Casi 300 expertos elogian la salud de la democracia en España pero señalan la incapacidad del Estado para resolver conflictos

"España tal vez no, pero la democracia sigue yendo bien". Es la principal conclusión y el foco del 13º informe de la Fundación Alternativas sobre la democracia en España, en palabras del coordinador del trabajo, Alberto Penedés, que ha sido presentado –online, como el covid impone– este lunes. A lo largo de casi 300 páginas, politólogos, sociólogos y juristas analizan diversos elementos que ayudan a explicar la salud del sistema representativo en el país: las tensiones territoriales, la inclusión en la agenda del cambio climático, el bloqueo político, los Presupuestos, el impacto de la sentencia del procés o el consumo de medios de comunicación, entre otros. [Consúltalo aquí en PDF]. No se aborda explícitamente el covid, porque, tal y como explican, la organización prefiere cocinar sus análisis a fuego lento; y solo se cubre el pasado año, 2019. Además de las conclusiones de estos expertos, casi 300 de ellos (seleccionados mediante criterios de pluralidad ideológica y territorial, detallan) han contestado, como cada año, a un cuestionario distribuido por la fundación para ponerle nota a la democracia española. Obtiene un 6,1, una nota ligeramente superior a las obtenidas en ediciones anteriores. El problema, coinciden los que han participado este lunes en la presentación, no es la democracia: es un Estado incapaz de solventar muchas de las demandas y necesidades ciudadanas. Y como suele ser habitual, la pandemia ha venido para evidenciar los problemas que ya existían de fondo. 

"La impresión que se impone, ya al menos desde 2019 y de forma pronunciada en 2020, es que tenemos fallas estructurales que afectan al sistema democrático, más que problemas democráticos. No es que las demandas no se canalicen por medios regulares, previsibles y abiertos a la competencia, que las elecciones no sirvan para controlar a los Gobiernos o que el Estado de derecho no funcione. Disponemos de lo que una democracia necesita para proteger nuestra libertad, con todos los problemas que se quiera, pero sin impunes quebrantos. De lo que no disponemos es de eficacia a la hora de resolver los conflictos o incluso los problemas en los que ni siquiera hay mucho conflicto en torno a cuál debe ser la solución; incluyendo, a la vista está en la respuesta a la pandemia, los más dramáticos y urgentes". Es el resumen y el anticipo que elabora Penedés en el informe, y en el que coinciden los expertos: no es la democracia, es el Estado. No como sinónimo de Gobierno –un error común– sino como aglutinador de todas las administraciones e instituciones locales, regionales y nacionales que tienen que responder a la confianza del español y que fallan en ocasiones.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, fue la invitada de honor a la presentación del informe, y se centró especialmente en las palabras de Penedés, señalando "la paradoja de una democracia que funciona y una sociedad que se obstruye". "Falla el Estado, más que la democracia", insistió, y por eso se explica, interpretó, que la nota de los expertos sea benévola mientras el país atraviesa numerosas crisis simultáneas –sanitaria, social, económica, productiva, territorial– de las que nadie es ajeno, y que son las que más se reflejan "en las tertulias y en los periódicos". A pesar de la relativa buena noticia del 6,2 con la que califican al país, "la serie de estudios sobre los diversos ámbitos muestran un panorama muy distinto. Descartan cualquier riesgo de autocomplacencia". 

¿En qué se basa el 6,2? Modesto Escobar, el autor de este capítulo, explica la subida de tres décimas con respecto a la edición de 2018 por "la concentración de los procesos electorales que han tenido lugar en 2019, cuya concurrencia suele conllevar una mejora en las valoraciones". La Fundación Alternativas lleva haciendo este análisis desde 2007, por lo que las comparaciones son interesantes. En los últimos tres años se ha percibido una tendencia al alza, tras el deterioro de las opiniones de los expertos en los años más duros de la crisis; y suelen coincidir los repuntes con los años de convocatoria electoral, porque se tiende a alabar con mayor intensidad la capacidad que tenemos para organizar comicios libres, limpias y justos, sin una sombra de sospecha. También destacan, coinciden los casi 300 expertos consultados, el respeto a los derechos sociales o la capacidad del Estado de Derecho para establecer y hacer respetar las normas comunes. Suspenden, sin embargo, la independencia de los partidos y la prensa, la cooperación entre los distintos niveles del Gobierno o la habilidad del país para dotarse de un Ejecutivo central estable: una carencia muy evidente durante el año pasado. 

