La Agencia Tributaria actúa "de oficio" en el caso del exfiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, tras desvelar infoLibre que desde 2012 es dueño del 25% de una empresa en Panamá. Este viernes, el Consejo de Ministros aprobó su cese "a petición propia", comunicado un día antes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Fuentes del departamento dependiente del Ministerio de Hacienda consultadas por este diario señalan que las investigaciones son "secretas" y que, por tanto, no pueden precisar si la actuación se ha iniciado ya o se iniciará en los próximos días, pero aseguraron que en todo caso el organismo "actúa de oficio" en el caso del ya exfiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix.
Mientras, este mismo viernes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, apuntaba que Moix tenía una "sociedad no opaca" que había heredado "de sus padres, declarada ante la Hacienda española y que tributaba todos sus impuestos". Además, recordó que el fiscal general del Estado "puso de manifiesto que él consideraba que no había ninguna censura profesional, legal ni en materia de incompatibilidades para el señor Moix".
Maza llegó a decir que no veía "ningún motivo" para su marcha, que había podido "constatar de manera absoluta" que no había existido en su comportamiento "ninguna irregularidad ni ilegalidad". Y que todo se hizo "con total transparencia, comunicación a Hacienda y pagando los correspondientes impuestos".
"Eludir 90.000 euros en impuestos"
El miércoles, un día antes de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunciara la dimisión "irrevocable" de Moix por "motivos personales", los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclamaron a la Agencia Tributaria la apertura de una investigación al por entonces todavía fiscal jefe Anticorrupción y a sus tres hermanos, copropietarios de la compañía panameña.
La finalidad, según Gestha, es verificar si realmente la sociedad familiar, Duchesse Financial Overseas, "es una empresa para eludir el pago de 90.000 euros en impuestos, según reconoció el propio fiscal".
Los técnicos de Hacienda apuntaron que la Ley del Mercado de Valores "determina que los hermanos Moix podrían haber actuado, salvo prueba de lo contrario, con supuesto ánimo de elusión del pago del impuesto correspondiente a la transmisión de bienes inmuebles cuando adquirieron el control de la sociedad panameña, cuyo activo está formado en al menos un 50% por inmuebles radicados en España, que no están afecto a actividades empresariales o profesionales".
Gestha ha demandado a Hacienda, además de la investigación, que informe "públicamente" si detectó "alguna irregularidad fiscal" en la familia Moix. En este sentido, reclama que precise "qué decisión se tomó al respecto tras la presentación de los modelos 720 de bienes y derechos en el extranjero en 2013". Y, especialmente, "tras la puesta en marcha en el primer semestre de 2016 de la nueva herramienta informática para el control de patrimonios y rentas" con la información del modelo 720.
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha estas actuaciones "de oficio" en dos de los casos más mediáticos de los últimos años. Ya cuando estalló el caso que afectaba al exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, a principios de 2015, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló que la "Agencia Tributaria actúa de oficio" cuando salta a la opinión pública un asunto de esas características. También fue así en el caso que se llevó por delante al exministros de Industria José Manuel Soria, en abril de 2016. Ese caso con el que tantas similitudes ven ahora en el PP y el Gobierno. Y que llevó a Montoro a señalar que "nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno".
"Obviamente la Agencia Tributaria actúa de oficio en relación con las informaciones que van apareciendo", sostuvo el titular de Hacienda en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Una reacción plagada de mentiras
A última hora del lunes, infoLibre desveló que "el fiscal Moix es desde 2012 dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España".
La compañía, Duchesse Financial Overseas, fue constituida en Panamá el 4 de enero de 1988 y ,un mes y medio más tarde, el 24 de febrero de 1988, adquirió un chalé en Collado Villalba. Se trata de una vivienda de tres plantas, que tiene 6 dormitorios, 5 baños, dos salones, una bodega de 60 metros cuadrados y una piscina cubierta independiente. Está rodeada por una parcela de 4.629 metros cuadrados y se encuentra situada en una urbanización cerrada con vistas a la sierra de Guadarrama.
El chalé pertenecía hasta entonces a la sociedad de gananciales de los padres del fiscal: Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. El matrimonio también controlaba la empresa de Panamá. El objeto de la operación fue, por tanto, ocultar quiénes eran los verdaderos dueños del inmueble.
En el acto de compra del chalé, la empresa panameña estuvo representada por la hermana mayor del fiscal: Margarita Moix. Abogada, había sido apoderada por Duchesse Financial Overseas pocos días antes, el 25 de enero de 1988, ante un notario panameño.
El fiscal Anticorrupción y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) heredaron el control de la empresa panameña y de su propiedad en España en dos fases: en octubre de 2008, cuando falleció su madre, y en diciembre de 2011, cuando murió su padre. Es estos cinco años y medio, Moix evitó poner a su nombre el inmueble y mantuvo camuflada la propiedad bajo el paraguas societario de la empresa panameña.
Tras versiones contradictorias y excusas falsas, Moix dimitió en la mañana del jueves. Así lo trasladó a los medios de comunicación el fiscal general del Estado, Manuel Maza en una comparecencia en la que no admitió preguntas. Los días previos se aferró al cargo hasta que se dio cuenta de que ya no contaba ni con el apoyo del Gobierno y ni el de las asociaciones de fiscales. Ni siquiera la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, la que le respaldó cuando accedió al cargo.
Moix nunca atendió a este medio, pese a las reiteradas peticiones de información. Pero, además de ofrecer su versión con datos falsos de la noticia a El Español cuando supo que infoLibre iba a publicarla, defendió en varias entrevistas tres argumentos: que la compañía Duchesse Financial Overseas estaba "inactiva", que no había podido disolverla por "motivos económicos" ya que los "gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos" de sus hermanos y que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008 o en 2011 [dio dos versiones diferentes]. Ninguna de estas tres afirmaciones se correspondía con la realidad.
Por un lado, Duchesse Financial Overseas fue inscrita en el Registro Mercantil de Panamá el 4 de enero de 1988 y, desde entonces, ha estado activa. Por otro, al contario de lo que sostuvo, mantener abierta una sociedad en Panamá cuesta entre 450 y 900 euros al año, dependiendo de si se contratan administradores fiduciarios, mientras que cerrarla cuesta entre 400 y 500 euros.
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Proceso judicial por alzamiento de bienes
Además, Manuel Moix aseguró a El Español que él y sus hermanos "conocieron la existencia de Duchesse Financial Overseas" cuando murió su madre en 2008. En declaraciones posteriores afirmó que fue en 2011, cuando falleció el padre. Pero escrituras públicas firmadas ante un notario de Panamá y otro de Madrid, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, también desmienten esta versión.
En las fechas de las que Moix habló, hacía décadas que conocía la existencia de la empresa en Panamá. En este sentido, este miércoles, este medio publicó unas declaraciones exclusivas del abogado que pleiteó en nombre de la constructora Tereco contra la familia Moix por impago de deudas y alzamiento de bienes. "El fiscal Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes", relató el letrado José Román Marín de la Bárcena. La declaración tuvo lugar en el año 2000.
La Agencia Tributaria actúa "de oficio" en el caso del exfiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, tras desvelar infoLibre que desde 2012 es dueño del 25% de una empresa en Panamá. Este viernes, el Consejo de Ministros aprobó su cese "a petición propia", comunicado un día antes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.