En España la prostitución no es legal ni es ilegal. La prostitución en sí no está prohibida en el Código Penal, pero sí la explotación y el proxenetismo. Durante décadas se ha tratado de una cuestión clave dentro del movimiento feminista, pero ahora el Gobierno de coalición, conformado por PSOE y Unidas Podemos, prevé tomar decisiones de carácter legislativo, que repercutirán en la vida de las mujeres en contextos de explotación sexual.
Durante el 40º Congreso Federal del PSOE, el partido definió las líneas del modelo abolicionista que aspira a desarrollar a lo largo de la legislatura y que bebe de precedentes como el francés y el sueco. Las feministas "abolicionistas y socialistas son la punta de lanza", pero el fin de la prostitución "tiene que ser la lucha decente de la democracia entera y de los hombres", señaló Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE y presidenta de la Comisión de Igualdad en la Cámara Baja.
Sin embargo, el Ministerio de Igualdad no está dirigido por el PSOE, aunque Calvo intentó en su día que así fuera, sino por Irene Montero, dirigente de Unidas Podemos. Al contrario que en la ley trans, en la que había una posición nítida y ampliamente compartida que presionaba al ala socialista en su enfoque autodeterminista, en el tema de la prostitución hay diferencias de criterio en el seno de los morados. El departamento es en términos generales abolicionista, pero entre sus filas conviven distintos sentires. Tanto es así que la actual secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, defiende los sindicatos de prostitutas.
"Es cierto que Ángela Rodríguez es pro derechos, no regulacionista", señalan fuentes del Ministerio de Igualdad a infoLibre, aunque destacan que hay un "importante consenso en acabar con la impunidad de quien explota y proteger a las mujeres". "Debates sobre prostitución hay en todos los partidos, es un debate histórico", sintetizan.
Fruto de ese debate, el Ministerio rechaza el abolicionismo –un término que sí convence al PSOE– como sinónimo de punitivismo o refuerzo de las sanciones, pero tampoco apuesta por la regularización del denominado trabajo sexual, como sí hacen los comunes de Ada Colau, que en su programa para los comicios municipales de 2019 avalaron la puesta en marcha de acciones "para favorecer la autoorganización política y social de las trabajadoras sexuales". Unidas Podemos no incluyó ninguna propuesta sobre prostitución en los comicios generales de ese mismo año.
¿Cuál es la propuesta de Igualdad?
El Gobierno ha ido dando ya algunos pasos en el plano legislativo. La Ley de Libertad Sexual, la futura norma conocida como ley del sólo sí es sí, aprobada en Consejo de Ministros y pendiente de debate parlamentario, incluye dos puntos relativos a la prostitución. El primero tiene que ver con la modificación del artículo 187.2 del Código Penal, de manera que quien "se lucre explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma" deberá afrontar una pena de prisión de dos a cuatro años. En todo caso, matiza la ley, se entenderá que "hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación".
El segundo elemento está relacionado con la incorporación del artículo 187 bis en el Código Penal. Igualdad quiere recuperar la figura de la "tercería locativa" que contemplaba el Código Penal de 1973 y que se eliminó posteriormente. De esta forma, el artículo hacía penalmente responsable (con penas de uno a tres años) al "amo, gerente, administrador o el encargado del local, abierto o no al público, en que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción y toda persona que, sabiéndolo, participe en su financiación".
Discrepancias dentro de Unidas Podemos
Esta última cuestión despierta los recelos de la confluencia catalana de Unidas Podemos, que se opone a la introducción de esta figura porque considera que contribuye a "reforzar el estigma de la prostitución". Esta semana las parlamentarias Aina Vidal y Mar García Puig han firmado y registrado una enmienda en el Congreso bajo el argumento de que "la penalización de este tipo de conductas ha demostrado efectos muy perjudiciales como la clandestinización de la actividad, peores condiciones de trabajo y dificultades en el acceso o, incluso, la pérdida de la vivienda".
"Son numerosos los organismos de derechos humanos (como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de Naciones Unidas, en su recomendación 35, sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general) que han recomendado la derogación de normativa que produce el efecto de criminalizar a las mujeres que ejercen la prostitución, como es el caso", alegan en su escrito.
Por otra parte, Izquierda Unida, otra de las formaciones que conforman el grupo confederal, se declara plenamente abolicionista y rechaza las medias tintas de Podemos. En una entrevista con este diario, la actual directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, dirigente de IU, señalaba que "un gobierno abolicionista es un gobierno que considera la prostitución una forma de violencia, una forma de explotación sexual y una forma de vulneración de los derechos humanos". A su juicio, "la prostitución no puede ser concebida como una relación laboral, porque su objeto es ilegal".
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Igualdad también tiene diferencias con el PSOE
Fuentes de Igualdad aseguran que Montero ha trasladado a todos los grupos parlamentarios que tiene "máxima disposición para encontrar una propuesta de consenso que pasa por dar derechos a las mujeres que son víctimas de trata y explotación sexual, en eso siempre ha habido consenso", destacan. "Y para las que están en contextos de prostitución, hay que tomar medidas para acabar con la precariedad y la desigualdad que les lleva ahí y eso tiene que ver con la reforma de la ley de extranjería", continúan.
En este punto mantienen un claro choque con su socio de Gobierno, el PSOE, más reticente a reformar esa norma. De igual modo, en Igualdad también discrepan del ala socialista en la penalización a los clientes de prostitución porque alegan eso ya lo está haciendo la ley mordaza "y no da resultados". "En cualquier caso, hay plena disposición a hablar y negociar con el socio mayoritario de gobierno para que lo primero sea proteger a esas mujeres, sin eso no se puede abolir nada", zanjan.
En España la prostitución no es legal ni es ilegal. La prostitución en sí no está prohibida en el Código Penal, pero sí la explotación y el proxenetismo. Durante décadas se ha tratado de una cuestión clave dentro del movimiento feminista, pero ahora el Gobierno de coalición, conformado por PSOE y Unidas Podemos, prevé tomar decisiones de carácter legislativo, que repercutirán en la vida de las mujeres en contextos de explotación sexual.