Dos alcaldes y un diputado del PP son denunciados por incumplir la ley de Memoria Histórica

Pese a los intentos de la Ley de la Memoria Histórica por reparar el daño y cicatrizar las heridas abiertas, el peso del franquismo se mantiene vivo a través de los muchos vestigios que permanecen en los espacios públicos y los discursos de quienes lo sustentan. El letrado Eduardo Ranz lleva desde el año 2012 dedicándose a la lucha contra los restos que la dictadura ha dejado en el país. El último paso, apunta directamente a dos municipios cuyos nombres son lo bastante reveladores: Guadiana del Caudillo y Alberche del Caudillo.

Las denuncias, registradas el sábado 31 de diciembre, están dirigidas al alcalde y alcaldesa de ambas localidades, y al secretario provincial del PP de Badajoz y diputado de la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio Morales. Los motivos argumentados por el abogado indican un posible delito de sedición que atenta directamente contra la Ley de la Memoria Histórica.

El alcalde de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, y la alcaldesa de Alberche del Caudillo, Ana Rivelles, están acusados de incumplir la ley puesta en marcha hace diez años. En el caso de Pozo, el pasado 13 de diciembre el Ayuntamiento fue obligado judicialmente a realizar un catálogo de vestigios en el plazo de diez días, mientras que contra Rivelles pesa un recurso contencioso-administrativo, admitido a trámite el 2 de mayo del pasado año, por incumplimiento de la ley. La misma Rivelles fue denunciada el pasado 28 de diciembre por el Foro de la Memoria, que solicitó entonces una investigación sobre la asistencia de la regidora a la cena de la Fundación Nacional Francisco Franco en Madrid, celebrada el 2 de diciembre en homenaje al dictador.

Eduardo Ranz incide, asimismo, en los discursos de ambos mandatarios en defensa del franquismo. Concretamente, Antonio Pozo aseguró durante la cena de la fundación que mientras él "respire y sea alcalde" nadie borrará la historia de su pueblo, por lo que conservará su denominación aunque incumpla la Ley de Memoria Histórica. Ya en agosto, Pozo acusó a Ranz de haber creado "enfrentamientos otra vez entre vecinos. Es lo que está creando. Y no tendrían que haberlo consentido, que por una persona como esta haya enfrentamientos, como ha pasado en Guadiana del Caudillo, donde hace poco rompieron la placa de inauguración del ayuntamiento... Más otras cosas que pueden pasar".

Durante la celebración de la gala franquista, que fue acogida por el hotel Novotel Madrid Center, la alcaldesa Ana Rivelles también pronunció unas palabras que el letrado memoralista condena. La regidora prometió defender la historia y la obra de Franco y resaltó su figura, asegurando que "fue, sin duda, el mejor Jefe de Estado Español del siglo XX y uno de los mejores de la historia de nuestra patria".

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En cuanto al diputado conservador Juan Antonio Morales, el abogado denuncia el ensalzamiento al dictador que emprendió Morales durante la cena de la Fundación Francisco Franco, en la que sostuvo que que "hay una lucha política permanente que mantengo contra el Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz y el Partido Socialista" por su "afán de borrar cualquier vestigio del franquismo".

A juicio de Ranz, "tanto las palabras de los políticos del PP asistentes a la cena, como la existencia de la Fundación Nacional Francisco Franco son inapropiadas, además de una falta contra el orden público cimentado por tantas personas que lucharon por recuperar la democracia en España, y más cuando los cargos públicos representan al pueblo en base a un sistema democrático", censuró el letrado en declaraciones a infoLibre.

Según entiende el abogado, los cargos son responsables de no haber tomado las medidas oportunas para la retirada de objetos o menciones conmemorativas de exaltación de los hechos históricos a los que se refiere la Ley de Memoria Histórica, y de la no elaboración del catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura, incumpliendo de esta forma la ley vigente. La consecuencia de ello, a juicio de Ranz, apunta a un posible delito de sedición, que en base al artículo 544 del Código Penal establece que son "reos los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir (...) la aplicación de las leyes" o el cumplimiento de las funciones públicas, acuerdos o resoluciones judiciales. A su vez, el artículo 545 señala como objeto de sedición a todo aquel que "hubiere inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como". El delito será castigado con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Por ello, Ranz reclama la "inmediata entrada en prisión" de las personas denunciadas.