Begoña Gómez espera a que la Audiencia ponga orden mientras los ultras buscan enredar aún más el caso
La expectación en Plaza de Castilla era máxima. Sobre todo, tras un primer intento que tuvo que suspenderse porque nadie había dado traslado a la investigada de una segunda querella en su contra. Pero la nueva visita de Begoña Gómez al Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado, apenas ha durado unos minutos. La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido a su derecho a no declarar en la causa que se sigue contra ella por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. No porque, como ha dicho su abogado, "tenga nada que esconder", sino porque sigue sin entender a día de hoy cuál es el objeto de una investigación que poco a poco se ha ido vaciando.
La clave para la defensa de Gómez, que ejerce el exministro Antonio Camacho, está en el auto que Peinado dictó a comienzos de julio. La resolución, emitida tras varios escritos de su abogado solicitando que se aclarasen qué hechos se encontraban bajo la lupa, recogía que lo que se investigaba eran "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno, que se contienen en la denuncia inicial". Presentada por Manos Limpias, esa querella, construida sobre titulares de prensa, giraba alrededor de tres grandes asuntos: una serie de contratos adjudicados a Innova Next –firma del empresario Juan Carlos Barrabés–, el rescate en pandemia de Air Europa y otras informaciones que resultaron ser falsas.
De esos tres bloques, los dos últimos fueron rechazados por la Audiencia de Madrid. Uno, por "inverosímil" y el otro, el relativo a la compañía aérea, por considerar que la influencia de Gómez en el rescate era "una simple conjetura". Los magistrados, por tanto, solo vieron indicios en la parte relativa a las adjudicaciones. En dos de las licitaciones, la UTE en la que participaba Barrabés se presentó con una carta de recomendación de la mujer de Sánchez, que entonces ejercía como directora de una cátedra en la Complutense. El problema es que ese par de expedientes de contratación –el 016/20-ED y el 014/20-ED– ya no forman parte de la causa que instruye Peinado. La investigación de los mismos la asumió la Fiscalía Europea al poder verse comprometidos fondos comunitarios.
De ahí que este viernes, ante unos juzgados blindados por motivos de seguridad, el letrado de Gómez haya insistido en que "carece de objeto alguno" el procedimiento que Peinado continúa contra su representada. Una causa en la que, además, constan ya hasta dos informes de la Guardia Civil descartando irregularidad alguna. El último, fechado pocas horas antes de la primera visita de la investigada al juzgado, insistía en que la tramitación de los contratos analizados "se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública". "No llegamos a entender qué guía al juez instructor en esta investigación expansiva y en donde las garantías, desgraciadamente, no están lo protegidas que deben estar", ha lamentado Camacho.
"¿Y ahora qué, volveremos a los juzgados?", ha lanzado una periodista. "Espero que no", ha concluido el abogado. Con el capítulo de la declaración ya cerrado –lo que no quita que en un futuro se pueda retomar si la causa continúa–, la defensa de Gómez queda a la espera de ver si la Audiencia de Madrid decide poner orden. La pasada semana, su abogado presentó un recurso ante esta instancia superior solicitando el archivo de lo que calificaba como una "investigación universal". En su escrito, sostiene que se está intentando indagar "más allá" de los límites que este órgano fijó hace mes y medio sin que se hayan aportado "elementos probatorio" que pueda servir para indagar "en los ámbitos que investiga en este momento".
Una "deriva procesal" criticada también por la Fiscalía, que desde el principio rechazó la apertura de la investigación contra Gómez. Ahí está, por ejemplo, la decisión del instructor de pedir a la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) los "expedientes completos" y toda la información sobre el rescate a Air Europa, pese a que la Audiencia de Madrid despreció la parte relativa a este asunto que se recogía en la querella inicial. De ahí que haya interpuesto también un recurso ante los superiores de Peinado pidiendo que se "delimite" la "causa general" que se está llevando a cabo. En él, el Ministerio Público critica que el magistrado se agarre a una nueva querella de HazteOír para vender como "nuevos hechos" los que ya había considerado anteriormente como "mismos hechos".
