El Consejo de Ministros de este viernes aprobó el decreto por el que se procederá a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El decreto debe ser ahora ratificado por el Congreso, donde el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con los mismos apoyos que le valieron para aprobar la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa, a falta de que ERC confirme su voto a favor.
Los republicanos catalanes anunciaron que su voto dependerá de que el Gobierno esté dispuesto o no a anular las sentencias de muerte de los tribunales franquistas. En este sentido, el decreto aprobado este viernes aborda la necesidad de que el Gobierno se comprometa a "constatar la ilegitimidad de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos", y por ende a estudiar "la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana". De cualquier modo, si ERC no votara a favor del decreto, su opción sería la abstención, así que a priori no impediría su aprobación.
Lo cierto es que no es la primera vez que ERC intenta declarar nulos aquellos fallos de la dictadura. Lo han intentado a través de proposiciones no de ley (PNL) presentadas ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Pero tampoco han sido los únicos. El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea también ha presentado varias proposiciones en este sentido.
En total, al Congreso han llegado 12 PNL pidiendo la anulación de condenas franquistas. Las cinco últimas –tres del año 2016, una de 2017 y otra de 2018– fueron presentadas por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Todas ellas han sido tomadas en consideración para su posterior debate, aunque la fecha todavía no se ha fijado, es decir, no han sido incluidas en ningún orden del día.
La más antigua, que data de 2003 y fue presentada por el PSOE –en la que el partido pretendía declarar nulos los juicios sumarios del franquismo–, fue rechazada. Otras tres, caducaron.
Por su parte, tres fueron aprobadas, aunque con modificaciones. La más reciente, la que presentó el PSOE el pasado año y aprobó más tarde el Congreso de los Diputados. Según su parte dispositiva, se declaran "ilegítimas, radicalmente nulas e injustas" dos sentencias, de 1939 y 1940, dictadas contra el que fuera president de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, Lluis Companys, que a la postre fue fusilado. ERC votó en contra. Argumentó que su partido ya lo había intentado y que entonces los socialistas no lo apoyaron.
En el Congreso se han presentado dos tipos de iniciativas sobre este tema. Por un lado, propuestas para anular todos los juicios sumarísimos o de tribunales de guerra montados por los franquistas. Por otro, iniciativas para anular las condenas franquistas a 48 personas concretas. Algunos son personajes tan conocidos como Blas Infante, Lluís Companys o Alexandre Bóveda. Ninguna de las PNL, con independencia de que fuese aprobada o no por el Congreso, ha tenido efecto hasta el momento ya que los Gobiernos de la democracia no han anulado las sentencias a muerte de la dictadura.
Blas Infante, padre de la patria andaluza
Durante los años de la Guerra Civil, eran frecuentes las "sacas" en todos los pueblos y ciudades donde triunfaba el golpe de Estado fascista. Estos "paseos" no eran más que lo que su propio nombre indica: los militantes de partidos de izquierda, de sindicatos y los simpatizantes de la República eran sacados de sus viviendas y conducidos hasta la muerte. Los asesinatos se producían sin juicios previos. Pero eso sí, para que no quedara ningún cabo sin atar, una vez enterrados se celebraban "farsas de juicios sumarísimos sin derecho a la defensa y sin garantías", según explica una PNL presentada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Y de ahí salían unas sentencias para "dar cobertura jurídica al golpe mientras asentaban un régimen fascista", continúa el texto.
Es lo que hicieron con Blas Infante, conocido como el padre de la patria andaluza. Fue fusilado el 11 de agosto de 1936 en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona, en Sevilla, después de pasar ocho días en la cárcel improvisada en la que los fascistas convirtieron el cine Jáuregui (ahora reconvertido en un supermercado). Cuatro años más tarde, en 1940, su viuda e hijas recibieron la condena.
"Mi nacionalismo, antes que andaluz, es humano". Esta célebre frase pronunciada por Infante resume su pensamiento. Natural de Casares, un pueblo de Málaga, donde nació en 1885, estudió Derecho, tras lo que aprobó unas oposiciones a notario que le permitieron trabajar en varios municipios y conocer Andalucía en profundidad. Participó en la Asamblea de Ronda celebrada en el año 1918, de la que nació el plan para conseguir la autonomía política de Andalucía y se aprobaron la bandera y el escudo que el propio Infante propuso para su tierra.
Su defensa de una Andalucía libre –que le hizo oponerse a la dictadura de Primo de Rivera–, le llevó a presentarse a unas elecciones durante la Segunda República con un programa basado en el rechazo al caciquismo, al centralismo y en la reforma del sistema electoral. Pero el éxito tuvo que esperar hasta 1936. Ese año, Infante fue nombrado presidente de honor de la futura Junta Regional de Andalucía. Poco después, fue asesinado. Ahora, todos los partidos políticos le evocan como la figura más reseñable de la Andalucía independiente, esa que estuvo en su boca hasta el momento de su fusilamiento, cuando gritó "¡Viva Andalucía libre!". Junto a él, fueron asesinados además otros representantes políticos, como Emilio Barbero Núñez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y militante de Unión Republicana, o el diputado socialista Manuel Barrios. Otras personas anónimas les acompañaron en el pelotón de fusilamiento y, más tarde, en la fosa común en la que fueron enterrados.
Lluís Companys, mártir del independentismo catalán
Considerado un mártir del independentismo catalán, la memoria de Lluís Companys continúa presente entre los nacionalistas catalanes. Lo evidencia su protagonismo en la mayoría de las PNL presentadas ante el pleno del Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y ERC, que ha presionado al Gobierno socialista de Pedro Sánchez para incluir la anulación de su sentencia en el decreto ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. Su papel como activista político republicano y el protagonismo que adquirió en las instituciones catalanas durante la Segunda República le han situado como uno de los nombres más conocidos de entre la larga lista de víctimas de la dictadura. Un grupo de católicos catalanes pidió al Papa Benedicto XVI en 2010 que le elevara a "siervo de dios" (paso previo a la beatificación). Fracasaron.
Nacido en 1882 en Tarròs (Lleida), estudió Derecho en la Universidad de Barcelona. Es en ese momento cuando comienza su activismo político republicano. Años más tarde, ya licenciado (en 1915) fundó el partido Bloc Republicà Autonomista (BRA), que dos años más tarde pasó a integrarse en el Partit Republicà Català. Con él llegó a las Cortes Generales en 1921, cuando salió elegido diputado por Sabadell. Pero la dictadura de Primo de Rivera, que comenzó en septiembre de 1923, puso fin entonces a su carrera política.
Pero no del todo. La época en la que Companys adquirió un mayor protagonismo político todavía no había llegado. El 14 de abril de 1931, el día de la proclamación de la Segunda República, el entonces líder de ERC, Francesc Macià, proclama la República Federada Catalana dentro de la República española. Y Companys izó la bandera tricolor en el Palacio de la Generalitat. Un año más tarde, en 1932, se aprobó el primer Estatuto de Autonomía catalán, el Estatuto de Nuria, que le dotaba de gobierno y parlamento propios. Y un año más tarde, Macià falleció. Companys, así, llegó a la Presidencia de la Generalitat.
Y llegaron los enfrentamientos y la condena de todo el Gobierno, incluido el president Companys, a 30 años de prisión e inhabilitación absoluta por el delito de rebelión. Fue liberado con la llegada del Frente Popular al Gobierno y, de nuevo, se posicionó al frente de la Generalitat. Poco después, comenzó la Guerra Civil y Companys huyó al exilio en Francia. Pero fue detenido por la Gestapo, la policía nazi alemana.
Ya de vuelta a España, fue juzgado en consejo de guerra sumarísimo y sin garantías por "adhesión a la rebelión militar", que era la terminología que utilizaban los golpistas de Franco para referirse a las personas que habían permanecido fieles a la República. Un día más tarde de su condena, fue fusilado. El escenario, el castillo de Montjuic. Se convirtió así en "el único representante político elegido democráticamente del siglo XX que fue condenado por un tribunal militar a morir fusilado", según asegura ERC en la PNL que presentó hace casi dos años con el objetivo de instar al Gobierno a anular su sentencia.
Manuel Carrasco i Formiguera, defendido por el vaticano
También fue condenado en un juicio sin garantías por un tribunal franquista, pero la decisión de asesinar a Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona, 1890) llegó, directamente, del dictador Francisco Franco. Democristiano y republicano, fue el protagonista de la PNL que Convergència i Unió presentó ante el Congreso de los Diputados en el año 2005 para instar al Gobierno conservador de José María Aznar a anular la sentencia que le condenó a ser fusilado.
Al igual que Infante y Companys, Formiguera se licenció en Derecho. Comenzó su andadura política muy joven militando en la Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista, lo que le permitió dar el salto a concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, cargo que ocupó entre 1920 y 1922, año en el que fundó el partido catalanista Acció Catalana y creó el semanario nacionalista L'Estevet.
En 1931, con la proclamación de la República, el president Francesc Macià le nombró conseller de Sanidad. Y tan solo un año después, se convirtió en líder de Unió Democràtica de Catalunya, partido en el que estuvo al frente hasta el momento de su asesinato, en 1938.
Su persecución comenzó en el mismo año en el que estalló la Guerra Civil, en 1936. El acoso que sufrió por parte de militantes de izquierda hizo que, junto a su familia, huyera a Gipuzkoa, donde colaboró con el Gobierno vasco del lehendakari Aguirre. Pero las tropas fascistas tomaron la provincia. De nuevo, obligado a huir a Barcelona. Pero tampoco pudo quedarse mucho tiempo y, otra vez, huyó.
Su destino, en esta ocasión, era Bizkaia, aunque no llegó a pisarla. El barco donde viajaba fue interceptado por militares franquistas que le detuvieron y encarcelaron en la ciudad de Burgos. Poco después fue juzgado y condenado a muerte por un delito de "adhesión a la rebelión". Pero su trayectoria cristiana hizo que el Vaticano tratara de evitar el cumplimiento de esta condena, retrasando su fusilamiento hasta ocho meses. Es en ese momento cuando, según dos investigadores de la Universitat de Barcelona, Franco ordenó personalmente su asesinato. "Carrasco no murió contra nadie, sino que vivió y murió a favor de la libertad y el progreso, material y espiritual, de Cataluña y sus gentes", escribió en su PNL Convergència i Unió.
Alexandre Bóveda, leyenda del nacionalismo gallego
"Mi patria natural es Galicia. La amo fervorosamente, jamás la traicionaría, aunque me concediesen siglos de vida. La adoro más allá de mi propia muerte. Si entiende el tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada la pena de muerte, la recibiré como un sacrificio más por ella. Hice cuanto pude por Galicia y haría más si pudiera. Si no puedo, hasta me gustaría morir por mi patria. Bajo su bandera deseo ser enterrado, si el tribunal juzga que debo serlo". Son las palabras pronunciadas por Alexandre Bóveda durante el juicio sumarísimo que le condenó a muerte. Asumió así el final de su trayectoria, que le consagró como una de las figuras más importantes de la historia del nacionalismo gallego.
Pero esta "defensa de la identidad nacional de Galicia", tal y como explica En Marea en la PNL que presentó el pasado año para que el Gobierno declarara nula su sentencia condenatoria, fue una tarea que Bóveda (Ourense, 1903) asumió desde muy joven, cuando comenzó a escribir en el diario agrarista La Zarpa, aunque pronto dio el paso hacia la política.
En 1931, en Pontevedra, fundó el Partido Galeguista, donde compartió espacio con Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, otro de los padres del nacionalismo gallego. El objetivo de ambos era, desde el primer momento, la defensa de la autonomía y de la personalidad nacional de Galicia. Así, tan solo un año más tarde, Bóveda consiguió ser uno de los redactores del Estatuto de Autonomía de la comunidad y, posteriormente, miembro del Comité Central de la Autonomía.
Pero tuvo que abandonar Galicia en 1934. El destino, Cádiz, a donde se trasladó por un desplazamiento forzoso de la delegación de Hacienda. ¿Por qué se produjo? En aquel momento, el nuevo Gobierno de la Confederación Nacional de Derechas Autónomas (CEDA) paralizó el proceso autonomista de Galicia –de hecho, Castelao se vio obligado a trasladarse hasta Badajoz–, y Bóveda no era una persona demasiado cómoda.
Pero volvió y continuó en las filas del Partido Galeguista. Ahí llegó al 18 de julio de 1936, fecha del golpe de Estado militar, que en Galicia se expandió con rapidez. Bóveda, no obstante, se mantuvo fiel a la República. Dos días después, fue detenido y, al mes, sometido a un juicio sumarísimo. Fue acusado de traidor a la patria española, de separatista y de haberse integrado en el Frente Popular. Se le condenó a muerte. El monte pontevedrés de A Caeira (Poio) fue el escenario de su fusilamiento, tras el cual su amigo Xosé Sesto consiguió colocar la bandera gallega bajo su chaqueta antes de que fuera enterrado. Cumplió, así, su último deseo expresado ante el tribunal.
44 gallegos fusilados
El golpe de Estado de julio de 1936 triunfó con rapidez en Galicia. De hecho, ya en el mes de agosto comenzó una brutal represión contra todos los simpatizantes de la República. Empezaron, así, los paseos hacia las cunetas y los asesinatos, que se contaron por miles. Los motivos, de nuevo, lo que los fascistas llamaban "rebelión" y "traición".
Según la PNL que presentó en 2016 el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, fueron alrededor de 5.000 los asesinatos cometidos por las tropas fascistas en Galicia. Todos ellos "bajo acusaciones manifiestamente falsas". Por ello, pidieron la nulidad de las sentencias que condenaron a muerte a 44 personalidades gallegas, además de Alexandre Bóveda.
Es el caso de Consuelo Acuña Iglesias y Elvira Lodeiro, dos amas de casa fusiladas en Pontevedra con tan solo un día de diferencia por esconder en su domicilio a dos republicanos.
Gonzalo Acosta Pan, gobernador civil de Pontevedra durante la Segunda República, fue detenido tras el golpe de Estado. Aunque consiguió huir en un primer momento, acabó siendo apresado de nuevo, juzgado por "traición" y condenado a pena de muerte. Finalmente, fue fusilado en A Caeira, al igual que Alexandre Bóveda.
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Ramón García Núñez tuvo un destino similar. Militó en Izquierda Republicana y presidió la formación en la agrupación de Lugo, donde hizo campaña electoral por el Frente Popular en 1936. El 5 de julio de ese año fue nombrado gobernador de Lugo, pero tras el golpe fue arrestado. En el mes de octubre, tras su paso por la cárcel, un consejo de guerra le condenó a pena de muerte por un delito de "traición".
Hubo más asesinatos. La larga lista de la PNL presentada en su día en el Congreso la forman: Consuelo Alonso González (repartidora de periódicos, conocida como La Comunista), Amada García Rodríguez (asesinada en 1938 tras dar a luz a su hijo en la cárcel), Evangelina Jaso González (ejecutada en 1937), Francisco Ayala Victoria (comandante de los carabineros de Ourense), Antonio Azarola Gresillón (comandante del Arsenal de Ferrol), Rogelio Caridad Pita (general de la Brigada de Infantería de A Coruña), Enrique Salcedo Molinuevo (general de división en A Coruña), Juan Sandalio Sánchez Ferragut (comandante del crucero Almirante Cervera), Gonzalo Martín March (gobernador de Ourense), José Antela Conde (ejecutado en 1936), José María Gallo y Gallo (asesinado en 1937), Tomás López Datorre (fusilado en 1936), Emilio Martínez Garrido (alcalde de Vigo), Manuel Suárez Castro (alcalde de Ourense), Alfredo Suárez Ferrín (alcalde de A Coruña), Antonio Bilbatúa Zubeldia (diputado y oficial de telégrafos en Vigo), Enrique Heraclio Botana Pérez (diputado y concejal de Vigo), Ramón Fuentes Canal (funcionario de estadísticas en Ourense).
Fueron ejecutados, también, Joaquín Martín Martínez (secretario del Concello de A Coruña), Antonio Chaves del Río (militante de CNT), Marcial Vicente Iglesias Rodríguez (organizador del sindicalismo pesquero en Ribeira), David Mariño Ramos (sindicalista), José Prol Figueiro (militante sindical), Ubaldo Gil Santosegui (organizador agrario), Enrique Jaso Paz (organizador agrario), Antonio Álvarez Fernández (presidente del Sindicato General de Trabajadores de Lugo), José Antonio Boedo Núñez (directivo del Sindicato de Construcción de A Coruña), Lorenzo Corbacho Rodal (presidente de la Federación Local de Obreros Marítimos de Vigo), Faustino Liste Forján (fundador de la Sociedad de Oficios Varios de Teo), Humberto Solleiro Rivera (directivo del Ateneo Cultural Deportivo de Lavadores), Darío Álvarez Limeses (médico), Rafael Vega Barrera (médico), Víctor Fraiz Villanueva (maestro), Luis Rastrollo González (profesor), José Rodríguez Bretos (escultor), Víctor Casas Rey (escritor), Manuel Gómez del Valle (escritor), Xoan Xesús González Fernández (escritor), Urbano Rodríguez Moledo (escritor) y Xenaro Ruano Sanjurjo (escritor).
El Consejo de Ministros de este viernes aprobó el decreto por el que se procederá a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El decreto debe ser ahora ratificado por el Congreso, donde el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con los mismos apoyos que le valieron para aprobar la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa, a falta de que ERC confirme su voto a favor.