cultivos, y en ese mismo año, solo 9.500 estaban dedicas a agricultura ecológica, es decir, poco más del 4% (datos del Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid). En el año 2016, 7.500 madrileños se dedicaron a la agricultura, solo un 0,3% del total de trabajadores.
El turismo rural es, sin duda, uno de los motores de la economía de los espacios naturales de la región pero que, sin embargo, no ha terminado de despegar en el mandato del partido popular en este legislatura. En el año 2016, algo más de 5 millones de viajeros extranjeros visitaron la Comunidad de Madrid, de los cuales visitaron zonas rurales unos 15.000, esto es solo un 0,28% del total. La naturaleza y los paisajes con los que cuenta la región, debido a que alberga parte del Sistema Central en su territorio, son de una belleza asombrosa pero, aun así, los esfuerzos para que las personas que visitan la Comunidad de Madrid pasen parte de su tiempo en su mundo natural y rural son más bien escasos o poco fructíferos.
3. Cifuentes y el aire de la Comunidad de Madrid
Tras las acciones que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, llevó a cabo desde el comienzo de su legislatura por poner freno a la contaminación del aire del municipio de Madrid, este ha sido un tema que ha cobrado especial interés. Para abordar el problema, sin embargo, se ha de tener en cuenta que la contaminación atmosférica es una cuestión multinivel, y no tanto un asunto que se pueda circunscribir a una sola administración.
Los resultados de cualquier análisis en la relación a la contaminación del aire son siempre negativos dentro de la Comunidad de Madrid. Los límites de NO2 y O3 aconsejados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se superan en numerosas estaciones de medición y las actuaciones para solucionarlo nunca son ambiciosas. El gobierno de Cifuentes, supuestamente, ha continuado el Plan Azul + que salió en 2013 y que terminará en 2020, pero sin grandes conquistas o con iguales fracasos. Los datos de 2016, por ejemplo, de O3 (Ozono Troposférico) son alarmantes: si el reglamento establece los 120 μg/m3 de O3 como la barrera permitida para la protección de la salud humana y un máximo de 25 veces la posibilidad de superar ese límite, en la Comunidad de Madrid ha habido algunas estaciones que han duplicado el número de veces que ha sobrepasado ese tope (El Atazar y Orusco de Tajuña a la cabeza). Por otro lado, en relación con el NO2 (Dióxido de Nitrógeno), el gobierno de Cifuentes (y anteriores) siempre lo ha mantenido por debajo del máximo recomendado por la OMS de 40 μg/m3, eso sí, ahí no se incluyen las estaciones de medición del municipio de Madrid, que siempre las supera por la carga tan grande de tráfico que mantiene. En la siguiente gráfica se puede ver la comparativa.
Como se decía, pese a que la línea de la Comunidad de Madrid aparenta estar en los límites permitidos, la información es tramposa ya que las estaciones que se recogen en esa información no incluyen las más contaminadas como son las del municipio de Madrid. Por eso se recuerda y se resalta que la calidad del aire no solo compete a una administración, sino que el trabajo debe ser conjunto. Por eso es muy interesante echar un vistazo a la principal causa del NO2 (los coches) y ver el peso, en términos absolutos y en proporción a la población, de los turismos.
En estos dos gráficos se puede observar, por un lado, cómo el número de turismos en la Comunidad de Madrid ha aumentado y ha crecido a un ritmo mayor que en el municipio, pero por otro, en relación a la población. Cifuentes no ha llevado a cabo ninguna política para incentivar el uso del medio de transporte público o coche compartido en detrimento de coche privado y se ve cómo la tendencia, bajo su gobierno, está en aumento. Mientras en el Plan A del Ayuntamiento se habla de la reducción de turismos, en el Plan Azul + autonómico tan solo se menciona la sustitución del coche de combustión fósil por uno eléctrico, impidiendo el cambio real del modelo de movilidad de la Comunidad de Madrid.
No se ha de olvidar que los gatos en sanidad pública provocados por la contaminación atmosférica son altos. Según un informe de Ecologistas en Acción en España estos costes suponen alrededor del 3,5% del PIB y en relación a Madrid, significa que sus habitantes se mueren 2 años antes de “lo natural” y producen alrededor de 2.000 muertes prematuras al año.
