La agenda de Granados y los registros ponen al juez de 'Púnica' tras la pista de siete empresas más por la financiación del PP

La misteriosa agenda negra que la Guardia Civil encontró en la misma casa a la que Francisco Granados regresó el 14 de junio tras salir de la cárcel bajo fianza ha proporcionado nuevos hilos sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño. El juez Manuel García Castellón, sucesor de Eloy Velasco al frente del caso Púnica, acaba de ordenar a Hacienda que facilite a la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) las declaraciones anuales de pagos y cobros de siete empresas de publicidad sobre las que hasta ahora no habían puesto el foco los investigadores. 

Dos de las siete mercantiles, vinculadas al mismo empresario, figuran en las anotaciones de la moleskine negra que Granados guardaba en la buhardilla de su domicilio: Ruiz Nicoli y Storm. La primera, nombre señero en el sector, encabeza en la agenda un listado bajo el epígrafe "Empresas de comunicación"; la segunda figura en la misma página bajo el título "Campaña política de Internet". El juez García Castellón considera que ambas destacan "sobre todas" las demás de la lista de firmas publicitarias.

Dos de ellas recibieron del ya extinguido Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) uno de los organismos del Gobierno de Madrid bajo sospecha, tres contratos por 6,25 millones entre 2006 y 2009. El primero de esos contratos, por 1,25 millones, se adjudicó el mismo día y en el mismo lote que el del expediente de Over Marketing cuya desaparición íntegra comunicó el Ejecutivo a la UCO hace cuatro meses. Se acerca así ya a los 30 millones de euros la suma de los contratos adjudicados por administraciones madrileñas a firmas de comunicación y publicidad investigadas en Púnica o en la Operación Lezo por la presunta financiación irregular del PP madrileño durante la etapa de Aguirre.

Este diario intentó, sin éxito, localizar el viernes por la tarde a algún portavoz corporativo de Ruiz Nicoli. De las otras cinco compañías cuyos datos reclama el juez, al menos cuatro –Nova Publicidad y Marketing SA, Sineusis, Más Madera Interactive SA y Líneas de Comunicación Integral SA– se encuentran igualmente vinculadas a ese grupo. La última de la lista es Mediaworld Sponsor y Soportes SL. Y, como mínimo, ha compartido dos directivos con las anteriores.

Aunque infoLibre tampoco ha logrado localizar a nadie de Mediaworld, documentos aportados a la UCO por un testigo que trabajaba en el Imade, organismo público de la Comunidad de Madrid que Esperanza Aguirre liquidó de un plumazo en diciembre de 2010 y cuyo elevadísimo gasto en "publicidad institucional" se investiga dentro del caso, indican la existencia de un nexo con otra mercantil conocida por los investigadores: Swat SL.

Porque esos documentos –en resumen, un esquema de trabajo utilizado por el testigo– incluyen una nota según la cual parte del equipo humano de Mediaworld procedía de Swat, cuyo propietario consta entre los investigados de la Operación Lezo. Cabeza de un holding societario de facto ya desaparecido, Over Marketing es la empresa cuyo dueño confesó en 2012 al juez José Castro que había recibido contratos amañados del PP en Baleares pero también en Madrid y otras comunidades gobernadas por ese partido. La confesión fue más allá: el empresario admitió que no siempre le cobraba al PP todo lo que en realidad costaban los trabajos que sus cuatro mercantiles desarrollaban para la formación conservadora. Y que llegó a hacerle actos gratis.

Lo que las pesquisas policiales dibujan tanto en Púnica como en lo que ya se conoce de Lezo y que afecta al mandato de Ignacio González es una línea de puntos jalonada por varios grupos de publicidad interconectados entre sí. Algunas firmas, como las define la Guardia Civil en uno de sus informes, eran solo "factureras". De hecho, las distintas declaraciones de cobros y pagos ("operaciones con terceros", en el argot tributario) revelan una constante facturación cruzada entre ellas.

