La financiación de Podemos vuelve a situarse de nuevo bajo la lupa de la justicia. Desmontado el famoso y fabricado informe Pisa –un documento sin firma ni membrete policial sobre las finanzas de Podemos–, ahora las pesquisas giran alrededor de la denuncia interpuesta por uno de los abogados despedidos del partido. El relato de los hechos ha llevado al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, a citar a declarar en condición de investigados a parte de la cúpula de la formación en un procedimiento en el que el propio partido también figura como imputado. La causa abierta salpicará mediáticamente a Podemos hasta, al menos, el próximo mes de diciembre, teniendo en cuenta que las comparecencias se han fijado para mediados de noviembre. Con las negociaciones de los Presupuestos a la vuelta de la esquina, desde el partido morado sostienen que la causa obedece a otro intento más de desacreditar a la organización. Insisten en que la denuncia del letrado no tiene “ni pies ni cabeza”. En este sentido, ponen sobre la mesa cuestiones como el robo de documentos o la aportación de chats incompletos. Y critican la indefensión que les causa el no haber podido tener acceso todavía a la declaración completa del denunciante.
La piedra angular del procedimiento es la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por el letrado José Manuel Calvente el pasado 27 de diciembre por hechos que podrían ser constitutivos de blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento informático, administración desleal y financiación ilegal de partidos políticos. La personación de quien fuera coordinador del equipo jurídico del partido y Delegado de Protección de Datos se produjo tres semanas después de haber sido despedido fulminantemente de la organización a través de una carta que dedicaba buena parte de su extensión a relatar el supuesto “acoso sexual” y “hostigamiento laboral” a una de sus compañeras. La salida, que Calvente siempre ha achacado al hecho de haber investigado supuestas irregularidades en Podemos, fue abrupta. El abogado llevó al partido ante la Agencia Española de Protección de Datos, pero su escrito fue archivado. La formación morada, por su parte, llevó al letrado ante los tribunales por acoso sexual o laboral, pero la denuncia también acabó guardada en un cajón.
¿Irregularidades internas o causa general?
Nada más conocerse la investigación, los tres partidos de la derecha no tardaron en salir a pronunciarse. El más duro de todos ha sido el PP, que ha aprovechado el caso para poner de manifiesto las contradicciones de la formación morada. "Le pedimos a Pablo Iglesias que haga lo que él pedía que hiciera a los demás, que cumpla su palabra [... que asuma] las responsabilidades políticas que reclamaba a todo el mundo", señaló este miércoles el vicesecretario de Comunicación de la formación conservadora, Pablo Montesinos, en alusión a todas aquellas ocasiones en las que el líder de los morados solicitó la salida de un político que pudiera estar salpicado en una causa. "Piensan que están por encima del bien y del mal", aseveraban, por su parte, desde Ciudadanos. Mientras, la extrema derecha no ha dudado, directamente, en exigir que Podemos salga del Gobierno central al entender que la financiación ilegal es un asunto "de extrema gravedad".
Para la formación morada, la causa no es más que un intento de sacar al partido del Ejecutivo de coalición. "Es la estrategia del fango", apuntó este miércoles el portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, en una entrevista en Al Rojo Vivo de laSexta. Desde Podemos incluso se ha llegado a deslizar la idea de que la decisión judicial podría estar siendo utilizada para tapar la salida del rey emérito de España por los negocios y la fortuna oculta en el extranjero, algo por lo que todavía no hay abierta ninguna causa formal. "Puritita casualidad", señalaba en Twitter el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien en otro mensaje ha asegurado que "no pueden soportar" los diferentes logros de los que siempre hace gala el partido –subida del salario mínimo o ingreso mínimo vital–. De hecho, en el recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, el partido considera que está siendo víctima de una "investigación prospectiva o causa general".