Carencias en Presupuestos, desigualdad o capacidad parlamentaria

Pese al aprobado general, una vez que el informe profundiza en los diversos ámbitos se pueden comprobar cuáles son algunas de las principales dificultades del país a pesar de contar con un buen sistema democrático. El consenso territorial, analizan los investigadores Amuitz Garmendia y Sandra León, se ha roto por las consecuencias de una crisis económica que, en parte, ha provocado "la deriva soberanista en Cataluña, la radicalización de los partidos nacionalistas que antaño habían servido a la formación de mayorías legislativas estables y el fin del bipartidismo tras la aparición de nuevas formaciones parlamentarias de carácter estatal que intentan capitalizar el descontento". El acuerdo, base de cualquier consenso, es cada vez más difícil.

El politólogo Guillem Vidal, por su parte, alerta de que la calidad de la democracia se ve directamente afectada por uno de los principales deberes de cualquier Estado que se precie: reducir la desigualdad. En su análisis sobre participación electoral, explica que "España no dista de la media de participación electoral a nivel europeo, pero existen importantes sesgos socioeconómicos en la distribución de la abstención que ponen en peligro la igualdad política y, por lo tanto, la calidad de la democracia. (...) En España, la desigualdad política está estrechamente relacionada con la mayor abstención sistemática de los grupos más desfavorecidos, y esta brecha –en particular la brecha educativa– está creciendo".

Su colega Pablo Simón aborda en otro capítulo las causas y las consecuencias del bloqueo político que vivió el país en 2019: señala un "parlamentarismo débil" y un sistema que no permite gobernar al que menos vetos coseche, sino al que más apoyos obtenga: un escenario difícil dada "la alta fragmentación política, la polarización, la volatilidad electoral" y las consideraciones estratégicas de los partidos: por un lado, un Ciudadanos liderado por Albert Rivera que se negó a hablar con el PSOE para formar una mayoría absoluta contundente, y los recelos de los socialistas y de Unidos Podemos para sacar adelante un, denominado posteriormente, "Gobierno de progreso".

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Otros análisis arrojan conclusiones interesantes y novedosas: por ejemplo, con respecto al consumo de medios en España: Sílvia Majó-Vázquez y Sandra González-Bailón explican que, pese a lo que normalmente se cree, el español medio suele consultar periódicos y cadenas alejadas de su ideología. El servicio de mensajería instantánea más usado, WhatsApp, es cada vez más utilizado para informarse: lo que, como se ha visto en otros países, es una peligrosa puerta abierta a los bulos y la desinformación. El licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Zaragoza Juan Manuel Andrés, por otro lado, reclama "un refuerzo de la función presupuestaria del Parlamento" para ejercer de vigilante y de contrapoder al gasto del dinero público al que obliga el covid, para asegurar "un control efectivo de su ejecución y de sus resultados en términos de crecimiento económico, de transición verde y digital y de inclusión social". Y Manuel Jiménez Sánchez bautiza al 2019 como el año del "despertar climático" en España, con un aumento vertiginoso de las movilizaciones y de la preocupación por los efectos de la crisis climática, pero advierte: tanto los negacionistas, como, sobre todo, los indiferentes ante el reto crecen, lo que puede desembocar en aún más inacción para frenar el calentamiento global, a pesar de los pasos en la buena dirección ejercidos por el Gobierno.

Varios de los autores participaron este lunes en una mesa redonda junto al coordinador del informe y moderados por el periodista Joaquín Estefanía. La capacidad del Estado, afirmó Simón, "es de los mejores predictores" de si un país va a abordar mejor o no la pandemia. Y en España, el covid-19 ha venido a resaltar aún más las carencias. Estudios realizados en África, aseguró, reflejan que "los estados que tienen más capacidad son capaces de lidiar con mayor eficacia con ello", aunque reconoció: "No están todos los problemas relacionados con un fallo de la estatalidad". La politóloga Sandra León, por su parte, explicó que se está percibiendo en estos meses entre la ciudadanía "una pulsión recentralizadora que no sabemos cuánto va a durar: puede ser fruto del shock por el estado de alarma". Ante fallos generalizados de lo público, preferimos una administración y no 17.

La analista lleva participando en los informes de la Fundación Alternativas desde el primero, en 2007. Recordó que ya por entonces era evidente la necesidad de "aunar fuerzas", de superar las divisiones en el país –no solo estrictamente políticas– con nuevos consensos. A ello hizo referencia en su intervención Meritxell Batet: "La polarización y el enfrentamiento han alcanzado los grandes consensos constitucionales explícitos o implícitos. Antes, los partidos competían para alcanzar el centro y ahora compiten en radicalidad, en representar los polos más opuestos", lamentó la política del PSOE. España cuenta con una democracia fuerte, pero el país está más roto que nunca: y no se ve una salida fácil a la vista.