El chantaje de Putin enfrenta al Gobierno, que pide ahorro, con una derecha que quiere más carbón y nucleares

No es una serpiente de verano, aunque lo parezca. Detrás de la guerra abierta entre la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) y el Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos en torno a las medidas de ahorro energético aprobadas por el Consejo de Ministros están dos formas opuestas de combatir la amenaza de Vladímir Putin de dejar a media Europa sin gas a partir de otoño.  El invierno se acerca y, con él, el frío.

La primera, la del Gobierno, se apoya en la estrategia pactada por los 27 en una reunión de ministros de Energía en Bruselas el 26 de julio y pasa por completar la transición hacia energías renovables no dependientes del exterior con medidas de ahorro en el consumo que estiren las reservas de gas lo suficiente como para soportar las consecuencias de un embargo ruso. La segunda, la que reclama el PP de Alberto Núñez Feijóo con el respaldo de la ultraderecha de Vox y lo que queda de Ciudadanos, pide prolongar la vida de las centrales nucleares en activo en España y volver a quemar carbón en centrales térmicas como ya están haciendo otros países de Europa.

El plan de ahorro energético de España, igual que los que ya han puesto en marcha o están a punto de implementar el resto de socios europeos —aquí no hay distinción ideológica, hay gobiernos socialdemócratas, liberales, democristianos y hasta de la ultraderecha— no trata de hacer frente a la escasez y el alza de precios de la energía. Su objetivo es enfrentar la amenaza de Rusia de colapsar la economía y la sociedad del continente, especialmente de los países más dependientes de su gas, cortando definitivamente el suministro después del verano como represalia al apoyo que la Union Europea y la OTAN están prestando al Gobierno de Ucrania.

Si alguien tenía dudas, Ursula von der Leyen las despejó todas este fin de semana. El plan de ahorro, explicó en una entrevista, es “un paso decisivo y sin precedentes para hacer frente a la amenaza de Putin de interrumpir por completo el suministro de gas. El compromiso colectivo de reducir el consumo de gas en un 15% es significativo y nos ayudará a cubrir nuestras necesidades de almacenamiento de cara al invierno. Tenemos que ser muy conscientes de las tácticas bélicas de Rusia. No es la primera vez que intenta dividirnos. Ha fracasado antes y volverá a fracasar. Hemos de permanecer unidos, porque los únicos responsables de esta crisis energética están en Moscú y no en cualquier otro lugar. Y puesto que Rusia ya ha cortado parcial o totalmente el suministro de gas a doce Estados miembros, tenemos que estar todos preparados para la peor situación”.

A este argumento es al que se agarra el Gobierno para denunciar la actitud de los presidentes autonómicos más beligerantes con el plan de ahorro, singularmente la madrileña Isabel Díaz Ayuso, y la de los partidos de la derecha. Especialmente después de que el PP haya enterrado en apenas unos días la posición que su líder, Alberto Núñez Feijóo, había fijado defendiendo un plan similar basado en la limitación de aires acondicionados y calefacciones y en una reducción del alumbrado público.

“Las declaraciones de algunos representantes políticos, que son antieuropeas, antisolidaridad y antiunidad, creo que no van en la dirección correcta y los ciudadanos no las entienden” porque “es el momento de arrimar el hombro y ser solidarios”, declaró este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo (La Sexta). Se trata de “tener una posición más fuerte frente a Putin y su chantaje energético” con medidas que, subrayó, son “mucho más ligeras, menos intrusivas y de menor impacto económico” que las que están aplicando o van a impulsar otros países europeos como Italia o Alemania. De hecho, mientras Europa se ha comprometido a ahorrar un 15% del consumo, España únicamente tendrá que hacerlo un 7%. 

Frente a las críticas, Calviño defendió las excepciones previstas en material laboral que adaptan a normativa a las necesidades específicas de los lugares de trabajo. “Allí donde se pueda, lo lógico es tener los termostatos con un mínimo de 19 grados y un máximo 27 grados, que son temperaturas cómodas en las que la inmensa mayoría de nosotros podemos trabajar”, explicó.

La política energética del Gobierno

Más allá del plan de ahorro que, de manera puntual, están poniendo en marcha los socios de la UE para prevenir un corte de gas ruso, el Gobierno defiende además su política energética, gracias a la cual, explicó también Calviño, España tiene diversificación de suministros y capacidad de almacenamiento, hasta el punto de estar en situación de convertirse “en una especie de centro logístico de distribución del gas para el resto de Europa”.

El Gobierno sostiene que las limitaciones al precio del gas y las ayudas a los sectores afectados por la subida de precios de la energía que ha puesto en marcha en estos meses están beneficiando la competitividad de la industria española. “El precio medio del mercado mayorista español está tres o cuatro veces por debajo del precio mayorista de Francia, Alemania o Italia”.

La política energética española no ha variado. Pasa por aprovechar los fondos europeos para acelerar la transición hacia las renovables, incluidas la solar, la eólica y el hidrógeno verde, y por abandonar cuando antes los combustibles fósiles, que no solamente son contaminantes, sino que resultan cada vez más caros. Y entretanto, diversificar el origen de lo que compramos, para depender cada vez menos de los vaivenes de la geopolítica. Todo ello sin cambiar de posición sobre las nucleares —las centrales que quedan en funcionamiento cerrarán progresivamente entre 2027 y 2035— ni sobre el carbón, que España prácticamente ya no usa para producir electricidad.

