La Abogacía del Estado pide investigar a votantes del 1-O por formar "masa tumultuaria" y Fiscalía pide citar a nueve

La Abogacía del Estado se ha mostrado partidaria de que el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investigue a votantes del 1-O por presunto delito de resistencia o desobediencia grave, entre otros, al considerar que algunos manifestantes formaron "masa tumultuaria" para impedir la acción policial, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, se ha adherido al recurso de apelación del Sindicato Profesional de Policía (SPP), que pidió investigar a votantes de algunos colegios barceloneses por presunto delito de resistencia pasiva grave, una petición que el juez desestimó y que está pendiente de que la Audiencia de Barcelona resuelva, según publica eldiario.es.

La Abogacía del Estado considera que algunos votantes obstaculizaron la actuación policial, colocándose deliberadamente para impedirle el paso, profirieron insultos y gestos amenazantes, apoyándose "en la fuerza intimidatoria de la masa tumultuaria" y que se entrelazaban y agarraban con fuerza para no ser retirados. Descarta, como apuntaba al juez instructor, que estos ciudadanos se limitaran a ejercer la resistencia pasiva, ya que a su entender fue una conducta algo más grave, y aseguran que "hubo actos tumultuarios de resistencia grave, intimidación e incluso de acometimiento".

En la misma línea, constata "actitudes intimidatorias (gritos, insultos, gesticulación agresiva) apoyadas en la fuerza intimidatoria de la masa tumultuaria". Asimismo, la Abogacía rebate el argumento del juez instructor, que tuvo en cuenta que los votantes no tenían prohibido acudir a votar y además habían sido invitados a ello por el propio Govern de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña y otras instituciones, "existiendo un evidente conflicto de pretendidas legitimidades".

Así, la Abogacía plantea: "Que la masa tumultuaria actuara invitada de los poderes públicos autonómicos y otras instituciones, cosa que es cierta, deberá tener sus efectos penales respecto de los responsables de esos poderes e instituciones, pero no elimina la responsabilidad penal de los que participaron en el tumulto". Asimismo, atribuye el conflicto y la confrontación exclusivamente a los responsables de las instituciones autonómicas: "Y si algo cabe achacar a los responsables de las instituciones estatales, no es fracaso y asunción de responsabilidad, sino extrema prudencia de haber acudido exclusivamente a las vías judiciales, en lugar de haber acudido antes a otras vías constitucionales que quizás hubieran sido más rápidas y expeditivas".

Además, considera que las lesiones sufridas por ciudadanos el 1-O a raíz de la actuación policial serían "enteramente imputables a los responsables políticos autonómicos, que sabiendo que la votación estaba prohibida, que había orden de retirar las urnas y que se iban a retirar por la policía, les habrían engañado para hacerles creer que era su derecho impedir la actuación policial". La Fiscalía, por su parte, se ha adherido parcialmente a este recurso del sindicato policial porque considera que hay que investigar a algunos votantes por presunta resistencia o desobediencia grave porque "obstaculizaron y/o se resistieron activamente a la actuación policial".

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El escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, pide investigar en concreto a nueve personas del IES Pau Claris de Barcelona y rechaza los argumentos del juez, que se negó a investigarles porque consideró que los votantes no tenían ninguna orden expresa de no poder acudir a votar. La Fiscalía considera que estas nueve personas "eran plenamente conscientes de lo que allí hacían los agentes policiales e hicieron todo lo posible para no colaborar con ellos, obstaculizando gravemente el cumplimiento del mandato judicial".

Según la Fiscalía, de las imágenes aportadas a la causa se desprende que estas personas, que participaron en una sentada inicial en el patio del colegio, tuvieron "una oposición obstinada, persistente y reiterada al cumplimiento de la orden".

En un comunicado, el SPP ha informado de que el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha acordado hacer un reconocimiento médico forense a los policías heridos y les ha ofrecido acciones, con lo que podrán personarse en la causa como acusación particular para reclamar. El sindicato pidió el reconocimiento médico forense y el ofrecimiento de acciones para los funcionarios heridos, ya que hasta la fecha no se había hecho tal trámite para los funcionarios y sí para el resto de denunciantes. Para esta actuación procesal los servicios jurídicos del SPP se han puesto a disposición de los que quieran ejercer las acciones pertinentes, han indicado.