Junto con la agenda de Granados, lo que afianzó la sospecha de que el círculo de compañías involucradas en la supuesta red de financiación paralela podía ser aún mayor fueron los registros a una segunda vivienda: la del publicista Óscar Sánchez, el que en noviembre de 2010 le preguntó por whatsapp al entonces gerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez, si el cántaro tenía agua; o sea, dinero. La entrada de la UCO en su domicilio y en las empresas de consultoría y publicidad bajo su control se saldaron con el hallazgo de nuevos documentos concernientes a las siete empresas que el juez suma ahora a la investigación.

Es en un auto fechado el jueves donde el juez García Castellón hace un somero relato de las razones por las que la UCO requiere las llamadas declaraciones anuales de operaciones con terceros –pagos y cobros superiores en su conjunto a 3.000 euros anuales y con origen o destino en el mismo contribuyente–, especifica que la diligencia se inscribe en la investigación sobre las cuentas del PP madrileño y detalla la citada lista de empresas.

Un contrato para decir a quién había que contratar

La relación comercial de las empresas ahora investigadas con el Imade se entrelaza con la de Over Marketing. Y comenzó así: el 11 de octubre de 2006, Over Marketing obtuvo del Imade la adjudicación de un contrato de dos millones de euros para diseñar, planificar y producir una campaña de publicidad sobre "la importancia de los autónomos": ese es, según la respuesta oficial aportada a la UCO, el expediente del que la Comunidad de Madrid "no dispone físicamente". Aquel mismo 11 de octubre de 2006, Ruiz Nicoli Líneas SA se alzó con una segunda adjudicación del Imade por 1.250.000 euros para diseñar, planificar y producir una campaña sobre "la importancia de la innovación tecnológica". Ninguno de los dos contratos preveía la inserción de anuncios en medios de comunicación, el apartado que más encarece un plan de difusión.

Dos meses antes, el 10 de agosto de 2006, Swat SL había logrado nada menos que un contrato de 1.372.668 euros cuyo objetivo consistía en asesorar al Imade sobre a qué empresas de publicidad debía contratar. La denominación oficial del expediente era esta: "Contratación de los trabajos de consultoría y asistencia para la promoción, coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación institucional del Instituto Madrileño de Desarrollo".

El guardia civil niega el chivatazo a Granados: "Yo no le comenté que le estaban siguiendo"

Ver más

La experiencia del contrato para asesorar sobre a quién contratar se instaló en el Gobierno madrileño. Y el 20 de abril de 2009, Mediaworld se alzó con una adjudicación de un millón de euros para hacer lo mismo que, oficialmente, había hecho antes Swat.

En 2010, una investigación periodística destapó que, en 2006, Swat había inclinado la balanza hacia el platillo de Over Marketing en cuanto a la campaña sobre "la importancia de los autónomos". Y que de esa campaña no había el menor rastro. Este diario no ha logrado localizar en la web de la Comunidad de Madrid el pliego de condiciones del contrato adjudicado a Swat. Ignora, por tanto, si su dictamen también resultó crucial para otorgar a Ruiz Nicoli la campaña sobre "la importancia de la innovación tecnológica".

Casi dos años después de aquellas adjudicaciones de octubre de 2006, Ruiz Nicoli Líneas SA consiguió un segundo contrato del Imade. Esta vez el encargo tenía por fin lanzar una campaña publicitaria sobre la "Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid". Y ahora incluía la inserción de anuncios en medios. El importe, cuatro millones para promocionar esa "Red de Parques y Clusters" de cuya paternidad se vanagloriaba entonces el Gobierno regional pero que, por razones nunca explicadas, se había constituido como una asociación privada sin obligación de presentar cuentas anuales en ningún registro. Esa red es la actual Madrid Network, gestora de un macropréstamo público de 80 millones de euros del que se han beneficiado solo los afiliados a esa asociación: entre ellos, antiguos cargos públicos. Madrid Network también acabó gestionando otros tres convenios con el Ejecutivo autonómico por 18,5 millones en total para la concesión de otras tantas líneas de ayudas directas a la innovación.