Sumar quiere hacer de la vivienda uno de los ejes centrales de la legislatura. La ley que aprobó el Congreso la legislatura pasada —y que provocó sonoros enfrentamientos entre los socialistas y su entonces socio de Gobierno, Unidas Podemos— dejó sin cubrir algunas cuestiones que la organización que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz quiere abordar de cara a la negociación presupuestaria de este año. Entre otras medidas, desde Sumar demandan la regulación de los alquileres de temporada, de los pisos turísticos y la introducción de "mejoras" en el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que el Gobierno presentó hace unas semanas.
Si esta serie de cuestiones se dejan de lado, a juicio del portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, "la vivienda va a seguir siendo el agujero negro" que "se come los esfuerzos" de "los sueldos de los españoles, del ahorro de las familias y los esfuerzos de la distribución que hace el Estado": "Para eso estos Presupuestos Generales del Estado tienen que ser valientes y decididos. Se lo decimos al PSOE, hay que cambiar el paso", añadió Errejón, que aseguró que aún están "lejos" de alcanzar un acuerdo con su socio por estas cuestiones.
Sumar quiere aprovechar también el plazo de enmiendas que el ministerio de Transportes ha abierto en relación al Índice de Precios de la Vivienda, publicado hace escasas semanas, para introducir algunas de estas mejoras. Según explica Gala Pin, portavoz de Vivienda del grupo parlamentario, a infoLibre, la intención es que ningún arrendatario que tenga que cumplir con la ley de vivienda "haga trampas" ni "utilice vías de escape". Y, aunque reconoce que "va a ser difícil" mover al PSOE, sí que se han mostrado abiertos a introducir algunas mejoras.
Fin de las horquillas de precios mínimos y máximos
El pasado 27 de febrero el Ministerio de Transportes, dirigido por Isabel Rodríguez, hizo público el Índice de Precios de Referencia del alquiler, aunque para que pueda llegar a ser una realidad, las administraciones autonómicas y municipales tendrán que declarar previamente las zonas tensionadas en cada territorio. Ahora Transportes ha abierto un plazo de alegaciones y Sumar ya ha presentado las suyas. Entre otras medidas, desde Sumar creen que "sería conveniente redefinir la horquilla entre el percentil 5 y el 60". Es decir, según explica Pin, que en lugar de haya una horquilla de precios máximos y mínimos "se publique el precio mediano de la zona" para evitar que siempre se ponga en la más alta, lo que a su juicio genera una "espiral inflacionista".
Incorporar la renta por hogares en el cálculo del índice
A Sumar le parece "coherente" que se incorpore la renta por hogares en el cálculo del índice "para evitar así una homogeneización" y asegurar que esta herramienta "contribuye a descargar a las familias españolas el gasto dedicado al acceso y mantenimiento de la vivienda". Así, señalan que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler no debería superar el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.
Usar la referencia de los cinco últimos años para calcular los precios del índice
Ante un mercado inmobiliario que no para de subir año a año —en enero de 2024 el precio del alquiler subió un 5,1% respecto al mismo mes de 2023—, desde la coalición de Yolanda Díaz plantean que se utilice la "media de precios de los últimos cinco años" con el objetivo de "reducir el impacto de la incorporación de los precios del año 2023 y previsiblemente 2024 en el índice de de referencia cuando este se actualice con los nuevos datos tributarios".
Crear una comisión de revisión y seguimiento del índice
En Sumar también consideran necesaria la creación de una comisión de revisión y seguimiento del índice ,un mecanismo que, según Pin, serviría para comprobar si "realmente funciona" y debería incluir "el dato de porcentaje de renta promedio que los hogares destinan a pagar el alquiler" y "cómo la regulación está sirviendo para que los mismos converjan hacia el objetivo del 30% de renta" referido anteriormente.