Una grabación entregada a medias y documentación extraída del partido
A mediados de julio, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid decidió incoar diligencias previas a raíz de la denuncia del letrado ante la Guardia Civil. Lo hizo exclusivamente por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal. Trece días después, el juez acordó la personación –sin necesidad de fianza– de Vox como acusación popular y Calvente prestó declaración ante el juez para ratificar la denuncia interpuesta, en la que hablaba de la supuesta existencia de una caja B o de irregularidades en las obras que se llevaron a cabo en la sede del partido. Desde Podemos, sin embargo, aseguran que lo tienen todo absolutamente documentado y que son simples conjeturas. “Si hay una palabra que se repite a lo largo de la denuncia, esa es la de ‘sospecha’. En concreto, hasta en quince ocasiones. […] Sin embargo, mayores dificultades tenemos cuando queremos encontrar hechos contrastados que de por sí contengan indiciariamente elementos de una conducta típica”, sostiene el partido en el recurso que ha interpuesto ante la Audiencia Provincial.
La formación política también critica no haber tenido todavía acceso a la declaración por videoconferencia de Calvente. De las dos horas y media que duró la ronda de preguntas y respuestas, afirman que sólo se les ha facilitado la grabación de los primeros 41 minutos y 52 segundos. “Y por cierto, con importantes deficiencias técnicas que impiden entender gran parte de lo declarado”, aseguran. En este sentido, la formación señala que este material entregado “era lo único que consta en el procedimiento”, junto con la documentación entregada por la propia organización. “Tampoco consta que se hiciera transcripción de la declaración”, continúan. Una “anómala e irregular situación” que, a juicio de la defensa de Podemos, genera “una evidente indefensión”. Por ello, solicitan “la nulidad de las actuaciones practicadas” y de todas las “diligencias de investigación acordadas” al motivarse en los autos que se adoptaban “a la vista del contenido de dicha declaración”.
Sin embargo, a última hora de este miércoles, una diligencia del juzgado ha pedido la entrega de "la totalidad" de las declaraciones de Calvente, al constatar que la facilitada a Podemos estaba incompleta, según el documento judicial remitido por Podemos a este periódico después de que lo adelantaseLa Vanguardia. El supuesto hallazgo se habría producido después de que Vox solicitara la documentación de la causa.
Los hechos relatados por Calvente ante la Benemérita vinieron acompañados de la aportación de diversa documentación. El abogado facilitó liquidaciones de gastos, nóminas del partido y borradores de contratos con las empresas Neurona Comunidad SL y ABD Europa Unipessoal LDA. En su denuncia, estas dos firmas ocupan un papel destacado en relación con las elecciones generales de abril de 2019. Según su propio testimonio, recogido por Vozpopuli, se habría ordenado suscribir con ambas firmas “contratos ficticios con importes muy elevados”. En el caso de la primera empresa, Calvente dice que el “intermediario” y “comisionista”, según le han “confirmado confidencialmente”, habría sido Juan Carlos Monedero, al que define como “amigo personal” del director de Neurona. “Y sospechamos”, continúa el denunciante, que en los contratos suscritos con la segunda compañía “habrían participado como comisionistas” el secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo, y el portavoz del partido, Rafael Mayoral. Del Olmo es uno de los cargos investigados en este momento.
Para la organización política resulta “obvio” que la documental aportada “fue obtenida en el ejercicio de sus múltiples cargos y funciones en Podemos”. “En todas ellas le era de aplicación el deber de sigilo y confidencialidad anejo a su cargo”, sostiene la formación en el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. En este sentido, recuerda que estos documentos contienen “datos de carácter personal” que afectan tanto a la intimidad de la persona jurídica como a la de los miembros que la componen y a la de otras personas ajenas a la organización. “Si su supuesta investigación provenía a su vez de un ‘consentimiento’ concedido por la responsable de Cumplimiento Normativo para acceder a tales documentos e informaciones suplantando funciones, facultades y disposiciones de esta como instructora en las labores de investigación, nos encontraríamos entonces ante una actuación irregular y fraudulenta. Los poderes otorgados a la responsable de Cumplimiento Normativo no contemplan facultades de delegación”, asevera la formación.
