20-D: un informe de la OSCE se hace eco de los problemas de los españoles para votar en el extranjero

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha elaborado un informe en el que analiza el funcionamiento de las instituciones públicas y los medios de comunicación en España durante el periodo previo a las próximas elecciones generales, mediante valoraciones propias y las opiniones de interlocutores como el grupo activista Xnet, quien ayudó a la confección del documento.

La OSCE se encarga de llevar a cabo labores de vigilancia y supervisión para "garantizar la paz, la democracia y la estabilidad" en países de Europa, Asia y América del Norte. En España, la organización ha sido crítica en numerosas ocasiones con la opacidad institucional y las reformas legales del Gobierno que implican recortes en las libertades, concretamente contra el derecho de manifestación.

El último documento redactado por la organización muestra de la irrupción de Ciudadanos y Podemos como factores que posibilitan la caída del bipartidismo, así como del éxito cosechado por las candidaturas de unidad popular en las europeas y en las municipales. Con la mirada puesta en el 20-D, los expertos parten de la necesidad de "reformar el sistema electoral" español, expresada por algunos de sus interlocutores, dado que "pone en cuestión el principio de igualdad del voto".

En cuanto al voto rogado, recoge los mecanismos implantados antes de las elecciones del 2011 para los residentes en el extranjero, quienes "están obligados a enviar solicitudes para poder votar por correo". En consecuencia, subraya, "el número de votantes residentes en el extranjero que participaron en las elecciones se redujo significativamente", de modo que el organismo se hace eco de la incertidumbre que generan estos procedimientos y las trabas que suponen para los españoles.

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En relación con los medios de comunicación, el órgano para la Libertad de Prensa de la OSCE cuestiona el desarrollo de la libertad de prensa y el acceso a la información en los últimos años. Lamenta el "inaceptable ataque contra los periodistas que cubren manifestaciones", y pone como ejemplo la polémica generada el pasado año a raíz de las marchas por la dignidad que se trasladaron a la capital desde todos los puntos del Estado, donde diversos informes recogieron cómo "periodistas que se identificaron claramente fueron atacado por agentes de policía", además de impedirles "tomar fotografías y recopilar información".

Por otro lado, critica el mecanismo de nombramiento del presidente de la cadena pública RTVE, que desde 2012 permite al Gobierno elegirlo sin pactar con la oposición. 

Destaca igualmente la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, "adoptada como respuesta del Gobierno a las acusaciones de corrupción", pero señala la necesidad de mejoras en la misma, especialmente en lo que respecta a reconocer "el acceso a la información como un derecho fundamental" y ampliar "el ámbito de aplicación de la ley para incluir a los órganos judiciales".