Las acusaciones buscan ampliar la causa
Las acusaciones populares vinculadas a la ultraderecha, mientras tanto, buscan seguir ampliando la causa. El líder de Manos Limpias, Miguel Bernard, ha anunciado este viernes su intención de intentar introducir un nuevo delito en el procedimiento: el de intrusismo profesional. "Ayer por la noche llegó una documentación a los servicios jurídicos donde firma de su puño y letra el pliego de prescripciones técnicas de un contrato para las pymes", ha lanzado antes de mostrar el documento a las cámaras y decir, sin dar más explicaciones, que Gómez no tiene "título ni capacidad" para firmar ese documento. Algo que bebe de una queja de hace mes y medio, recogida en medios conservadores, del decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.
Peinado, además, tiene sobre la mesa desde comienzos de julio un informe de la Universidad Complutense de Madrid en la que el centro le relata una serie de hechos relacionados en relación con una supuesta "apropiación indebida" de un software que fue elaborado para la cátedra que dirigía Gómez. Tras una investigación interna, el centro no ha sido capaz de "alcanzar una conclusión definitiva" sobre la existencia, o no, de "perjuicio sobre su patrimonio". Principalmente, ha dicho, por la "falta de colaboración" de "determinados intervinientes". Sin embargo, pone ese material en manos de Peinado. Y le pide que si considera que hay "indicios conducentes" a considerar que ha habido un perjuicio patrimonial, que ofrezca a la Complutense intervenir como perjudicada.
La defensa de Gómez, en este sentido, ha calificado de "sorprendente" el escrito y ha asegurado que la universidad estaba al tanto de las gestiones de su representada. De hecho, hay correos en los que el centro indica cómo registrar el dominio para desarrollar la plataforma tecnológica, algo que la Complutense no refleja en su documento. Un día después de que ese informe fuese remitido al juzgado, la mujer de Sánchez acudió, según ha publicado El País, a una reunión de la comisión mixta de seguimiento de la cátedra que dirige con la documentación correspondiente a la memoria de actividades y económica de 2023 de la misma. Sin embargo, el vicerrector de la Complutense, José María Coello de Portugal, se negó a aprobarlas alegando que había un procedimiento judicial en curso.
Los requisitos se cumplían
El abogado de Gómez había pedido la suspensión de las dos testificales programadas para después de la de su defendida: la del propio Coello de Portugal y la de su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio. Lo hacía alegando que en la denuncia inicial de Manos Limpias no se hacía referencia alguna ni a la Complutense ni a "ningún hecho indiciariamente constitutivo de delito cometido en su seno". Pero, finalmente, se han llevado a cabo. En las mismas se han rechazado por "impertinentes", según fuentes jurídicas, varias preguntas de Vox por referirse a facturas que no se encuentran en estos momentos bajo sospecha –hay que recordar que junto a su informe la Complutense aportó varias facturas–.
Ninguno de los dos testigos, según la defensa de Gómez, han mencionado irregularidad alguna en relación con la creación de la cátedra extraordinaria codirigida por su representada. Doadrio ha explicado que el rector se puso en contacto con él para la puesta en marcha de la misma. Y que dio el visto bueno porque los requisitos se cumplían. En la misma línea se pronunció el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, quien dijo que se fichó a Gómez por su "experiencia personal". Por el momento, ningún testigo ha dicho nada comprometedor para la mujer del presidente del Gobierno. Tampoco Barrabés, que aseguró que solo se vio una vez a solas con Pedro Sánchez y en el marco de una ronda de conversaciones con empresarios del sector de la innovación.
Hacia el líder del Ejecutivo ha apuntado ya la ultraderecha. "Si su mujer no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa", ha lanzado este viernes el coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé. No obstante, irá solo si quiere. El artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "estarán exentos de concurrir al llamamiento del juez", entre otros, "el presidente y los demás miembros del Gobierno". En este sentido, la norma establece que pueden informar sobre los hechos de los que hayan podido tener conocimiento por razón de su cargo "por escrito". Y si se trata de cuestiones externas al mismo, la declaración podrá tomarse "en su domicilio o despacho oficial".
