Aguirre, en manos de Bárcenas: el extesorero también se ofrece a aportar información sobre la caja B del PP de Madrid

No sólo los antiguos dirigentes del PP nacional pueden temer lo que pueda decir Luis Bárcenas ante el juez que instruye la causa sobre la financiación ilegal del partido mediante donaciones de empresarios amigos. El PP de Madrid tiene su propia investigación abierta también por la supuesta existencia de una caja B en el marco del caso Púnica, unas diligencias en las que está imputada la expresidenta regional Esperanza Aguirre, a quien el juez y las fiscales anticorrupción sitúan como la supervisora de esa contabilidad opaca que le habría servido para financiar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.

En el escrito que remitió Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción el pasado martes, el extesorero expresaba su "voluntad" de prestar declaración no sólo en la pieza sobre el presunto pago de comisiones a cambio de contratos de obra pública que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5, sino también en la pieza 9 de Púnica sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid que lleva el Juzgado Central 6. Parte de la excúpula del partido madrileño está imputada en este procedimiento: aparte de la ya mencionada Aguirre, lo están los que fueron sus manos derechas en la formación y en la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Francisco Granados, aparte del que fuera gerente de la formación política regional Beltrán Gutiérrez.

Gutiérrez, que ya fue condenado por las tarjetas black, siempre ha negado que el PP de Madrid hubiese tenido una financiación opaca. Fue nombrado gerente por la dirección nacional, en concreto por Luis Bárcenas, según lo declarado por Aguirre. Ahí es dónde podría estar la clave de la declaración de Bárcenas, en la relación entre las tesorerías del partido nacional y madrileño y el conocimiento que podía tener el extesorero de las cuentas de la formación que lideraba la expresidenta.

La investigación se inició en 2014 tras el hallazgo de una agenda del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el cabecilla de la trama Púnica, en la que pueden leerse unassiglas junto a determinadas cantidades de dinero. Se investiga si estas letras pertenecen apresuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.

Señalada por la estrategia para buscar financiación

Tras varios años de indagaciones, la imputación de Aguirre llegó en septiembre de 2019 con un duro auto en el que el magistrado Manuel García Castellón la señalaba como la persona que "ideó la búsqueda de recursosque financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad", apuntaba la resolución.

La "estrategia", según la imputación, era "obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros".

Aguirre negó la mayor ante el juez. Según dijo, nunca se dedicó a labores de "gestión" o "administración" de las cuentas del PP madrileño y sus funciones en el partido eran meramente "políticas". De las cuentas, explicó, se ocupaba Gutiérrez, pero subrayó que no cree que utilizara una caja B para financiar a la formación con fondos públicos, aunque luego reconoció que no despachaba con él y que sólo le conocía de saludarle por el pasillo en la sede de PP en la calle Génova. Según "creía", Gutiérrez rendía cuentas a la "dirección nacional" del PP.

La instrucción de la pieza 9 continuó con citaciones de otros imputados y también de testigos, pero ninguno señaló directamente a Esperanza Aguirre hasta que el pasado verano llegaron los defendidos por el que ahora también es abogado de Bárcenas: la administradora de empresas del líder de Gürtel, Isabel Jordán; y los exalcaldes de los municipios madrileños de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega y Arturo González Panero, respectivamente. Los dos primeros ya están condenados por el caso Gürtel; el segundo está a la espera de juicio también en el marco de esta macrocausa de corrupción.

Por un lado, Ortega afirmó ante el juez García Castellón que Aguirre estaba más que al tanto de la financiación irregular del PP de Madrid, puesto que, según su versión, era ella la que llamaba a los empresarios donantes para agradecerles su "colaboración" con el partido. Asimismo, aseguró que vio cómo el extesorero Álvaro Lapuerta –ya fallecido– entregó a la expresidenta un sobre con 60.000 euros de una constructora. 

Isabel Jordán ratificó las manifestaciones que ya había hecho en un escrito ante Anticorrupción apuntando al conocimiento por parte de Aguirre de las contrataciones con la empresa de eventos del empresario Daniel Horacio Mercado, Over Marketing. Según dijo, está convencida de que la exlíder del PP madrileño estaba al tanto de ello porque la vio hablar sobre este asunto. 

Por último, González Panero, apodado el Albondiguilla, declaró que la expresidenta le pidió en varias ocasiones "de forma directa o indirecta" que adjudicara contratos a empresas que financiaban al PP madrileño y que ella "era la persona que controlaba, conocía y que daba todas las órdenes de todo lo que se hacía en el partido".

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La estrategia que han seguido estos tres implicados en el caso Gürtel coincide con la que ahora ha iniciado Bárcenas con el abogado que todos ellos comparten: "voluntad" de colaboración con el esclarecimiento de las investigaciones abiertas. Sin embargo, fuentes de Anticorrupción consultadas por infoLibre se muestran escépticas ante las intenciones del extesorero y prefieren esperar a ver qué tiene que decir para hacer una valoración. La credibilidad de Bárcenas es, para la Fiscalía, más bien baja, pues se trata de un condenado en firme a 29 años de prisión en un procedimiento, el de la primera época de Gürtel, en el que no prestó colaboración.

Según las citadas fuentes, el escrito presentado por el extesorero del PP puede tener consecuencias políticas, pero penales, de momento, ninguna. Anticorrupción ya ha solicitado al juez que instruye la caja B del PP nacional, Santiago Pedraz, la citación de Bárcenas, pero desde el Ministerio Público advierten de que sus afirmaciones deberán ir acompañadas de algún soporte documental o apuntar a otros testimonios que puedan confirmar su versión para poder darle algún tipo de credibilidad. Dado que en esa pieza se trata de determinar si las donaciones anotadas en la contabilidad opaca tenían como objetivo finalista obtener adjudicaciones públicas, desde Fiscalía dudan que aporte nada nuevo, ya que no le ven autoinculpándose de un delito de cohecho.

Tal y como recuerdan estas fuentes, no toda confesión tardía supone una atenuante analógica. La jurisprudencia suele exigir que esta confesión tardía suponga una colaboración útil, esto es, que permita probar hechos que no se hubieran podido probar sin ella.