Caja de Solidaridad, sobresueldos o contratos a consultoras
El exabogado centra el tiro en varias cuestiones. Una de ellas es la supuesta caja B. En este sentido, Calvente habla de la utilización de la llamada Caja de Solidaridad para realizar “donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre los destinatarios a supuestas entidades opacas y sin identificar”. Así, sostiene que las sospechas comenzaron “al detectar una petición de 50.000 euros por parte de una supuesta asociación denominada #404 Comunicación Popular sin que conste la fecha, la razón social o los datos de la persona física” que formulaba la petición de dichos fondos. Podemos, sin embargo, lo rechaza. Sostiene que dicha Caja de Solidaridad se nutre de las donaciones que realizan los cargos públicos a la organización y que el 15% se destina a proyectos sociales. “Me parece un insulto comparar esto con la caja B del PP”, sostuvo este miércoles el portavoz de Podemos, que aseguró que todo esto está perfectamente documentado. La formación, en su recurso, recuerda también que Calvente no ha podido demostrar que dicho pago bajo sospecha se realizase.
En la denuncia también se pone sobre la mesa la existencia de supuestos sobresueldos en el partido. En concreto, pone el foco en un supuesto reembolso de gastos de desplazamiento de la gerente y el tesorero del partido, Rocío del Val y Daniel de Frutos, respectivamente, supuestamente ajenos al desempeño de sus funciones. Algo que, a la vista de un “patrón de regularidad sospechoso”, ocultarían “un pago en especie al margen de la nómina”. Sobre esta cuestión específica, la formación liderada por Pablo Iglesias sostiene que si bien en la denuncia “se deduce” de las palabras de Calvente una afirmación, en la declaración realizada en sede judicial “reconoció” que “no le consta que se hubiera hecho efectivo el pago de estos gastos, dado que lo aportado era únicamente una hoja o solicitud de reembolso que estaría pendiente de aprobación”.
No es el único episodio relatado en la denuncia que tiene como protagonista a De Frutos. De hecho, al tesorero del partido le señala como “responsable” de haber instaurado la opacidad alrededor de la contabilidad del partido. Entre otras cosas, sostiene que estaría detrás del cierre del “portal de transparencia”. Podemos, sin embargo, sostiene en su recurso que el denunciante omite en su relato de los hechos que fue él mismo, en su condición de Delegado de Protección de Datos, el que recomendó en junio de 2018 mediante un informe realizado tras una consulta del tesorero “evitar publicar facturas y documentos contables en la página de transparencia ante el riesgo inherente de comunicar los datos personales por error mediante la exposición pública de los documentos”. “En un primer momento, afirmó enérgicamente ante el juez que ese primer documento era ‘falso’, hasta que fue advertido por su señoría de que lo que tenía delante […] era un acta notarial con la que se acreditaría la autenticidad del documento”, sostiene Podemos.
La contratación de Neurona Consulting también ocupa buena parte de la causa. “Una de las cosas que hay que destacar [es] que me pasaron un borrador de contrato de fecha 27 de febrero de 2019, cuando según consta en el Registro Mercantil la sociedad fue constituida posteriormente, el 19 de marzo de 2019, lo que indicaría que fue constituida expresamente para la contratación en periodo electoral y que una vez obtenido el CIF provisional empezaron a preparar los contratos”, sostiene en la denuncia. En este caso, el partido dice que la supuesta “contratación fraudulenta” simplemente descansa en “unos meros borradores de contratos (sin firmar) de fecha aparentemente errónea 27 de febrero de 2019 (nótese que para esa fecha aún no podría estar siquiera constituida la coalición firmante, lo que bien le podría haber hecho replantease sus especulaciones), la constitución reciente de la sociedad contratante, […] los rumores sobre supuestas comisiones ilícitas […] y los siempre recurrentes extractos de prensa sobre supuestas investigaciones en países latinoamericanos, en este caso Bolivia”.