Regular las viviendas turísticas
La ley de vivienda se dejó en el tintero la regulación de los pisos turísticos, pese a los intentos de Unidas Podemos la pasada legislatura, que reclamaba que en zonas tensionadas, como Barcelona, Málaga, Donostia o Cádiz, no hubiera un número de plazas superior al 2% de los habitantes de ese municipio o distrito. Finalmente no salió adelante. Desde Sumar creen que el Estado "ha de promover su regulación por parte de las comunidades autónomas para que ésta se produzca con carácter inminente" y plantean, entre otras medidas, la creación de un fondo de 75 millones de euros para que los ayuntamientos creen cuerpos de inspección o convertir las plataformas donde se anuncian los alojamientos turísticos en sujetos pasivos del IVA.
Regular los alquileres de temporada
Otro tema que Sumar quiere regular y que, según Pin, el PSOE "parece dispuesto a abordar" son los pisos de alquiler temporal, es decir, aquellos que tienen una duración de hasta 11 meses. Para la portavoz de Sumar esta es una de las mayores preocupaciones, ya que es la fórmula que están utilizando muchos arrendadores para no "escaparse" de la ley de vivienda. Así, consideran que este tipo de viviendas deberían estar sujetas también al índice de precios de alquiler, o bien producirse a través de una modificación de la Ley de Arrendamientos urbanos para establecer "mecanismos sancionadores" en caso de "uso fraudulento".
Utilizar la fiscalidad como herramienta para evitar la inflación en el alquiler
Los de Díaz plantean suprimir las bonificaciones fiscales para aquellas personas, físicas o jurídicas, "que establecen precios por encima de lo marcado en el índice, ya sea en zonas tensionadas como no tensionadas". Así, consideran que la publicación del índice "puede tener como efecto no deseado" la subida de precios en zonas no declaradas como tensionadas, "dando a entender a los caseros que los alquileres pueden subir hasta los precios que marca el índice"- Por ello, subrayan que se debe eliminar "cualquier tipo de bonificación fiscal si no se cumple el precio marcado por el índice".
Generar un registro de alquileres en las autonomías
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La octava medida que reclaman desde Sumar es promover que las comunidades autónomas, competentes en vivienda, "generen organismos que se encarguen de constituir un registro de los alquileres" que se producen en dicha comunidad, obligando, por ejemplo, a depositar la fianza en dicho organismo. "De este modo, se establece una tutela en la gestión de las fianzas, al mismo tiempo que se tienen datos fiables y actualizados del mercado del alquiler en dicho territorio", señalan.
Incorporar criterios objetivables para presentar el piso
Otra de las cuestiones que creen que es imprescindible abordar es la incorporación de "una definición clara" en la presentación del índice que "indique nítidamente qué significa un piso amueblado, qué implica que el piso posea unas vistas especiales y las diferencias entre un piso en buen estado y uno en perfecto estado" para que no sea el arrendador quien marque las características del piso en cuestión de manera subjetiva, alabando su "luminosidad" o sus "primeras calidades" sin que sea cierto.
Promover un sistema de mediación
Por último, el socio minoritario del Gobierno cree que sería "muy útil", en palabras de Pin, contar con un sistema de mediación para evitar "judicializar los incumplimientos, así como de asegurar que el índice se cumple". Un sistema que creen debe hacer "especial énfasis" en "el papel que puedan desempeñar las entidades sociales". Para ello, proponen dotar "con el presupuesto pertinente" a cada comunidad autónoma.
Sumar quiere hacer de la vivienda uno de los ejes centrales de la legislatura. La ley que aprobó el Congreso la legislatura pasada —y que provocó sonoros enfrentamientos entre los socialistas y su entonces socio de Gobierno, Unidas Podemos— dejó sin cubrir algunas cuestiones que la organización que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz quiere abordar de cara a la negociación presupuestaria de este año. Entre otras medidas, desde Sumar demandan la regulación de los alquileres de temporada, de los pisos turísticos y la introducción de "mejoras" en el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que el Gobierno presentó hace unas semanas.