Los 15 recursos clave sobre derechos que tendrá que decidir un TC en pleno choque y caducado

Un Tribunal Constitucional caducado, dividido en dos mitades y que ha paralizado en las Cortes su propio sistema de elección. Sin precedentes. Con la mayoría conservadora imponiendo sus posturas. Un auténtico choque de poderes. Pero el Alto Tribunal tiene una principal función: dictar sentencias.

La propia ley orgánica que lo regula lo define así en su artículo primero: “El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional”.

Y este caducado Tribunal Constitucional, que ha frenado su renovación, que no ha querido examinar a los miembros designados por el Gobierno y que sigue bloqueado por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial y el PP, tiene mucha tarea pendiente, con una serie de recursos clave que afectan a derechos muy sensibles de la ciudadanía y que están impugnados principalmente por los partidos de derechas.

Derechos en estudio

El paradigma es la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobada en 2010 y sobre la que no se ha tomado todavía una decisión por parte del TC. El ponente encargado es precisamente Enrique Arnaldo, magistrado a propuesta del Partido Popular y que en su día se mostró en contra de esta ley de plazos en un artículo, en el que llegó a tildarla de “ocurrencia del momento” y a compararla con los decretos autoritarios de los zares rusos.

El PP actual de Alberto Núñez Feijóo sigue respaldando esa impugnación. El actual Gobierno, que acaba de sacar en el Congreso con mayoría absoluta una nueva ley del aborto, está muy preocupado por esa decisión y el propio presidente, Pedro Sánchez, recuerda constantemente lo que acaba de pasar en EEUU con la derogación de ese derecho por parte del Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional tiene en sus manos también una ley clave para el actual Gobierno: la de eutanasia. Esta impugnación ha llegado a través del grupo parlamentario de Vox, que considera “inmoral” que el Estado garantice la muerte, y del PP, que presentó como principal argumento que se vulnera el derecho a la vida (apelando al artículo 15 de la Carta Magna y al artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). Esta norma salió con una mayoría absoluta abrumadora del Congreso (con 202 votos a favor de 350). Sólo se opusieron los populares y la ultraderecha. El ponente es el progresista Ramón Sáez Valcárcel.

En el punto de mira de la derecha está asimismo la ley Celáa, que han impugnado ante el Alto Tribunal tanto el Partido Popular como Vox. Principalmente se quieren tumbar tres aspectos que regula la Lomloe: la cuestión lingüística, el respeto a la libertad religiosa y la escuela concertada. Los proyectos de sentencia correspondieron a los conservadores Ricardo Enríquez y Antonio Narváez.

Leyes de Yolanda Díaz, en el punto de mira

El Tribunal Constitucional tendrá que someter a votación una de las normas estrella del actual Ejecutivo de coalición: la reforma laboral. El Alto Tribunal admitió los tres recursos presentados por el PP, Vox y Alberto Casero para intentar dejar sin efecto la votación del diputado del Partido Popular, que alega que se equivocó y que se vulneraron sus derechos por no poder repetir su voto. La ponente en este caso es Inmaculada Montalbán, del sector progresista.

Las derechas han puesto también bajo el examen del Tribunal Constitucional otra de las normas impulsadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: la ley ‘rider’. PP y Vox impugnaron este real decreto sobre los derechos de los trabajadores de las plataformas digitales, que obliga a las empresas de reparto a contratatarlos como asalariados. Los dos partidos la han llevado hasta allí criticando el uso “abusivo” del decreto por parte del Ejecutivo.

Otra de las normas del Gobierno de coalición que tiene que pasar el examen es el ingreso mínimo vital. Vox ha impugnado su disposición adicional quinta y el PP se ha unido para intentar tumbar asimismo la cesión de la competencia de gestión a los gobiernos forales de Euskadi y Navarra.

El PP de Pablo Casado llevó también en 2019 al Tribunal Constitucional, que todavía no ha resuelto, contra el decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez de equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. Este ampliaba el de los padres a ocho semanas ese año, a doce en 2020 y a dieciséis en 2021. Los populares lo recurrieron porque, entre otros motivos, aseguraban que se aportaban datos falsos y se cuestionaba la “extraordinaria y urgente necesidad” que el artículo 86.1 de la Constitución marca para los reales decretos leyes.

Génova 13 quiere tumbar a través del Tribunal Constitucional además la subida al impuesto del patrimonio que se incluyó en los presupuestos generales del Estado de 2021. El tributo subió en esa ley el gravamen del 2,5% al 3,5% para las fortunas de más de diez millones de euros y se convertía en estructural. El PP entiende que “somete a gravamen una riqueza irreal, inexistente o ficticia”.

Contra leyes de vivienda y antidesahucios

El Alto Tribunal tiene trabajo encargado por el Partido Popular a través de otro recurso contra la nueva ley de vivienda de Cataluña, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen una vivienda. Esta norma del Govern define a los grandes tenedores como las personas jurídicas que, por sí solas o a través de un grupo de empresas, sean titulares de más de diez viviendas “ubicadas en territorio del Estado”.

Asimismo tendrá que decidir sobre otros asuntos relativos a la vivienda. Vox recurrió ante el TC el decreto del Gobierno que suspende desahucios de personas económicamente vulnerables, que fue aprobado el año pasado. La entonces diputada Macarena Olona llegó a calificar la norma como una “salvajada jurídica” porque se “protege al delincuente”. Para los de Santiago Abascal esta norma va contra la propiedad privada.

El polémico magistrado Enrique Arnaldo es el ponente también del recurso presentado por Vox contra la ley orgánica de protección de la infancia y de la adolescencia, más conocida como la ley Rhodes. La ultraderecha quiere frenar varios aspectos de la ley, alegando que se “impone” educación sexual a los menores y que se incluye el concepto de “parentalidad positiva”.

Primer examen a los derechos trans

El Alto Tribunal tiene pendiente dictar sentencia sobre la ley trans de Canarias, después de que se admitiera a trámite el recurso presentado por la ultraderecha. Esta norma establece la libre autodeterminación de género y fue aprobada por unanimidad por el Parlamento de esta comunidad, con el voto a favor incluido del Partido Popular. Para Vox, se trata de una ley “aberrante”.

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Las derechas han llevado al Tribunal Constitucional en varios recursos sobre las decisiones en 2019 de Meritxell Batet y Pilar Llop en las Presidencias del Congreso y del Senado dando por válidas las diferentes fórmulas de juramento de los parlamentarios. Principalmente van dirigidos contra las coletillas de los independentistas.

Un tema de vital importancia de derecho parlamentario sobre el que tiene que decidir el Constitucional es el recurso de amparo presentado por Alberto Rodríguez contra el acuerdo de Meritxell Batet que da traslado a la Junta Electoral para que se proceda a su sustitución como diputado tras su condena por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Lleva más de un año sin escaño y sin resolución.

Y el Tribunal Constitucional deberá tomar también una decisión respecto a los cambios impulsados por el Gobierno para la delimitación de competencias del Consejo General del Poder Judicial en sus nombramientos. Se estudiarán de forma conjunta las impugnaciones del PP y Vox, un tema interconectado con la polémica ahora por el no nombramiento de los miembros del TC por el bloqueo conservador del CGPJ.