Capturas de chats
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El denunciante también ha puesto el foco sobre las obras que se realizaron en la sede del partido. “Salió a licitación por 600.000 euros, se acabó adjudicando por 1,2 millones y cuando todavía no se había resuelto la licitación, los obreros ya estaban trabajando”, sostuvo Calvente en su declaración ante el juez, de la que se hizo eco el diario El Mundo. Podemos, sin embargo, asevera que “no consta irregularidad alguna” más allá de “desvíos ordinarios”. Y recuerda que fue el propio denunciante el que participó activamente como asesor jurídico, hasta el punto de que fue quien propuso expresamente el procedimiento de urgencia (extremo que oculta en su denuncia)”.
Calvente también dejaba constancia en su denuncia del intercambio de mensajes mantenido sobre la supuesta adjudicación a dedo de los trabajos de reforma. “El 21 de mayo, antes de que se publicara el anuncio de licitación […] me comunican por Telegram desde gerencia (sic) ‘están empezando a llegar los contratos de los contratistas y les estoy dando largas para la firma’; y cuando respondo extrañado de que lleguen los contratos sin licitación, me dicen que llegan del ‘arquitecto”, señala el letrado, quien aporta un extracto de la conversación en la que recordaba que se había “hecho mal” si el contratista ya había sido elegido. Podemos, por su parte, no niega la existencia de dicho intercambio de mensajes. No obstante, recuerda que en ese extracto aportado se omite “la explicación de la otra parte” en la que se aclara que lo que les estaban mandando eran “presupuestos”. “A lo que él respondió: ‘Ahh. Vale. Pensaba que ya estaban contratados”, recoge la formación morada en su recurso.
El partido liderado por Pablo Iglesias considera que “nada ni nadie le impide que persista en su legítimo derecho a la sospecha”. “Pero nuevamente selecciona párrafos y la información que mejor encajan en su cuadro incriminatorio”, sostiene la defensa de la organización política. E insiste en otras cuestiones presentes en el famoso chat. Por un lado, dicen que desde Gerencia llevaban “semanas” requiriendo a Calvente “la documentación necesaria” para la licitación. Y por otro, insisten en que “fue él mismo” el que valido “todo el proceso” y propuso “expresamente” el mismo procedimiento de urgencia que, en la denuncia del letrado, se tilda de “farsa para aparentar que se estaba cumpliendo la ley”. En este sentido, se aporta en el recurso alguno de sus mensajes. “Necesito los datos del alquiler actual, sobre la renovación, ya que voy a justificar la urgencia en que tenemos un contrato en el alquiler” o “De todas formas, para empezar podemos usar el procedimiento de urgencia” son algunos de los que se ponen sobre la mesa.
La financiación de Podemos vuelve a situarse de nuevo bajo la lupa de la justicia. Desmontado el famoso y fabricado informe Pisa –un documento sin firma ni membrete policial sobre las finanzas de Podemos–, ahora las pesquisas giran alrededor de la denuncia interpuesta por uno de los abogados despedidos del partido. El relato de los hechos ha llevado al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, a citar a declarar en condición de investigados a parte de la cúpula de la formación en un procedimiento en el que el propio partido también figura como imputado. La causa abierta salpicará mediáticamente a Podemos hasta, al menos, el próximo mes de diciembre, teniendo en cuenta que las comparecencias se han fijado para mediados de noviembre. Con las negociaciones de los Presupuestos a la vuelta de la esquina, desde el partido morado sostienen que la causa obedece a otro intento más de desacreditar a la organización. Insisten en que la denuncia del letrado no tiene “ni pies ni cabeza”. En este sentido, ponen sobre la mesa cuestiones como el robo de documentos o la aportación de chats incompletos. Y critican la indefensión que les causa el no haber podido tener acceso todavía a la declaración completa del denunciante.