4. Cifuentes y los residuos
Una de las grandes patas de la sostenibilidad son los residuos que se generan con las actividades industriales y urbanas. Pese a que el reciclado es importante, ha de ser la última de las soluciones. Gastar menos o reutilizar lo usado debería ser el principal objetivo del gobierno de la Comunidad de Madrid. En el año 2017 Cifuentes se enfrentó a las protestas por parte de varias comunidades del Sur (Pinto o Getafe) dada su intención de instalar una nueva incineradora en el sur de Madrid, con los peligros para la salud y el medio ambiente que este tipo de plantas conllevan.
La nueva estrategia de Cifuentes en relación a los residuos ha salido publicada hace pocas semanas y, previsiblemente, podría ser aprobada en verano. Según este plan, la inversión será de unos 366 millones de euros, aunque el 80% del mismo se dedica a crear o mejorar infraestructuras, olvidándose de la parte de “reducir” de las siete erres de los residuos. Cifuentes mantendrá la incineración como la alternativa a los vertederos, por lo que el problema de sus emisiones contaminantes y del coste de la gestión de los residuos no desaparecerá. Además, cargará fiscalmente a los hogares: si actualmente el 86% de los habitantes no pagan una tasa específica por la recogida de la basura de sus casas, en el nuevo plan se abre la puerta a una tasa a toda la ciudadanía. El texto del plan general dice: “la Comunidad de Madrid propondrá que el Gobierno de España estudie la posibilidad de modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para hacer obligatorio el establecimiento de la tasa de residuos por las Entidades Locales y que ésta garantice la cobertura total de los costes de recogida, tratamiento y eliminación de residuos”.
Conclusión: mucho por hacer pero se acaba el tiempo
No es nuevo señalar que un gobierno del Partido Popular no va a priorizar la sostenibilidad ambiental en sus políticas y el gobierno de Cifuentes no ha sido la excepción. Su acción se basa más en la quietud y el traspaso de la gobernanza a la inercia de las propias instituciones que en liderar —como una de las comunidades autónomas más ricas— cambios sustanciales en el terreno de la sostenibilidad. Pero Cifuentes ha tenido tres años de (des)gobierno empantanados con la corrupción, y como le pasa al PP nacional, está más preocupada de sus líos con la justicia que de ofrecer dignidad y esperanza a la ciudadanía madrileña. Una legislatura perdida —una más— que debería tener reemplazo en 2019 con la misma exigencia de siempre: llevar a Madrid a liderar en España y en Europa las políticas verdes más exigentes. Una Comunidad de Madrid próspera y justa solo podrá ser si es, también, sostenible. ______________
Alberto Rosado del Nogal es doctorando en Ciencias Políticas en la UCM y creador de #InsosteniblePodcast.
A un año para las elecciones autonómicas de 2019, Cristina Cifuentes ha sido portada de todos los medios de comunicación por causa —nada nuevo para el PP— de la corrupción. Un escándalo, este de su máster, sumado a otros como el caso Púnica y el famoso contrato de la Cafetería (era miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos para la adjudicación) o las actas del Canal de Isabel II dentro de la operación Lezo que, según ella, se habían traspapelado. Mucha corrupción pero poco se habla de su gestión, más allá de sus grandes palabras, como las que se escucharon en el pleno por su máster en el que aseguraba que ella —y su gobierno— tienen tolerancia cero contra la corrupción. ¿Pero qué ha hecho Cifuentes en estos tres años de gobierno? Habría que hablar, más bien, de desgobierno: ni su plan para la regeneración democrática se ha llevado a cabo por no ser flexible con PSOE y Podemos, ni sus 48 diputados con los que comenzó el PP en la Asamblea de Madrid van a poder terminar la legislatura: más de 20 han tenido que dimitir por sus presuntas tramas de corrupción ya judicializadas. Un gobierno demasiado preocupado de tapar su pasado que no puede centrarse en un proyecto ilusionante de futuro en torno a la prosperidad económica, justicia social y sostenibilidad ambiental. Un dato puede resumir muy bien estos años: la deuda de la Comunidad de Madrid ha aumentado un 21% en esta legislatura (pese a que sigue siendo baja en comparación con su PIB), mientras que el Ayuntamiento de Madrid la ha reducido en un 36,3% desde la llegada de Carmena al gobierno municipal.