Alcorcón recurrirá la sentencia que avala que el Gobierno de Ayuso no medicalizase las residencias
El Ayuntamiento de Alcorcón llevará hasta el final en los tribunales la batalla contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por la gestión que hizo de los geriátricos en pandemia. El consistorio de la ciudad recurrirá ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que acaba de avalar que la administración autonómica no medicalizase durante la primera ola cuatro centros de la localidad. El equipo local está convencido de la "clara inactividad" del Gobierno autonómico a la hora de dar cumplimiento a lo establecido en las diferentes órdenes emitidas entonces sobre la atención sanitaria en esos centros. Una postura que, además, comparten dos de las magistradas del tribunal sentenciador, lo que ofrece al ayuntamiento más munición a la hora de recurrir a instancias superiores. "Estamos seguros de que lo vamos a ganar", resaltan.
A comienzos de julio, el TSJM resolvió el recurso que el consistorio interpuso por la vía contencioso-administrativa contra la "inactividad" de la Consejería de Sanidad a la hora de adoptar medidas que garantizasen la protección de la salud en cuatro de los centros de la localidad. Y lo hizo a favor del Ejecutivo regional. La sentencia, revelada por infoLibre, apuntaba que el marco normativo y las diferentes órdenes emitidas entonces por las autoridades no establecían "una prestación concreta y determinada en favor de personas concretas", sino que establecían "líneas de actuación con carácter general", incorporando "determinadas posibilidades o poderes de intervención y adopción de ciertas medidas" pero "siempre" atendiendo a "principios" de "necesidad", "apreciación discrecional" y "proporcionalidad".
La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, se siente "contrariada" por el fallo, con el que discrepa "absolutamente". En conversación telefónica con este diario, la regidora resalta la "incoherencia" que a su juicio supone que el tribunal diga ahora que la aplicación de las medidas contenidas en las órdenes era "discrecional" cuando hace solo dos años, en plena primera ola, la misma Sección Octava del TSJM obligó al Ejecutivo regional, a petición del consistorio, a dotar a todos esos geriátricos de los medios material y el personal médico necesario. "[La protección de la salud] debe considerarse aquí y ahora con una mayor intensidad, si cabe, en su necesaria salvaguarda", resaltaron entonces en su auto.
Un TSJ dividido avala que el Gobierno de Ayuso no medicalizase residencias de mayores en la pandemia
Ver más
"No tiene ningún sentido decir que las órdenes eran discrecionales, una mera opción", asevera De Andrés, que resalta que "cuando se habla de salvar vidas nada es opcional". "Es una obligación, también ética y moralmente", apunta la alcaldesa. Por todo ello, confirma que el consistorio interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo. Y se muestra convencida de que la justicia les va a terminar dando la razón. "Lo vamos a ganar", dice la regidora, quien cree que de lo sucedido se desprende una "clara inactividad" por parte de la administración autonómica. Una postura que, además, se ve reforzada por el hecho de que dos de los cinco miembros que integran el tribunal considerasen que el caso analizado debería haber acabado con una sentencia en contra de la Comunidad de Madrid.
El voto particular, en concreto, llegó de la mano de las magistradas Dolores Galindo y María del Pilar García, quienes consideran que las órdenes analizadas obligaban al Ejecutivo regional "a una prestación material debida, concreta y determinada" en favor de los residentes y trabajadores consistente en modificar los geriátricos para "darles un uso hospitalario". En definitiva, que la denominada medicalización de las residencias se contemplaba "como una actuación prestacional" a la que quedaba obligada la Consejería de Sanidad en un momento en el que, recuerdan en otra de las partes de su escrito, existía una "imposibilidad" de "derivar a los enfermos por el patógeno a centros hospitalarios".
Un voto particular "sensato en cuanto a argumentos" que, resalta la alcaldesa, deja claro que el Ejecutivo de Ayuso no hizo "lo que tenía que hacer para salvar vidas" y que ofrece al consistorio más "argumentos" sobre los que apoyarse de cara a la próxima batalla judicial que se librará en el Supremo.
