El pasado mes de septiembre tuvo lugar en Madrid una charla-coloquio en la sede social y cultural La Morada bajo el título “El terrorismo desde otras miradas”, en la que intervinieron, entre otros, Julio Rodríguez, exjefe del Estado Mayor de la Defensa y responsable del Área de Paz y Seguridad de Podemos, y Richard Jackson, profesor de Estudios por la Paz de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda).
Sin querer realizar un resumen del coloquio, si quisiera señalar algunos de los planteamientos que se expusieron principalmente por parte del profesor Jackson, que es además director adjunto del National Centre for Peace and Conflict Studies de la Universidad de Otago y cofundador de la revista académica Critical Studies on Terrorism. A grandes rasgos, sus análisis y planteamientos sobre el fenómeno del terrorismo (así como el de otros teóricos) se clasifican en la corriente conocida como “estudios críticos de terrorismo” que aportan un enfoque distinto a la perspectiva que, si se me permite la expresión, podríamos llamar tradicional u oficial sobre este fenómeno.
Algunas de las ideas que se plantearon en este acto giraron en torno al debate entre libertad vs. seguridad (en el que actualmente se están vulnerando derechos de los ciudadanos en nombre de la seguridad), en si el terrorismo es la mayor amenaza (no lo es, aunque interesa sobredimensionarla y en este punto las empresas de armamento y de seguridad obtendrían grandes beneficios) o se cuestionaron algunas de las medidas antiterroristas, como es la colocación de bolardos en las calles (si el terrorista no puede atentar con un vehículo, buscará otras vías). Para hacer frente al fenómeno del terrorismo, el profesor Jackson afirmó que hay que plantearse el por qué nos quieren atacar.
Estos planteamientos irían en línea opuesta a las visiones y medidas que están aplicando los gobiernos occidentales en relación al terrorismo yihadista. Sirva de ejemplo el caso francés, en el que se ha llegado a normalizar el estado de excepción después de los atentados terroristas de noviembre de 2015, tal y como expuso brillantemente el profesor Fernando Flores en este medio. O el caso británico, en relación a como gestionar la posible vuelta de ciudadanos británicos que viajaron a países como Siria para unirse al Dáesh (las autoridades británicas calculan que serían alrededor de 850 personas).
Recientemente, el ministro de Estado del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Rory Stewart, afirmaba en una entrevista radiofónica en la BBC que “la única manera de solucionarlo [la cuestión de los posibles retornados] será, en casi todos los casos, matarlos”. Eso sí, lejos de territorio británico y a pesar de las cuestiones morales que se puedan plantear. Estas palabras están en la misma línea que las señaladas por el enviado especial de EEUU para la coalición contra Dáesh, Brett McGurk, en las que señalaba que su misión consiste en “asegurarse que cada luchador extranjero que se une a la organización en Irak y Siria muera en Irak y Siria”.
Ambas declaraciones, que a penas han tenido alguna repercusión en los medios de comunicación españoles tan ocupados con la cuestión catalana (que ha servido para tapar cuestiones incómodas como este tipo de declaraciones o el caso Gürtel), pueden generar una serie de interrogantes legales y éticos que pueden ser difíciles de justificar en sociedades democráticas (¿o no?).
Una sociedad democrática basada en un Estado de derecho consolidado no puede permitirse este tipo de “soluciones”. El desafío al que nos enfrentamos como sociedad es que estas aterradoras medidas encontrarán defensores entre políticos, medios de comunicación y ciudadanos. Y no nos asombremos o pensemos que eso no va con nosotros, porque eso ya lo hemos visto aquí, en la España que estos meses lleva por bandera el Estado de derecho y la ley en cuestiones territoriales y, en cambio, justifica ante su población que los presuntos yihadistas de Barcelona y Cambrils fueron “abatidos” (o lo que es lo mismo, muertos por disparos de los Mossos d’Esquadra, como prefiera).
Salvo contadas excepciones, poco se ha cuestionado desde los medios de comunicación y partidos políticos que durante días y semanas los supuestos terroristas fuesen “abatidos” (hagan la prueba y busquen como en muchas de las noticias no indican que fueron muertos por disparos sino que fueron “abatidos”). Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, en un excelente artículo reflexionaba sobre este hecho y exponía como había quienes defendían que, debido a la excepcionalidad del terrorismo yihadista, había que “recurrir a medidas excepcionales, también por lo que se refiere a los derechos y garantías de los terroristas, y aun de los sospechosos de serlo”. Pero no lo olvidemos, cuando fueron “abatidos” eran eso, presuntos terroristas.
Por otro lado, la ciudadanía española no sólo no ha cuestionado el procedimiento, sino que lo ha aplaudido. “¿Qué quieres que nos maten ellos primero?”, se preguntan. “Es la única manera de solucionarlo”, concluyen compungidos.
Por lo tanto, aunque en España también hemos matado-abatido a los terroristas, estos hechos no pueden ni deben normalizarse en una sociedad democrática. El principal objetivo debe ser detener al presunto terrorista (no hay que parar de repetirlo), interrogarlo y llevarlo ante la justicia (salvo excepciones en las que matar sea el último recurso).
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Por ser un tema tan complejo, nuestros políticos deberían aportar a sus ciudadanos explicaciones coherentes y sinceras sobre las medidas para hacer frente al terrorismo en lugar de aprovecharse de nuestros temores. Debemos, como mínimo, replantearnos muy seriamente las políticas nacionales e internacionales frente al terrorismo que, no sólo no han sido efectivas (y continúan sin serlo), sino que además retroalimentan al monstruo.
Tal y como se expuso en el coloquio sobre terrorismo al que me he referido al inicio, queremos solucionar los problemas con violencia y después nos sorprende que ellos la utilicen. Pero para hacer frente al terrorismo de forma más eficaz hay que aportar una visión más amplia, abarcando todas las causas de esta barbarie, en la que la vía armada no puede ser la soluciónla solución. Hay que atacar las vías de financiación de estos grupos, ejercer un control real sobre el comercio de armas, aumentar la colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados, y apostar por una mayor educación política de la ciudadanía, todo ello sobre la base irrenunciable del respeto a los derechos humanos.
Estos (y otros) deben ser los mecanismos sobre los cuales articular otras políticas para ser más eficaces y extender la idea de que sí son posibles otras formas de entender y afrontar el terrorismo.
El pasado mes de septiembre tuvo lugar en Madrid una charla-coloquio en la sede social y cultural La Morada bajo el título “El terrorismo desde otras miradas”, en la que intervinieron, entre otros, Julio Rodríguez, exjefe del Estado Mayor de la Defensa y responsable del Área de Paz y Seguridad de Podemos, y Richard Jackson, profesor de Estudios por la Paz de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda).