Unos 750 afectados por el “engaño” de las cuotas participativas de la CAM amplían su querella

Unos 750 afectados por la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) llevarán hasta la Audiencia Nacional la decisión de la Fundación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo de canjear a un valor de cero euros los 292 millones en cuotas participativas suscritos en 2008 por la entidad financiera valenciana. 

Esta iniciativa legal fue confirmada por el abogado de la Plataforma de Afectados por la CAM, Diego de Ramón, quien en un burofax enviado por la asociación a los integrantes de la comisión rectora de la fundación de la caja sostiene que la amortización es la consumación del "engaño" llevado a cabo con la comercializaciónengaño de este producto financiero.

"Engaño a los clientes"

El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, especifica que esta decisión "afecta a las cuotas participativas de la Obra Social, ya que se ha nutrido de un dinero de procedencia presuntamente ilícita". En el burofax se añade que se trata de un "dinero conseguido por medio de engaño a los clientes de la CAM".

El portavoz de la plataforma, Carlos Pena, ha concretado que la asociación ha tomado esta decisión días después de que su abogado, Diego de Ramón, enviara el mencionado burofax a los integrantes de la comisión gestora de Fundación de la CAM en el que también advertía de la posibilidad de iniciar acciones legales "para recuperar el dinero de las presuntas actuaciones financieras criminales, de todos mis representados, que han sido llevados a la ruina total y a la pérdida de todos sus ahorros, mediante el engaño".

Carlos Pena cifra en 13 millones de euros el dinero que reclaman los integrantes de la plataforma, que fue la promotora de la querella presentada por el abogado Diego de Ramón que ha servido de base a la investigación que encabeza el juez Javier Gómez Bermúdez en la Audiencia Nacional sobre la ruina de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). 

El portavoz de la asociación especifica que de los 292 millones suscritos inicialmente todavía quedaban pendientes de amortizar unos 120 millones. En este sentido, Pena ha anunciado su intención de presentar en los próximos días una ampliación de la querella inicial con la intención de incluir a los responsables de la reciente decisión de amortizar, a un valor de cero euros, las cuotas participativas. Esta decisión, según la plataforma, afectará a los pequeños ahorradores, que realizaron inversiones creyendo en la veracidad de unas cuentas que estaban "falseadas".

En dos días

Según los datos hechos públicos en julio de 2008, la caja valenciana completó en dos días "de forma íntegra" la oferta de cuotas participativas. Cerca de 46.000 suscriptores se lanzaron a comprar el producto sin conocer la pésima situación financiera por la que pasaba la CAM. De estos, el 80% adquirieron cuotas por un importe inferior a 12.000 euros, es decir, se trataba de pequeños ahorradores que invertían su dinero ante la confianza que le daban las cuentas de la caja.

En total se emitieron 50 millones de cuotas participativas a un precio de 5,84 euros por cada cuota. Éstas cotizaban en las bolsas de Madrid y Valencia, hasta que se suspendió su cotización, por decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 9 de diciembre de 2011. En aplicación del plan de reestructuración aprobado para la CAM, se llevó a cabo una "operación acordeón", en virtud de la cual se redujo a cero el capital social del Banco CAM. Es decir, todas las inversiones realizadas en productos financieros de la CAM pasaron a valer cero.

Los pequeños ahorrados se decidieron a invertir en las cuotas de la CAM en una coyuntura económica en la que las autoridades no mencionaban la palabra crisis. Fue en 2008, y durante los años posteriores las cuentas de la caja no reflejaban el deterioro, provocado sobre todo por la alta exposición al ladrillo de la caja. La realidad era muy distinta. Los presupuestos fueron "maquillados" por los directivos, destaca un informe reciente del Banco de España, que en la actualidad están imputados en la Audiencia Nacional.

La CAM fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011 y adjudicada al Banco Sabadell en diciembre de 2011. Según un informe reciente del Tribunal de Cuentas, el dinero público total comprometido para evitar la quiebra de la CAM fue de 24.861 millones de euros, lo que la sitúa como la entidad financiera que más dinero ha necesitado, por encima de los 22.426 millones de euros de Bankia.

Perjuicio a los inversores

Asimismo, el mencionado informe de los peritos del Banco de España pone contra las cuerdas a los exdirigentes de la CAM, al confirmar que los beneficios reales de la caja habrían sido "inferiores a los que se publicaron". Esos posibles "defectos" en la información publicada sobre la situación financiera del cierre de los ejercicios 2009 y 2010 de la CAM, pudo, en opinión de los funcionarios, causar perjuicio a los inversores que decidieron contratar algunos de los productos financieros comercializados por la CAM.

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"Entre los terceros que podrían, en su caso, haber sufrido pérdidas, se encontrarían los inversores en cuotas participativas, participaciones preferentes y obligaciones subordinadas", explica el Banco de España en el documento solicitado por el juez Gómez Bermúdez para la causa.

Así, parece razonable, según el documento del Banco de España, pensar que los precios de cotización hubiesen bajado ante una información financiera que reflejase una situación con más morosidad y peores resultados de la CAM: "En este sentido, podría considerarse que fueron perjudicados los que adquirieran cuotas en el mercado en 2010 y 2011, mientras pudieron ser beneficiados los que las vendieron".

En noviembre pasado, el magistrado Javier Gómez Bermúdez ordenó la detención de tres exdirectivos de la CAMdetención , uno de ellos el ex director general Roberto López Abad, y dos empresarios como presuntos autores del desvío de 246 millones de la caja a paraísos fiscales.