El 32,65% de las víctimas mortales de violencia machista había presentado denuncia previa en 2018

Un total de 49 hombres quitaron la vida de sus parejas o exparejas en 2018. De ellos, 16 habían sido denunciados con anterioridad. La Memoria de la Fiscalía General del Estado, hecha pública este lunes, constata un incremento de las víctimas mortales que habían dado el paso de denunciar a sus agresores. "De las 49 fallecidas, 16 habían formulado denuncia anterior, lo que supone un 32,65% frente al 20,75 % del año 2017", reza el documento.

Se trata de un ascenso, agrega, que "genera la frustrante sensación de que, a pesar de la mayor confianza de las víctimas en la respuesta judicial, no se ha sido capaz de ofrecer la protección adecuada para garantizar su seguridad". En lo que va de año, de acuerdo a los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, ocho de las 40 víctimas mortales por violencia de género habían interpuesto denuncia previa, un 20% del total.

La trampa mortal del machismo

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De las 16 denuncias que acabaron en feminicidio, seis fueron archivadas por "no desear continuar la víctima" con el procedimiento o "por acogerse a la dispensa" a declarar, recogida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En otro caso, la denuncia fue archivada tras haber valorado el riesgo como bajo. Y en otras dos sentencias, los jueces decretaron la absolución de los agresores "por ser las declaraciones contradictorias y no contarse con más pruebas".

Por otro lado, seis de las 16 denuncias habían derivado en la imposición de medidas de alejamiento que continuaban vigentes durante el momento del asesinato, "bien como medida cautelar, bien como pena impuesta en sentencia condenatoria". La Fiscalía lamenta que en ninguno de los casos se había establecido el control de las medidas por medios telemáticos, "ni siquiera cuando existían varias denuncias o quebrantamientos anteriores o cuando la valoración policial del riesgo era alta". Es necesario, de acuerdo con el análisis del Ministerio Público, que las autoridades perciban "las ventajas de este medio de control" para la protección de la víctima y además "mejorar los tiempos de respuesta" ante los posibles quebrantamientos. 

La valoración de riesgo, que en ocasiones entraña una "enorme dificultad" debida a la "fuerte vinculación afectiva que muchas víctimas mantienen con el agresor", es otra de las tareas pendientes en materia de protección. Las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) siguen sin contar con implantación en todas las provincias, pese a ser una "medida imprescindible para ofrecer una respuesta coordinada y especializada". En este terreno, lamentan los fiscales, "el panorama sigue siendo francamente deficiente".