En este debate, y en el marco de su creciente ofensiva contra el Gobierno —hay elecciones municipales, autonómicas y generales en el año que viene— la derecha se ha desentendido de Bruselas y dispara al mismo tiempo contra el plan de ahorro y contra la política energética. Los considera parte de un mismo planteamiento aunque, en realidad, obedezcan a dos lógicas diferentes: hacer frente al chantaje de Putin y garantizar la transición hacia energías renovables y no dependientes. 

En materia energética, el PP pide nuevas rebajas fiscales y se opone al nuevo impuesto a las eléctricas. Su propuesta es reducir al 5% el IVA del gas, el suministro de calefacción y refrigeración urbana y el biogás, así como mantener todas las energías disponibles al máximo de su capacidad para disminuir los precios. Ese es, en realidad, el núcleo de la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para hacer frente a los precios de la energía: prolongar la vida de las centrales nucleares aún en funcionamiento en España y reabrir centrales térmicas quemando carbón. También apoya completar la penetración de energías renovables, impulsando el biogás y el hidrógeno, así como aprovechar los fondos europeos para mejora las interconexiones con Europa.

La segunda tiene viabilidad a corto plazo, porque la subida del precio del gas ha rebajado el umbral de rentabilidad de las centrales que quemaban carbón, si bien su viabilidad económica sigue en cuestión después de que Bruselas prohibiese la subvención de ese combustible, que además paga tasas de emisión de CO₂ porque es uno de los más contaminantes.

La primera, en cambio, tiene escaso recorrido a corto. De acuerdo con el calendario previsto, todas las centrales españolas en activo, que aún generan el 20% de la energía que usamos, seguirán funcionando hasta el 1 de noviembre de 2027, por lo que su situación difícilmente puede afectar a los precios actuales de la energía. 

El cierre de las nucleares

Las centrales, además, no pararán todas a la vez, lo harán escalonadamente. En 2027 cerrará Almaraz I. Almaraz II dejará de producir el 31 de octubre de 2028 y Ascó I se desconectará en 2029. A finales de 2030, si no hay cambios en el calendario, se habrá clausurado también Ascó II. Para el lustro siguiente, quedarían Cofrentes, Vandellós II, que pararán en 2033 y 2034, respectivamente. En 2035 está previsto el cierre de la central Trillo, poniendo así fin a la producción de energía nuclear en España. Es decir: el parón será paulatino, no comenzará hasta dentro de cinco años y no terminará hasta dentro de trece.

No obstante, en la defensa de la prolongación de estas centrales el PP cuenta con el apoyo de Vox y Cs. La ultraderecha incluso defiende la apertura de nuevas centrales nucleares, una idea que choca frontalmente con la transición energética prevista en Europa porque su puesta en marcha requeriría entre 10 y 20 años y para entonces Bruselas espera que las renovables sean el núcleo de la producción de energía en el continente. 

En cualquier caso, el PP optó este jueves por llevar el debate por otros derroteros. La número dos de Feijóo, Cuca Gamarra, salió en defensa de Ayuso desde una bodega en Jerez de la Frontera (Cádiz). Allí acusó a Pedro Sánchez de querer “imponer” un plan de ahorro energético sin diálogo y pedir “sacrificios” a la gente con el aire acondicionado o la calefacción, pero luego “subir al Falcon” y seguir manteniendo “22 ministerios y 800 asesores”. Es “una desfachatez”, dijo, pedir a los ciudadanos que bajen la calefacción, reduzcan el aire acondicionado y apaguen las luces (lo mismo que pedía Feijóo hace dos semanas) y, “a continuación, día tras día”, montarse “en el helicóptero o el Falcon derrochando combustible”.

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“Aquí el único egoísta es el que sigue gastando como si no pasara nada y sigue exigiendo sacrificios mientras él no hace ninguno. Eso es la definición de egoísmo por naturaleza y tiene un nombre en este país: Pedro Sánchez”, proclamó dando la réplica a las declaraciones en las que el presidente pidió a los partidos y a los presidentes autonómicos que huyeran de planteamientos “egoístas, insolidarios y unilaterales”. 

El PP no piensa aceptar de buen grado las medidas de ahorro, por más que tengan su origen en un pacto europeo —“esto responde a un compromiso que Europa nos exige”, admitió Gamarra en Jerez—, y exige a Sánchez una rectificación, también de su política energética, aunque hasta la Comisión Europea la haya puesto como modelo a seguir. “Está a tiempo de rectificar” y “consensuar un plan que a nadie gusta, que a todo el mundo disgusta y mantiene absolutamente alterado”. Las comunidades que gobiernan, con Ayuso a la cabeza, llevan días buscando la manera de impugnar el plan de ahorro en los tribunales para bloquearlo y no tener que aplicar las medidas previstas.

La número dos de Feijóo arremetió incluso contra la excepción ibérica que permite a España limitar el precio del gas para rebajar la factura eléctrica. Gamarra admitió que ha conseguido reducir un 15% los precios que pagan los consumidores, pero criticó que ese porcentaje no haya llegado al 40% que, según ella, había prometido el Gobierno. Y lo calificó de “bromita que nos está saliendo muy cara” porque, según sus datos, desde su entrada en vigor nos ha costado 200 millones de euros en energía entregada a Francia.